14 Noviembre 2020
JOSÉ RICARDO ASCÁRATE. Legislador provincial por la UCR. Foto: Twitter @jrascarate
El escándalo generado por el empleado del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) detenido en Santiago del Estero junto a una mujer cuando llevaban unos 120 kilos de marihuana reavivó una vieja controversia en el ámbito político: la realización de controles y de estudios antidrogas entre autoridades y personal jerárquico como requisito para la permanencia en funciones en un cargo público.
El legislador radical José Ricardo Ascárate (bloque UCR-Hipólito Yrigoyen) presentó un proyecto de resolución mediante el cual propone que el cuerpo colegiado solicite a los titulares de los tres poderes del Estado provincial que "en forma urgente informen sobre el estricto cumplimiento de la ley 8.850", sancionada y promulgada en 2016.
Esta normativa, implementada luego del escándalo por la detención de un empleado legislativo acusado de integrar una banda de venta de estupefacientes, promueve la realización de estudios de drogas entre funcionarios que ocupan cargos con relevancia en cuanto a la toma de decisiones.
Por ello, Ascárate pidió que se remita un listado de las autoridades del Poder Ejecutivo (hasta rango de subsecretario y de comisionado rural, incluyendo el personal policial en todas sus jerarquías), del Poder Legislativo (hasta rango de subsecretario), de intendencias y concejos deliberantes (hasta el rango de subsecretario o director); y del Poder Judicial (magistrados en todos sus niveles, funcionarios constitucionales y jueces de Paz), entre otros, que hasta el momento "se realizaron los exámenes de detección de metabolitos de droga en orina (DDO)".
El radical pidió que se adjunte a la nómina "la fecha de realización, resultados y la documentación que respalda" los estudios en cuestión.
"Los hechos de público conocimiento que involucran y vinculan a personal del Siprosa con el narcotráfico desnudan la crisis institucional que atraviesa la provincia de Tucumán", fundamentó Ascárate.
Según el radical, "lo más grave es que esto certifica el financiamiento de la política con dinero proveniente del narcotráfico". "Dirigentes políticos han sido reemplazados con dealers, y para ello fue y es necesario que desde los poderes del Estado se mire al costado. Se ha llegado al colmo de usar talleres y depósitos del estado para almacenar estupefacientes. Debemos sacar a quienes están involucrados y no ser cómplices de los narcotraficantes", instó el dirigente aliado al diputado nacional José Cano.
"Con este proyecto pido que se informe sobre el cumplimiento estricto de la ley 8.850 y su decreto reglamentario, que todos los que ocupamos cargos políticos o jerárquicos nos sometamos a los estudios correspondientes, para empezar a depurar las mafias de la droga que están adueñándose de las reparticiones públicas", finalizó el opositor.
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