Por Gustavo Rodríguez
18 Noviembre 2020
“Hombre Lobo” Cardozo, uno de los integrantes
La hipótesis de los investigadores
“Conforme con el análisis de la información, la prevención estima que se podría estar frente a seis organizaciones o gavillas bien constituidas claramente narco-criminales dedicadas a la adquisición, acopio, transporte, reparto, venta, fraccionamiento y distribución de estupefacientes. Estas gavillas, por separado constituyen clanes familiares dedicados al narcotráfico”, se puede leer en el expediente que llevó adelante la Justicia Federal en el que aparecen mencionados “Liro” Andrade, “Hombre Lobo” Cardozo (foto) y “Leke” Suárez, todos empleados del Siprosa que actualmente se encuentran suspendidos mientras se investiga su situación, ya que se sospecha hubo irregularidades en su nombramiento en el sistema.
Según la teoría que manejaron los pesquisas, el grupo habría comprado marihuana en Corrientes y cocaína en Bolivia para trasladarlas a la provincia. Sospechaban además que el grupo podría haber escondido la droga en el Departamento de Operativos Móviles del Siprosa, ubicado en Italia y Manuel Alberti y después haberla distribuido en distintos puntos de la provincia.
En las últimas horas surgieron versiones de que la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) también había presentado actuaciones para solicitar autorización para investigar los casos, pero en la Justicia Federal les avisaron que ya había una investigación abierta y que los datos que presentaron servirían para engrosar el expediente que ya estaba abierto.
Los sospechosos que siempre se nombran
Fuentes judiciales confirmaron que entre los supuestos compradores de la banda aparecían una tal “Coco”, “Gorda Mabel” y los miembros de los clanes Los Romero y Los Serrano. Al mismo tiempo, en base a la investigación que realizaron, aparecieron otros proveedores identificados como “Petiso” y “Richard”, este último de nacionalidad boliviana. También habría sido investigada una tal “Gorda Noelia”, que fue protagonista de varias causas por droga. El 11 de septiembre de 2015 fue detenida en el barrio Juan XXIII (“La Bombilla”) porque en su vivienda se encontraron 42 kilos de marihuana y cinco de cocaína.
Por cuestiones procesales, la mujer quedó en libertad, pero no por mucho tiempo. El 1 de septiembre, pero de 2016, la sospechosa fue descubierta por los policías escondiendo un bolso. Al requisarlo, encontraron que tenía dosis de sustancias listas para su comercialización. Ella denunció que los efectivos habían pretendido sobornarla, pero su demanda quedó en la nada o al menos no trascendió que haya prosperado en la justicia ordinaria.
Los barrios donde se manejaban los grupos
Los investigadores armaron un rompecabezas para determinar cuál era el alcance de los grupos que podrían haberse provisto de droga para comercializarla al menudeo. Establecieron las ramificaciones en la capital, Las Talitas, Yerba Buena y El Manantial.
Sólo en San Miguel de Tucumán ubicaron que los sospechosos abastecían a quioscos de venta de drogas en “La Bombilla”, Olleros y su ampliación, Los Vázquez, Manantial Sur, Parque Sur, Amalia, Villa Muñecas, Victoria, Villa Alem, Elena White, ATE y Soberanía Nacional.
En el expediente figura que el fiscal Carlos Brito le había solicitado al juez Daniel Bejas que realice unos 57 allanamientos en simultáneo en todo el Gran San Miguel de Tucumán. También se había solicitado la detención de más de 50 personas, cuya situación procesal se definiría con los resultados de las medidas. Por último, los pesquisas también realizaron dos recomendaciones: secuestrar más de 20 autos y convocar a especialistas en investigación financiera para analizar el patrimonio de todos los sospechosos. Las nuevas corrientes de investigación apuntan no sólo a encontrar drogas, sino a desmantelar todo el poder económico que lograron construir con el dinero que obtendrían de la actividad ilícita.
Un operativo que quedó cerca de hacer historia
Lo que podría haber sido el mayor operativo antidrogas que se hubiera realizado en la historia de la provincia, quedó en la nada. El juez Bejas rechazó los pedidos de Brito y ordenó profundizar la investigación, tarea que por ahora sigue inconclusa.
Los movimientos más grandes se produjeron cuando se detuvo al “Gordo Rogelio” en la Costanera (18 allanamientos) y cuando se desarticuló la conocida mediáticamente como “La banda del ‘Gordo Vaca’” (22 allanamientos).
El barrio “La Bombilla”, otra vez en la mira
El Departamento Operativos Móviles está en la puerta de ingreso del barrio Juan XXIII (“La Bombilla”). La mayoría de los mencionados en la causa son habitantes de ese barrio. Para los investigadores estos puntos en común no son casuales, sino causales. Los acusados podrían haber utilizado sus contactos (también su poder) en ese vecindario para poder enfriar la sustancia en el interior de los depósitos que hay allí y luego distribuirla sin que nadie denuncie los movimientos extraños.
“En ese lugar pasaba cualquier cosa. Entraban y salían vehículos y nadie los controlaba. Además, los muros que rodean al predio dan al barrio. Por ahí podrían haber tirado cualquier bulto a cualquier hora. Y si alguien lo veía, nadie diría nada porque se sabe quiénes son las personas que estaban trabajando”, indicó Fernando, vecino de la dependencia del Siprosa.
Un procedimiento que tuvo un mortal desenlace
En abril de 2019, la Dirección General de Drogas Peligrosas realizó un megaoperativo para desarticular quioscos de venta de drogas en diferentes puntos de la capital, de Monteros y de Alberdi. Una de las medidas se desarrolló en la casa de la tal “Coco”, la misma que estaba en la mira de los federales. Según la versión oficial, la mujer, al ver ingresar a los efectivos, se tragó varias dosis de cocaína para eliminar la prueba que había en su contra. Durante el procedimiento, “Coco” pidió ser trasladada a un hospital puesto que comenzó a sentirse mal. Fue llevada al Padilla, donde falleció horas después.
Su muerte generó consternación en la Justicia Federal, ya que ella ocupaba un lugar preponderante en la investigación. Según la información, ella habría sido la encargada de recibir importantes cantidades de drogas y dirigir la distribución a los otros grupos.
Los allanamientos fueron realizados en un megaoperativo ordenado por la justicia ordinaria por una megacausa en la que se investigaba organizaciones dedicada a la compra de artículos robados. Esta no fue la primera vez que se interponen varias investigaciones. Normalmente, las fuerzas de seguridad no comparten información sobre el trabajo que están realizando.
El uso de ambulancias, una estrategia conocida
Según la investigación que desarrolló la Justicia Federal, la organización de empleados del Siprosa podría haber utilizado las ambulancias o cualquier otro vehículo para trasladar la droga que habrían mantenido oculta en varios lugares de la repartición que está ubicada en Alberti e Italia.
No sería la primera organización que utilizaría esta estrategia para trasladar la sustancia. En los últimos años hubo varios casos, pero en los últimos meses, al haber mayores controles por la pandemia, se dieron más casos. Por ejemplo, en agosto pasado, en la localidad correntina de Itá-Ibaté encontraron un utilitario que simulaba ser del Ministerio de Salud de la Nación con más de 108 kilos de marihuana.
A fines de agosto, en Morón, la Policía encontró un móvil de emergencia sanitaria con drogas que estaban listas para ser comercializadas. Semanas antes, el intendente de esa ciudad, Mario Ishii, hizo un comentario que generó una polémica a nivel nacional. “Yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, expresó en una reunión con los choferes.
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