Defender la vida. En ese concepto se basa el proyecto que desde el Gobierno nacional impulsan para que, desde la primera semana de diciembre y en sesiones extraordinarias, se debata nuevamente en el Congreso la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo luego del “no” en el Senado durante las sesiones de 2018. Por eso, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra, no duda al afirmar que la idea es reducir la cantidad de abortos clandestinos. “Aquí la discusión no es si queremos aborto si o aborto no. Lo que queremos que se debata es si vamos a permitir que los abortos se sigan produciendo en clandestinidad con riesgo de vida o si queremos que sean dentro del sistema de salud, con todas las condiciones sanitarias para evitar más muertes”, dijo. “Lejos de promover el aborto, lo que queremos es reducirlo y acompañar los proyectos de maternidad. Tenemos un problema de salud pública y no podemos hacer de cuenta que no pasa nada cuando hay miles de abortos clandestinos, con más de 3.000 muertes desde el regreso de la democracia. Defendemos la vida”, dijo.
Ibarra participó de una ronda virtual de entrevistas con medios del interior del país, entre ellos LA GACETA, luego de que el presidente Alberto Fernández anunció el envío al Congreso del nuevo proyecto, al que se suma el Programa de los Mil Días, que busca bajar la mortalidad y desnutrición de manera integral de las embarazadas y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida.
La abogada dijo que en Argentina se producen una “cantidad alarmante de abortos clandestinos, con una estimación de 370.000 por año”. “Queremos que en caso de que decidan practicarlo puedan ser cuidadas, en condiciones de seguridad y que accedan a información sobre salud reproductiva”, afirmó.
Con la experiencia de 2018 fresca y las reacciones ante el anuncio de Fernández, Ibarra advirtió que no quieren polémicas ni en peleas. “Queremos un intercambio respetuoso de ideas. Vamos a debatir, persuadir y explicar que las cosas como están hoy están mal”, indicó.
Según la funcionaria, no está garantizado que la ley se sancione. “Pero queremos construir los consensos para eso. Vamos a trabajar activamente para sancionar las dos leyes. Nos estamos haciendo cargo de un problema de salud pública muy importante. Es un proyecto muy claro, que recoge la mayor cantidad de demandas y de reclamos, para garantizar una prestación muy cuidada. Sancionar esta ley nos va a permitir llegar a las mujeres gestantes. Vamos a hacer una convocatoria para explicar lo que es la ley, hay sectores que creen que nos embarazamos para abortar. El aborto no es grato para nadie”, explicó. “La experiencia del 2018 fue muy importante, nos enseñó mucho. Fue un debate muy amplio, al que concurrieron todos los que quisieron y ese material está a disposición de todos los legisladores. Queremos un debate con diversidad de ideas, opiniones y de valores. Somos respetuosos de las creencias de cada uno”, agregó.
Muertes evitables
“Que quede en claro que defendemos profundamente la vida y la salud. Hay quienes dicen que defienden dos vidas, pero los abortos suceden de a miles. Queremos evitar muertes evitables. No vamos a polemizar con la iglesia, somos respetuosos, pero estamos en un estado laico. Es muy importante llevar la Educación Sexual Integral (ESI) a las escuelas del país. Que se visibilice que los abusos de niñas son delitos y agravios a los derechos humanos”, observó. Y advirtió que los casos de aborto “marcan para siempre la vida de una mujer y se debe repudiar. Tenemos derecho a crecer en libertad, a ser cuidadas. En niñas y adolescentes el embarazo es un riesgo para la vida y la salud y el aborto es seguro hasta la semana 14. Un embarazo forzado pone en riesgo la vida de una niña”.
Ibarra también aseguró que, al contrario de los que muchos sostienen, el gobierno apunta a bajar los casos de aborto, no a promoverlos. “Vamos a poder disminuir los costos y la cantidad de embarazos no deseados”, dijo.
Otro de los puntos controversiales del proyecto es el de la objeción de conciencia, que permite a los médicos negarse a practicar el aborto. “Será respetada y veremos cómo se instrumenta en caso de que sea ley. Lo que no se puede hacer es impedir la práctica. Si un médico alega objeción de conciencia en el acto debe intervenir otro profesional”, expresó Ibarra. Y recordó en este caso lo sucedido en Tucumán con Lucía, la nena de 11 años cuya decisión de pedir un aborto luego de ser violada por su abuelastro llegó a judicializarse, lo que puso en riesgo su propia vida. “Se han judicializado muchísimos los temas, pese a tener el protocolo ILE (interrupción legal del embarazo) en vigencia. Creemos que una vez que se sancione la ley va a desaparecer la amenaza de proceso legal contra médicos y médicas tanto en el ámbito público como privado”, aclaró.
A Ibarra también se le preguntó sobre que el proyecto indica que se podrá llevar adelante el IVE hasta la semana 14 de gestación. “Queremos presentar un proyecto que tenga los votos necesarios para ser aprobado. Hoy la organización mundial de la salud habla de que el aborto puede realizarse hasta las 14 semanas, cuando es una práctica muy segura”, finalizó.