Según el Subsidio, la deuda con las clínicas es de $ 138 millones

Las dos campanas sonaron en los oídos de los miembros de la comisión de salud de la Legislatura, que preside Reneé Ramírez. Ayer, un día después de la presentación que hicieron los miembros de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán (Acyst), brindó su versión del conflicto el interventor del Instituto Provincial de Seguridad Social de Tucumán (Ipsst, conocido como Subsidio de Salud), Fernando Avellaneda. Acompañado por su equipo técnico, respondió el cuestionamiento de los legisladores y se comprometió a llevar documentación respaldatoria.

El funcionario de la obra social provincial insistió con que la principal traba entre las partes está dada en el porcentaje de actualización de las prestaciones: mientras el sector privado solicita un 45% y remarca que en el último año no hubo incrementos, el público afirma que no cuenta con los recursos para cumplir con esa suba y ofrece un 18%.

Avellaneda reconoció que, desde el punto de vista técnico, hubo un incremento de los valores prestacionales. Consideró, sin embargo, que se podría acordar una suba parcial mientras se continúan las negociaciones. “Nosotros hemos generado una oferta, un incremento en noviembre-diciembre que ellos no aceptan si no aceptamos el 45%. Esto no es una negociación, no luce negociación sino casi una imposición”, sentenció. Consultado si consideraba que la asociación tenía una actitud intransigente, dijo: “en esta etapa, sí, pero creemos que vamos a poder avanzar”.

El titular del Ipsst aclaró que no se cortó el diálogo con los miembros de la institución que preside Eduardo Vega Olguín y de la cual forman parte 22 entidades. “Entiendo que el relacionamiento de la obra social con los prestadores es beneficiosa para ellos, si no hubieran rescindido el contrato hace años”, expresó en rueda de prensa.

Avellaneda, a su vez, aseguró que la deuda con la Acyst a la fecha es de $138 millones, y no de $520 millones como afirmaron el miércoles las instituciones sanitarias. “Exigible en los papeles de $71 millones, y vamos a pagarla”, señaló. Consultado por la diferencia en las cifras, dijo que eso lo debería precisar la asociación. Ramírez, a su vez, afirmó que se trata de una cuestión de “interpretación”. “Pedimos la presentación de documentación de los dichos de una parte como de la otra”, advirtió el también titular del gremio de ATSA.

El legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), que participó de la reunión, aseguró que el Ipsst informó que la Municipalidad de la capital adeuda $194 millones a la asociación. “Significa la mitad de lo que manifiestan en clínicas y sanatorios (motivo que los llevó a suspender la atención)”, indicó, y pidió que se aclare esta situación.

Ramírez se expresó confiado de que haya una solución para llevar tranquilidad a los 330.000 afiliados de la obra social. “Está en riesgo la vida y la salud de la gente”, dijo. En un sentido similar se expresó Avellaneda. “Es una preocupación de todos, también de ellos, de llegar a un acuerdo. Tengo el optimismo de que vamos a poder sentarnos para encontrar una solución a esto”, anheló.

La semana pasada, la Acyst dio de baja el convenio con la obra social de la provincia. Dijo que no atendería pacientes por covid-19 desde ese momento y que las demás prestaciones vencerían el 31 de diciembre. La Justicia, sin embargo, el miércoles hizo lugar -parcialmente- a la medida cautelar solicitada por el Ipsst para que no se deje de prestar atención a sus afiliados, incluso por coronavirus. La medida, dictada por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo, que preside el juez Carlos Giovannello, vence el 26 de noviembre.