Un camarista se inhibe porque Leiva debe juzgarlo

Las tensiones institucionales desencadenadas por la denuncia penal del juez Enrique Pedicone contra el vocal Daniel Leiva electrificaron una controversia derivada del juzgamiento de la causa de María de los Ángeles Verón que permanecía apagada desde agosto de 2016. Sucede que el camarista Eduardo Romero Lascano recordó que tenía un procedimiento de destitución suspendido por una medida cautelar; que eventualmente el vocal denunciado podía evaluar su desempeño en el caso “Verón” como presidente del Jurado de Enjuiciamiento y que, por ello, se apartaba del recurso de queja por atentado presentado por Pedicone contra la decisión del juez Juan Francisco Pisa que había excluido los audios grabados para sustentar la acusación de Leiva. A renglón seguido, Romero Lascano suspendió los plazos de tramitación del recurso hasta que un tribunal defina si es o no válido su apartamiento. Antes el juez Emilio Páez de la Torre se había desprendido de otra impugnación ligada a este proceso y la había remitido a Romero Lascano.

Romero Lascano había sido recusado por Pedicone con invocación de un “temor de parcialidad” fundado en el hecho de que el camarista es pariente de Edmundo Jiménez, el ministro público fiscal (con licencia) con quien el denunciante mantiene una disputa pública. “Efectivamente, soy primo hermano de Jiménez y me unen a él lazos afectivos familiares”, dijo Romero Lascano. Pero enseguida pasó a desarrollar que poseía una causa en el Jurado de Enjuiciamiento (órgano encargado de expulsar a los magistrados provinciales) frenada por una cautelar que dictó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán con una integración ad hoc. El camarista añadió que la ley lo obligaba a inhibirse si tuviese un juicio pendiente iniciado con anterioridad con alguno de los interesados.

“Resulta evidente la aplicación del supuesto legal pues al día de la fecha me encuentro en carácter de ‘acusado’ en el juicio político que Leiva dirige. En esta causa sería juzgador de quien preside un juicio preexistente en el que enfrento una acusación”, explicó Romero Lascano. Y añadió: “esta es una situación jurídica de inusual complejidad y relevancia institucional en la que me abstendré de extenderme. Deposito esta cuestión en la reflexión del tribunal de recusación”.

Realmente la posición de Romero Lascano es peculiar. Este juez fue el único “superviviente” del tribunal que en 2012 absolvió a todos los acusados de delinquir contra Verón: sus colegas Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena se libraron de las peticiones de destitución de Susana Trimarco, la activista antitrata y madre de la víctima, tras una batalla para acceder a la jubilación con el 82% móvil que terminaron por ganar. Romero Lascano, que accedió a su cargo en 2011 y no reunía la antigüedad necesaria para pasar al sector pasivo, tuvo que litigar mucho más para parar su enjuiciamiento. Así obtuvo una primera medida cautelar que acabó siendo revocada luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallara en su contra. Tras ese revés, el juez consiguió una segunda suspensión provisoria del procedimiento de destitución en 2016. Esta “provisoriedad” se extendió puesto que el alto tribunal local paralizó el jury mediante la invocación de que Romero Lascano había formulado una mera denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que implica años de trámite en la institución de la Organización de los Estados Americanos con sede en los Estados Unidos. De hecho esta segunda cautelar otorgada con los votos de los camaristas Salvador Ruiz (fallecido), Marcela Ruiz y Carlos Ibáñez -Ebe López Piossek y Sergio Gandur disintieron- posibilitó a Romero Lascano seguir ejerciendo la función judicial sin contratiempos todo este tiempo. Coadyuvó a ello la circunstancia de que el Poder Ejecutivo no recurrió la decisión que benefició al juez.

Es una situación única porque, en el medio, el Jurado de Enjuiciamiento con Leiva a la cabeza expulsó al ex juez Roberto Guyot y se propone enjuiciar al propio Pedicone por las siete denuncias articuladas en su contra en la Legislatura a posteriori de que aquel acusara al vocal. Leiva ya se excusó de intervenir en el procedimiento de su denunciante junto a su defensor Esteban Jerez y al legislador Ricardo Bussi, cuya causa por supuestos abuso sexual y actos de corrupción quedó ligada a la imputación que formuló Pedicone. El 1 de septiembre este expuso que el vocal le había pedido, citando los nombres del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, que “manejara las intensidades” del proceso de Bussi en atención a que este lideraba un espacio político “funcional” al oficialismo. Leiva negó terminantemente esa versión.

El trámite en la Justicia se complicó desde el mismo día que Pedicone interpuso la denuncia. Hoy están pendientes de resolución al menos tres recursos articulados contra decisiones de Pisa. Mientras que los últimos dos dependen de lo que pase con Romero Lascano y con la posición que asumió Páez de la Torre, el primero y más relevante data del 5 de octubre, y consiste en un per saltum deducido directamente ante la Corte provincial para que revise la sentencia que dispuso que el caso de Leiva sea procesado con la modalidad escrita y cerrada del Código discontinuado el 31 de agosto, y denegó a Pedicone el rol de querellante. Este per saltum aún no tiene Corte que lo resuelva puesto que Leiva, y sus pares Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos se excusaron (los últimos dos vocales respectivamente por amistad con el abogado de Pedicone, Arnaldo Ahumada, y por la condición de sobrina de Jiménez). Luego, Leiva recusó a la presidenta Claudia Sbdar y a Daniel Posse, y aún falta que el tribunal formado por los camaristas Carlos Caramuti, Stella Maris Arce y Patricia Carugatti se expidan sobre esa solicitud de apartamiento.