El laboratorio “antimecheras”

Las mecheras se convirtieron en uno de los focos de atención social y legislativa en las últimas semanas, tras la difusión de la paliza que le dieron a una hace 15 días; las burlas de otra que dijo que saldría poco después de su detención; y la captura de otra el miércoles pasado en El Bajo. En este último caso, los comerciantes que la atraparon le desnudaron el torso, alguien filmó y el video se viralizó. En la Legislatura se aprestan a sancionar una “Ley Antimecheras” para tratar de poner fin a “la plaga” –como las llamó el legislador Gerónimo Vargas Aignasse-, con la que se buscará nuevos caminos procesales para ponerles freno.

Las descuidistas no son muy numerosas. Según un informe del Ministerio de Seguridad, están identificadas unas 60 personas entre “pungas” (ladrones de billeteras y celulares en la vía pública) y “mecheras” (que actúan sobre todo en el interior de los comercios de ropa, aunque también en la calle). Vargas Aignasse explicó que hay, además, una organización por detrás, con auto de apoyo y hasta con abogado. Relató un caso paradigmático de una mechera sorprendida por tres empleados de comercio. En el acto aparecieron otras tres que se sacaron los barbijos y comenzaron a escupir a todo el mundo gritando “tenemos coronavirus” y así, la primera mechera pudo escapar. Se fueron en auto, dice Vargas Aignasse. La sargenta Alejandra Brito, del equipo “antimecheras” surgido este año en la Guardia Urbana, dice que ya conocen la dinámica empleada: “cambian la vestimenta con algún cómplice, o usan ropa reversible para despistar. En ocasiones se tapan con paraguas, y hoy hasta se cubren todo el rostro con barbijos grandes”. El legislador añade que “son un cartel, todos los días roban cinco, siete celulares, les hurtan dinero a siete jubilados, se llevan ropa. Manejan plata para poner abogados” Según él, como la Justicia se muestra impotente –da el ejemplo de una mechera que, con 41 detenciones, entra y sale por la “puerta giratoria”-, la Policía “muchas veces las aprehende con una contravención para que quede uno o dos días detenida, pero ya tienen un abogado que en el acto plantea la inconstitucionalidad de la Ley de Contravenciones y las tienen que liberar”.

“Fuerte daño social”

En este marco, se plantea que la ley que se debatirá el jueves va a contemplar estrategias para que no puedan salir. Como se sabe, el hurto es uno de los delitos con menor castigo en la escala penal –de dos meses a dos años- y por el cual el infractor no va a prisión. A menos que sea reincidente, es decir que tenga condena por el delito. No es lo mismo reincidencia que reiteración delictiva, que es lo que hacen “pungas” y mecheras. Vargas Aignasse dice que se pretende crear la figura de “reincidente impropio”, para incorpora al Código Procesal Penal, con el concepto de la peligrosidad, “porque son delincuentes profesionales”. El legislador echa toda la responsabilidad en esto a la Justicia: dice que los jueces en estos casos –al igual que hicieron con frecuencia en los casos de acoso- “liberan sin advertir el daño social que esto genera”.

Desde que se aplica el nuevo Código Procesal se aplican en las tres Fiscalías de Flagrancia algunas medidas para frenar a las mecheras. El miércoles hubo una audiencia con una mujer, Dolores del Valle Brito, detenida por tentativa de robo en Maipú primera cuadra. Le dieron 30 días de prisión preventiva, con arresto domiciliario (tiene cuatro hijos menores). También hace tres meses se pidió restricción de acercamiento al centro por 90 días para una mechera “reincidente impropia” pero no se pudo comprobar si cumplió la orden o la violó. Dependió de que fuera vista por alguno de los 20 agentes de la guardia de agentes “antimecheras” o denunciada por algún comerciante. Dicho sea de paso: las trabas para hacer denuncias en comisarías siguen tan vigentes que muchos damnificados desisten de seguir el trámite policial-judicial porque no se justifica perder horas por una prenda robada. Por otra parte, en la Policía no se advierte, según dijo el subsecretario de Seguridad, José Ardiles, un aumento en la cantidad de descuidistas que operan en el centro. Más bien se cree que hay menos que el año pasado, pero cada caso provoca fuerte impacto en la sociedad y entre los comerciantes, que han visto caer al fondo sus ventas en la pandemia. Nada justifica las reacciones violentas ni las agresiones brutales contra los supuestos delincuentos. Esos excesos se ven con demasiada frecuencia en nuestra provincia.

Un registro público

En el Ministerio Público Fiscal se ha elaborado un proyecto de trabajo con un sinceramiento de los problemas que hay en este asunto. Desde el 1 de septiembre se carga un sistema informático (SIAL) que registra legajo, antecedentes, detenciones tempranas y medidas privativas de la libertad en flagrancia. Como se sabe que es un delito que nunca va a llevar a detenciones extendidas en el tiempo, se apunta a tratar, por un lado, de llegar a condenas –que permitirían activar luego la reincidencia con prisión efectiva- y por otro a hacer prevención efectiva, no ir por detrás de los hechos. El secretario del Ministerio Fiscal, Tomás Robert, dice que proponen hacer con los comerciantes y con los policías un registro público de quienes no se pueden acercar al centro. También, dice, hay que considerar que hay un mercado criminal por detrás. La mechera no trabaja sola. Las tarjetas de crédito y los celulares se usan después en el mercado ilegal. Impedirles entrar al centro implica cortarles el circuito económico, explica.

La ley que se tratará el jueves abarca el problema de las mecheras, el acoso, la tenencia ilegal de armas, la licitud de fondos para fianza, el uso de pistolas Taser, “y que en la primera audiencia del Código el querellante pueda pedir medidas cautelares, no solo el fiscal”, dice Vargas Aignasse. Un combo ambicioso.

Está claro que el caso de las mecheras es un gran laboratorio de estrategias de seguridad a pequeña escala. El sistema ha sido impotente siempre para enfrentar uno de los delitos más pequeños –el hurto- y la estrategia de la reincidencia, que se sepa, sólo se aplicó una vez hace dos décadas con la condena a prisión efectiva a Reina Jiménez, precisamente por hurto en modo mechera. La idea es que en adelante se trabaje sobre esta novedosa interpretación de la reincidencia. Hasta ahora, las intromisiones legales aportadas con las recientes normas en materia de seguridad, como la ley de prisión preventiva contra “escruchantes”, “rompevidrios” y arrebatadores, han caído por no encuadrarse con los códigos. Fueron soluciones espasmódicas producto de reclamos sociales. Ahora hay riesgo de que ocurra lo mismo. Vargas Aignasse dice que quiere que se cambie el paradigma. “Es un problema que existe porque es fácil robar en Tucumán. Tenemos que darle un mensaje a la sociedad de que hay un Estado que pone límites, porque si no caer preso es una parada técnica para el que delinque”. Es un laboratorio en pequeña escala y hasta ahora toda la estrategia es policial, sin que se tenga en cuenta el necesario trabajo social por detrás: en varios de los casos de mecheras detenidas había al menos una adolescente que las acompañaba, siguiendo sus pasos. ¿Qué se hará al respecto? Si no tiene éxito la Ley Antimecheras –en teoría de fácil resolución-, ¿qué se podrá esperar de una política para reducir la criminalidad en la segunda provincia más violenta del país?