La nueva movilidad jubilatoria no resolverá la crisis previsional

Un 50% por salarios y 50% por recursos tributarios. Ese es el esquema que el Gobierno nacional impulsa para la nueva movilidad previsional, con el proyecto girado al Congreso para su tratamiento. La norma vigente -aunque suspendida por el gobierno actual– establece que los haberes se actualizan en un 70% por inflación y en un 30% por evolución de los salarios registrados. Esta fórmula fue definida por la anterior administración en 2017.

Un punto central de la vieja fórmula de movilidad, que ahora el gobierno quiere restablecer, es el tope. La regla establece que, si el aumento que surge de la fórmula de 50% salarios / 50% tributos es superior al incremento de los ingresos totales de la Anses más un 3%, entonces, se aplica este último cálculo, observa el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). Desde el oficialismo se enfatiza que así se recuperará la sustentabilidad porque se asegura que los haberes no subirán por encima de los recursos disponibles. Desde la oposición critican que esta limitante licuará los haberes si la inflación es superior al aumento de los ingresos del organismo previsional.

La regla de movilidad viene siendo el tema excluyente del debate previsional. ¿La dinámica del sistema previsional justifica esta focalización de toda la atención? Para indagar en las posibles respuestas sirve mirar qué pasó con el gasto previsional en lo que va del presente siglo. Según datos del Ministerio de Economía, se observa que:

Entre 2000 y 2008 el gasto en jubilaciones y pensiones pasó de 5,3% a 5,2% del PBI con un descenso hasta el 3,9% en 2005 y posterior recuperación.

A partir de 2008 el gasto en jubilaciones y pensiones crece de manera acelerada hasta 8,5% del PBI en 2017. Entre 2017 y 2019 cae de 8,5% al 8,1% del PBI.

Estos datos muestran que mientras no hubo regla de movilidad (2000-2008) el gasto en jubilaciones y pensiones se mantuvo controlado, señala el reporte de Idesa. La inflación licuaba las jubilaciones que eran aumentadas discrecionalmente por el Poder Ejecutivo por decreto. Como esta arbitrariedad no fue tolerada por la Justicia, en 2009 se empieza a aplicar la regla de movilidad, que ahora se quiere restablecer, puntualiza el diagnóstico privado. A partir del ese año, el crecimiento del gasto previsional fue desestabilizante (aumentó un 65% por encima de lo que creció la economía). En 2017, con el cambio en la fórmula de movilidad y la aceleración inflacionaria, el gasto previsional bajó en términos de PBI. Cuando correspondía aplicar el ajuste por la inflación, el actual gobierno suspendió su aplicación.

"Es claro que la manipulación de la movilidad permite transitoriamente licuar el gasto previsional. La contrapartida es la justificada irritación de la población y la masiva litigiosidad. El problema de fondo es que el desorden en las reglas de beneficios genera una expansión del gasto que no se puede financiar de manera genuina", enumera el instituto dirigido por el economista Jorge Colina. Entre los puntos más críticos operan las moratorias que dan indiscriminadamente jubilaciones contributivas sin aportes, el crecimiento del doble beneficio, en particular, personas que tienen una jubilación por moratoria más la pensión por fallecimiento del cónyuge y la profusión de regímenes especiales (“de privilegio”) que jubilan gente con menos edad, menos años de aporte y/o mayores beneficios al régimen general. "Las actuales reglas previsionales hacen promesas que no se pueden cumplir porque no tienen financiamiento. Mientras esto no cambie la válvula de escape seguirá siendo licuar las jubilaciones con alta inflación y manipular la movilidad previsional", advierte Idesa.