Un viejo dirigente, que supo conducir ministerios en el Poder Ejecutivo, solía decir que, para ganar una elección, el oficialismo debía montar una campaña proselitista que asegure al gobernante de turno un ritmo permanente de inauguración de obras, de tal manera que el electorado observe que se hace más de lo que se dice. Lo que sí se guardó como un secreto, bajo siete llaves, es el costo de ejecutar semejante plan político. Sin embargo, las estimaciones estuvieron y están al orden del día. Algunos mencionan que para hacer proselitismo austero, se requiere el equivalente al 2% de un presupuesto; otros, en cambio, apuntaban a que el equivalente al 5% del total de gastos de la provincia garantizaba el triunfo. Claro que si se actualizan los montos, hoy implicaría una erogación de entre $ 4.000 millones y $ 10.000 millones, tomando como referencia el Presupuesto 2021. Demasiado dinero para hacer campaña en medio de una pandemia que todavía no encuentra la luz al final del túnel, porque, en el mercado aún no hay vacunas contra la covid-19. Gran parte de aquella “inversión electoral” estaba dada en las obras que los gobernantes suelen inaugurar en tiempos de elecciones.
Y 2021 no será la excepción a la regla. Juan Manzur está entre la radicalización del discurso o el pragmatismo de sus decisiones para coparticipar anuncios junto con el sector privado. Durante su primera gestión, el gobernador tucumano había mostrado ese rol, cercano a los que invierten en territorio provincial y más alejado de las cuestiones que dividen, como la grieta política. La pandemia del coronavirus encontró al mandatario provincial más atento a las cuestiones vinculadas con la política nacional que a la gestión doméstica. Manzur fue a golpear todas las puertas posibles con varios proyectos en brazo, con el fin de apuntalar una administración que, hasta ahora, no ha encontrado una obra con que se la vaya a recordar en el futuro. Incluso hoy irá nuevamente a la Casa Rosada a recordar que están pendientes de aprobación algunas de las iniciativas que requieren financiamiento de organismos internacionales de crédito. Mientras tanto, el vicegobernador Osvaldo Jaldo sigue tejiendo alianzas con la dirigencia del PJ y de los aliados, pensando en los comicios de medio turno.
Esta será una semana de viajes. El viernes, Manzur y los otros nueve gobernadores que integran el Norte Grande se reunirán en el aeropuerto de Resistencia (Chaco) en una cumbre que encabezarán el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández y el anfitrión Jorge Capitanich, con el fin de avanzar en acuerdos para esta parte del país que signifiquen una salida más rápida de la crisis para una zona que, históricamente, estuvo postergada y que, más allá de las prometidas reparaciones, no encuentra el camino para achicar las desigualdades que existen con otros distritos centrales de Argentina.
A Manzur no le conviene radicalizar su discurso. Todos los que ha pronunciado en público, hasta ahora, tuvieron como eje lo que él denomina el oscurantismo macrista, en el que Tucumán fue relegada respecto de otras provincias. Por las dudas, el legislador radical José Ascárate le recordó al Poder Ejecutivo, días pasados, que el presupuesto es un dibujo en materia de financiamiento de obras públicas porque el Ministerio de Economía incorporó como gastos de capital proyectos que se ejecutarán con créditos externos. La Provincia ha previsto unos $ 24.300 millones para encarar trabajos públicos durante el año electoral, un 219% más que el ejercicio vigente. Más aún, a Ascárate le resulta llamativo que la Secretaría General de la Gobernación disponga de unos $ 1.000 millones para subsidios durante 2021.
“¿Cómo es posible que se presupuesten $ 20 millones para equipamiento policial en una provincia que se caracteriza por los altos índices delictivos?”, se preguntó el radical tras la visita del ministro de Economía, Eduardo Garvich, a la Legislatura para presentar el Cálculo de Gastos y de Ingresos para 2021.
El plan de obras públicas es necesario para cambiarle la cara a un mercado que necesita la inyección de fondos y, además, generar más puestos de trabajo. Sin embargo, la potenciación de las obras puede llegar a eclipsarse en la medida que la Casa de Gobierno no le encuentre la vuelta al problema de la inseguridad. La encuesta encargada por LA GACETA a Reale Dallatorre Consultores (RDT) es una clara muestra de la preocupación de los tucumanos. Un 80,3% ha contestado que la inseguridad los desvela ante la falta de respuestas de la Justicia, el accionar de los motochorros y la violencia de género, entre las principales causas. Pero el Ejecutivo no está exento de tamaña responsabilidad, aunque en el gabinete se afirma que ha crecido el accionar preventivo de las fuerzas de seguridad y que Tucumán está en la media nacional de delitos, del mismo modo que los grandes aglomerados urbanos de la Argentina.
En su giro al pragmatismo, Manzur está dispuesto a convocar a la oposición (aunque la respuesta seguramente estará condicionada a la inminencia de la puja electoral) y a los principales referentes del sector privado. Está claro que, en tiempos de pandemia del coronavirus, el discurso de barricada no sirve; no suma y no es el que espera una sociedad abrumada por un eterno aislamiento, en el que ha empeorado la situación económica y el humor social, en definitiva. Estos serán los rivales que tendrán que enfrentar los políticos en el año electoral que se avecina.