Ensordecidos por la sordina propia

Las revueltas de los Tribunales y de la Legislatura respecto de los audios que grabó el juez Enrique Pedicone para incriminar al vocal Daniel Leiva configuran una dramaturgia fascinante de la institucionalidad “trucumana”. El rechazo a escuchar hace juego con la concepción del poder público como un bien particular que sólo se debe a sus dueños, y, por ende, puede darse el lujo de la sordera, de la ceguera y hasta de la mudez. Transcurrieron dos meses y medio desde que Pedicone puso a disposición de las autoridades las grabaciones, pero ni el juez dimitente Juan Francisco Pisa ni la comisión de Juicio Político al mando del legislador justicialista Zacarías Khoder se han animado siquiera a retirarlos de la escribanía donde “duermen el sueño de los justos”, mucho menos a darles oficialmente play. La Justicia y la Legislatura se resisten a oír lo que el mundo oyó el 6 de septiembre. Las “cintas” propalan cómo la voz atribuida a Leiva pide, en nombre del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, “manejar las intensidades” de la causa por supuestos delitos sexuales y de corrupción que involucra al legislador Ricardo Bussi. Los negacionistas de los audios se pierden un episodio despampanante de tercermundismo judicial, donde incluso interviene el vendedor de libros Roberto Espeche Trapani, quien sí escuchó y se reconoció a sí mismo, pero qué más da si Pisa, la fiscala Mariana Rivadeneira y Leiva ya decretaron que todo es falso, e inválido como prueba.

El precedente de anular las grabaciones por sugestión divina va a traer mucha cola, más allá de lo que los Tribunales hagan con los recursos que cuestionan la “piseada”, y del resultado del per saltum articulado por Pedicone y sus abogados el 5 de octubre. Por cierto, la decisión de Leiva y de su defensor Esteban Jerez de recusar a los pares del primero que habían quedado en la Corte, la presidenta Claudia Sbdar y Daniel Posse, ha sido efectiva para aletargar cualquier desenlace, finalidad a la altura del destino del olvido que vaticinó el legislador bancario Eduardo Bourlé. Las cosas están así: aún no hay un alto tribunal en condiciones de revisar la decisión de Pisa que mandó el proceso al viejo Código Procesal Penal discontinuado el 31 de agosto y que denegó el rol de querellante al denunciante de Leiva. Los camaristas Carlos Caramuti, Stella Maris Arce y Patricia Carugatti deben resolver si la desconfianza que el vocal denunciado expuso respecto de sus compañeros Sbdar y Posse es causal suficiente para dejar a aquellos afuera del conflicto. El tribunal de recusación fue formado el 3 de noviembre, pero las actuaciones recién pasaron a resolución el 11. ¡Ay de los tiempos del Poder Judicial! Menos mal que el objeto del per saltum, con su “salteo de instancias”, es el cese inmediato de la incertidumbre detectada en cuestiones de gravedad institucional y de interés constitucional. Como dice el jurista Ignacio Colombres Garmendia, en “Trucumán” el sistema judicial y, en particular, el Ministerio Público Fiscal sólo actúan con rapidez para cerrar las investigaciones que salpican a los que mandan.

La lentitud del trámite del per saltum se queda corta en comparación con el procedimiento aplicado a la impugnación del apercibimiento que los vocales Antonio Daniel Estofán, Leiva y Eleonora Rodríguez Campos impusieron a Pedicone el 27 de agosto. El pedido de reconsideración está “trabado” en alguna de esas tres vocalías: sería bueno que, en su cruzada por la transparencia ajena, los ministros públicos Washington Navarro Dávila y Alejandro Noguera (interino) hagan un favor a la vapuleada imagen judicial y averigüen los detalles del cajoneo. Es llamativa la posición firme de Leiva en este procedimiento disciplinario: ¿seguirá interviniendo pese a la denuncia de Pedicone? En el foro se preguntan si el vocal se aplicará a sí mismo las consideraciones de desconfianza que expuso respecto de Sbdar y de Posse en el per saltum. Es un interrogante en principio ocioso desde que Leiva sostuvo en la Acordada 806 que las denuncias ingresadas a partir del 1 de septiembre debían ser procesadas con las audiencias orales y públicas del nuevo Código, pero con la suya articulada ese día se cerró en la obligación de tramitarla con las antiguas reglas comprobadamente impotentes para esclarecer los hechos delictivos asignados a funcionarios públicos. Más aún en una sentencia del 19 de octubre y en pleno fragor de su batalla para cerrar la imputación ligada al caso “Bussi”, el supremo denunciado avaló encarnizadamente al querellante en delitos de acción pública con argumentos, incluida una cita del procesalista Julio Maier, que parecen buscados por los abogados de Pedicone.

No importa la coherencia: lo que importa es aplastar a quienes revelan los abusos y los pactos espurios que han convertido al Poder Judicial en un apéndice del oficialismo hasta el punto de que las cuatro autoridades eclesiásticas de la provincia acaban de recordar a los jueces que no deben el cargo a nadie, y que están obligados a ser independientes. Estas disfuncionalidades llegaron al colmo de que el legislador Khoder revirtió “de facto” la resolución de Juicio Político que admite como prueba -en uno de los siete procedimientos de destitución que enfrenta Pedicone- los audios que Pisa había desechado. Al parecer, la admisión de las grabaciones fue “un error” dimensionado con el diario del martes. Otra vez la solución consistió en editar a medida el pedido dirigido a la escribana María Cecilia Aragón con tal de que los audios, que a esta altura equivaldrían a una mina antipersona, no salgan de la notaría. Los que observan esta tragicomedia comienzan a sentir ternura por Khoder quien, después del propio Jaldo, es el integrante de la Legislatura que más costos está pagando por los enredos derivados de la vocación de blindar a Leiva, de destrozar a Pedicone y de cruzar los dedos para que Pisa sustituya la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación con el 82% móvil por una simple y llana con efectos inmediatos que “obligue” a archivar las siete denuncias que solicitan su expulsión por el femicidio de Paola Tacacho. “Hay peores sordos que los que no quieren oír: son los ensordecidos por la propia sordina”, podría titularse esta obra de teatro.