ACUSADO. Juicio Político admitió todos los planteos contra el juez. la gaceta / foto de analia jaramillo (archivo)
Aunque tenía plazo hasta finales de mes, la comisión de Juicio Político de la Legislatura resolvió ayer formular acusación contra el juez de Impugnación Enrique Pedicone. La mayoría peronista de ese órgano parlamentario entendió que procede juzgar al magistrado por los cargos formulados en los siete pedidos de destitución en su contra que fueron presentados en septiembre.
El primer día de ese mes, Pedicone denunció ante el Ministerio Público Fiscal al vocal de la Corte Daniel Leiva por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público. Según el ex camarista penal, el 28 de julio, en el bar Ohana, el miembro del alto tribunal le pidió que “maneje la intensidad” de la causa contra el legislador Ricardo Bussi por supuesto abuso sexual y corrupción, según el opositor fuera más o menos funcional al oficialismo.
Pedicone afirmó que había grabado a Leiva. Los audios fueron difundidos por LA GACETA el 6 de septiembre.
Leiva, en tanto, negó la acusación de Pedicone, afirmó que los audios eran “fabricados y editados” y sostuvo que el denunciante buscaba desviar la atención del hecho de que dictaminó en menos de un año más de un centenar de ceses de prisión preventiva contra procesados por delitos graves.
En este contexto de denuncias y contradenuncias, se presentaron siete pedidos de destitución contra Pedicone y seis planteos de remoción contra Leiva. El 5 de octubre, la comisión de Juicio Político ordenó archivar todos los planteos contra el vocal de la Corte, a la vez que admitió todos los expedientes contra el juez de impugnación.
Pedicone presentó el 29 de ese mes los descargos contra cada una de esas acusaciones. A partir del día siguiente se abrió un período de 20 días hábiles para que los 12 legisladores de la comisión evaluaran los cargos y las respuestas. Aunque ese plazo se vencía el próximo viernes 27, la decisión fue adoptada ayer. Es decir que los acusadores tomaron 14 días hábiles parar arribar a la determinación.
VOTACIÓN DIVIDIDA. La decisión se tomó por 10 votos contra dos. prensa
Según trascendió de fuentes del Poder Legislativo, la decisión fue adopta por 10 votos contra dos. En favor de acusar a Pedicone se pronunciaron los oficialistas Zacarías Khoder (presidente), Sergio Mansilla (vice), Enrique Fabián Bethencourt, Norma Mariela Reyes Elías, Gonzalo Monteros, Graciela Gutiérrez, Adriana Najar, Reneé Ramírez y Carlos Gómez, todos de la bancada Justicialista de Todos. A ellos se sumó el alperovichista Julio Silman (secretario de la comisión), de la bancada Hacemos Tucumán. En contra se pronunciaron
En contra votaron Raúl Pellegrini, del bloque alfarista del Partido por la Justicia Social; y Mario Casalli, de Fuerza Republicana. Los opositores habrían manifestado que presentarán durante las próximas horas sus dictámenes de minoría.
Al cierre de esta edición no se conocía más que el resultado de la votación: no trascendió el dictamen de mayoría, con los fundamentos de la determinación.
Los expedientes
Los cargos contra Pedicone están contenidos en siete expedientes. Las primeras acusaciones fueron presentadas por el ciudadano Lucas Mayer y su padre, el recientemente fallecido ex magistrado Carlos Mayer; y el ex legislador justicialistas Juan Eduardo Rojas (hizo dos denuncias). Estas presentaciones fueron impulsadas por víctimas de delitos.
A la vez, el abogado Antonio Raed (ex legislador del PJ) sostuvo que Pedicone “hizo política” con su denuncia. En tanto, el letrado Alfredo Falú cuestionó la violación del secreto de las conversaciones privadas a partir de que Pedicone grabó a Fernando Valladares, el actuario que labró las actas dando fe de los audios del juez, y que luego se desdijo.
Esas grabaciones fueron excluidas como prueba en la causa judicial contra Leiva, abierta a partir de la denuncia de Pedicone. El juez Juan Francisco Pisa (en concordancia con el dictamen de la fiscala Mariana Rivadeneira) sostuvo que esos audios fueron tomados violando garantías constitucionales. Y argumentó, además, que no fueron debidamente preservados, porque llegaron a los medios de comunicación antes que a los Tribunales.
Finalmente, los abogados Carlos María Gallardo e Ingrid Lausberg cuestionan que Pedicone haya dictaminado la liberación del detenido Ángel Edgardo Sacarías Bravo el 19 de agosto, presuntamente sin competencia, porque el 20 de agosto -argumentan- la Acordada 730 confirmó que el magistrado no tenía autorización para trabajar durante la “miniferia” penal.
Pedicone será enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento, que tiene ocho miembros. La comisión de Juicio Político será la acusadora. Para destituirlo, deberán hallarlo culpable los dos tercios del jury (cinco de sus ocho miembros). De lo contrario, se lo declarará absuelto.
