LIMA, Perú.- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos enviará una misión a Perú para investigar las posibles violaciones de los Derechos Humanos durante las protestas registradas tras la destitución del ex presidente Martín Vizcarra.
La oficina de Michelle Bachelet, a través de su cuenta en Twitter, precisó que el Gobierno peruano extendió la invitación al organismo “para evaluar el impacto de la crisis política en los Derechos Humanos”. El equipo se desplegará en Lima, epicentro de las movilizaciones, con el objetivo de que pueda recabar información “de primera mano”. Las movilizaciones dejaron dos fallecidos, un centenar de heridos y varias personas desaparecidas en medio de la represión a los ciudadanos por la Policía de Perú.
Manuel Merino, que encabezó el movimiento parlamentario para destituir a Vizcarra, renunció un día después de que se confirmara la muerte de estas dos personas.
Tras la renuncia de Merino, el Congreso eligió a Francisco Sagasti como presidente interino.
La Fiscalía de la nación andina ha anunciado la apertura de una investigación preliminar contra el ex presidente, el ex primer ministro Ántero Flores Aráoz y el ministro de Interior en funciones, Gastón Rodríguez, por la muerte y la desaparición de manifestantes.
Están acusados de los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones graves, leves y desaparición forzada, delitos contra los Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió la muerte de los jóvenes Jordan Inti Sotelo Camargo y de Jack Bryan Pintado Sánchez en el quinto día de protestas iniciadas tras la declaratoria de vacancia presidencial realizada por el Congreso de la República. También condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y llama al respeto de la institucionalidad democrática en el país.
La CIDH manifiestó su preocupación por las denuncias de represión por parte de la Policía a las protestas sociales en el país, entre las que destacó: el uso desproporcionado de la fuerza mediante la utilización de gases asfixiantes que alcanzaron tanto a manifestantes como no manifestantes; empleo de armas de perdigones; el despliegue de técnicas intimidantes de cercamiento policial en contra de personas manifestantes; agresiones contra la integridad personal de periodistas que cubrían las protestas y en contra del personal de la Defensoría del Pueblo que cumplían funciones; la activación temeraria de armamentos por parte de policías uniformados; y disparos por parte de personas -de civil- señaladas de integrar el Grupo Terna de la Policía Nacional.
Según la Defensoría del Pueblo del Perú, varias personas, incluyendo adolescentes fueron detenidas durante las manifestaciones. La CIDH tuvo conocimiento de una denuncia de violencia sexual en contra de una mujer detenida e instó a investigar con diligencia y perspectiva de género la denuncia.
La Comisión encontró especialmente preocupante que, tras la jornada de las manifestaciones del 14 de noviembre, ayer se desconocía el paradero de tres personas, según la información de las organizaciones de la sociedad civil.
La Defensoría del Pueblo del Perú realizó un llamado a la Policía Nacional para que haga pública la lista de personas detenidas, especificando nombres y comisarías donde se encuentran. (DPA-Especial)