“A miles de tucumanos no les importó la salud del otro”

La pandemia que vivimos desde marzo en Argentina sacó lo mejor y lo peor de nosotros. Hay quienes cumplieron a rajatabla las recomendaciones sanitarias, que pasaron meses encerrados en un monoambiente, para cuidarse y para cuidar a los otros. Y hay quienes aunque tal vez en algún momento hayan tomado precauciones, luego se dejaron vencer por la tentación y salieron a hacer lo que no se debía, lo que no se podía, ya que, simplemente, estaba prohibido. Estos últimos, afirman las autoridades, fueron responsables en gran medida de que el sistema de salud tucumano estuviera a nada de colapsar. Y aquí no se habla de quienes debieron salir a trabajar contra viento y marea, sino de aquellos que decidieron romper todos los protocolos y desde el principio organizaron fiestas y reuniones clandestinas. Y el número asombra. Según las estadísticas oficiales, la Policía, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, debió intervenir en 63.000 oportunidades desde que el 20 de marzo el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena para todo el país. Si tenemos en cuenta que desde ese día pasaron 246 jornadas con mayores o menores flexibilizaciones, tendremos que la Policía recibió y actuó tras llamados sobre todo el 911 más de 200 veces por día en fiestas clandestinas, clausuras de bares, riñas de gallos, loterías y bingos ilegales, aglomeraciones y picadas de vehículos, entre otras actividades fuera de la normativa.

Las cifras fueron confirmadas por el jefe de Policía, Manuel Bernachi, durante una reunión llevada adelante con el gobernador Juan Manzur y con ministros de diferentes áreas, cuando se planteó la posibilidad de seguir con las flexibilizaciones en algunos rubros, como aperturas más elásticas para bares. “Se hizo un informe con los llamados al 911 y las intervenciones que realizó la Policía que, como se ve, fueron muchísimas a diario. La mayoría estuvieron vinculadas con la organización de fiestas clandestinas, sobre todo los fines de semana, en toda la provincia”, explicó el funcionario a LA GACETA.

Un equipo especial

Ya desde que se decretó la cuarentena comenzó a trabajar un equipo especial del Ministerio Público Fiscal, que intervino en esa enorme cantidad de operativos, encabezado por el fiscal Carlos Picón, bajo la supervisión del titular del Ministerio, Edmundo Jiménez. Fueron noches de mucho movimiento, por ejemplo, en el Complejo Belgrano, donde eran alojadas las personas que eran detenidas. En todo este tiempo fueron arrestados en Tucumán 17.000 infractores al artículo 205 del Código Penal que refiere “…el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, aunque a ellos se suman otros detenidos por causas procesales. Además de la detención y de iniciarse una causa, los arrestados debían pagar una multa que se acreditaba en una cuenta del Ministerio de Salud de la provincia para la lucha contra el coronavirus. Además, los policías secuestraron 21.000 vehículos, de los cuales más de 11.000 infringían el artículo 3 de la ley 24.449 que suspende las garantías de la libertad de tránsito ante situaciones de pandemia, o la infracción al mismo DNU firmado por el presidente Fernández con el número 297 de marzo de este año.

Las autoridades sanitarias hicieron hincapié desde el principio en que el mayor foco de contagio estaba dado en las reuniones sociales, en las que compartían, muchas veces en ambientes cerrados, personas de distintos núcleos familiares sin las mínimas medidas de seguridad.

“Irresponsables”

El subsecretario de Seguridad de la provincia, José Ardiles, habló de “gente irresponsable” que puso en riesgo la salud de todos los tucumanos. “Mientras hubo muchísimas personas que cumplieron con el aislamiento y con todas las medidas pedidas, hubo otros que no consideraron los peligros y armaron fiestas y reuniones constantemente, picadas de autos, etcétera, sin que les importase que hubiera otra que la estuviera pasando mal, o que hubiese perdido un ser querido. A miles de tucumanos no les importó la salud del otro”, objetó. “Valoramos la actitud de quienes decidieron denunciar estas situaciones; los mismos vecinos que advertían aglomeraciones en los peores momentos de la pandemia”, aclaró. El funcionario aseguró que en la Policía nunca se dejó de trabajar con estas intervenciones, y avaló el número de 63.000 operativos. “Parece muchísimo, pero es real. Son más de 200 por día. Así tuvimos personal fallecido durante la pandemia, situaciones muy tristes”.

En la Policía advierten que los controles continuarán mientras no se produzcan nuevas flexibilizaciones que habiliten, por ejemplo, las reuniones sociales. “La situación no está controlada, ni mucho menos. Hay quienes creen que cuando llegue la vacuna todo volverá a la normalidad, pero para eso puede faltar mucho. Mientras tanto, continúan las prohibiciones”, aseguró Ardiles. Y confirmó que aún no se sabe cuáles serán las recomendaciones para las fiestas de fin de año. “Pedimos solidaridad a la gente”, alertó.