Por Santiago Re
14 Noviembre 2020
MEDIDA EXTREMA, Una jueza de Monteros dictó la protección para la víctima y luego se declaró incompetente para seguir entendiendo en el caso. la gaceta / foto de diego aráoz
La víctima, desesperada, recorrió los pasillos de Tribunales en busca de ayuda, pero no la encontró en el Centro Judicial de la capital, el de su lugar de residencia. Dos jueces, uno penal y otra de Familia, le negaron la medida de protección que la joven pedía por el acoso y la amenaza que había sufrido. Finalmente, una jueza de Monteros le dio lugar a la prohibición de acercarse que la víctima pedía.
A 15 días del crimen de Paola Estefanía Tacacho a manos de su acosador, Mauricio Parada Parejas, la situación de las víctimas de este tipo violencia de género parecería no haber cambiado en absoluto, o al menos así lo manifiesta M., una trabajadora de la salud que denunció acoso por parte de un paciente y que esta semana recibió la negativa de dos jueces de la capital a su pedido de restricción a acercarse.
“Es una persona a la que venía atendiendo por controles de rutina, y que no manifiesta estar en sus cabales. Sin embargo, lo traté bien y él se sintió cómodo. Sabía que él no estaba del todo bien, pero hasta hace poco no había habido inconvenientes”, explicó angustiada la profesional. “Comenzó a escribirme por cualquier cosa, y esa situación se volvió un acoso. No le di tanta importancia a la situación, hasta que el miércoles 28 de octubre me escribió: ‘te amo y te voy a matar’. A los dos días ocurrió el crimen de Paola. Sigo horrorizada de pensar que a mí me puede pasar algo similar”, añadió.
La joven quedó espantada con el trágico final que tuvo la profesora de inglés, y más aún cuando se conoció que Tacacho había denunciado 13 veces al estudiante que terminaría siendo su femicida. M. no dudó un minuto y acudió entonces a la Justicia para denunciar su caso, además comenzó a indagar sobre su acosador y descubrió dos cosas: primero, que la persona que la hostigaba tiene dos denuncias similares radicadas por otras víctimas, segundo, que su hostigador sería sobrino de un legislador.
“Da miedo que nada cambie. Me costó muchísimo poder hacer la denuncia, porque como no tengo vínculos con él, al igual que pasaba en el caso de Paola, no me creyeron. Después de varios intentos logré que asentaran mi denuncia en una comisaría. Una se siente desprotegida con estas situaciones. Al final me llamaron de la fiscalía e Violencia de Género para que ratificara, y finalmente hace unos días me notificaron que no se haría lugar al pedido de perimetral ni se notificaría al acosador por falta de pruebas, pero que al menos se seguirá investigando”, describió la profesional.
“Da miedo que no cuiden a las víctimas. Estoy advirtiendo sobre una persona con poder y con aparentes problemas mentales que me hostiga y sin embargo no me conceden ni una orden de restricción para que cese el acoso. Duele ver que el crimen de Paola no los hizo reflexionar en nada”, enfatizó.
La joven no se rindió. Por recomendación de su abogada, Dolores Remis, insistió con su planteo en un juzgado de Familia. Pero la magistrada tampoco le otorgó la protección por declararse incompetente.
M. agradeció a la Oficina de Violencia Doméstica que le realizó una pericia psicológica y la ayudó con esa medida para que le recibieran su denuncia en sede judicial. También aseguró que la jueza de familia, Mariana Josefina Rey Galindo, del centro judicial de Monteros, intercedió -hasta donde su competencia le permite- para intentar darle una solución.
Lo que M. no sabía durante la entrevista que le brindó a LA GACETA es que esa magistrada terminaría concediéndole su pedido de protección ayer en horas de la tarde.
Rey Galindo se amparó en las tratados internacionales que habilitan a los jueces de cualquier fuero a ordenar protección a una víctima y luego declararse incompetentes. Eso mismo hizo la jueza de Familia de un centro judicial diferente.
Otro agresor, “exiliado”
El nombre de Rey Galindo, por su parte, tuvo repercusión esta última semana luego de que la magistrada tomara una determinación sin precedentes: decidió expulsar de la provincia a un hombre que efectuaba violencia de género sobre su ex pareja, una joven famaillense.
El agresor ya había roto las prohibición de acercarse a su víctima (y había vuelto a pegarle) al menos dos veces, por eso la jueza aseveró que la mujer estaba “ante una situación de riesgo alto, donde se observa la naturalización de las diferentes formas de violencia tanto física como psicológica por las cuales se encuentra atravesando desde larga data”.
Al tomar la decisión de exiliar al violento, Rey Galindo argumentó: “cualquier consecuencia más grave en este caso, implica asumir la responsabilidad institucional, social y personal, por la falta de cumplimiento de las mandas convencionales vigentes”.
El acusado deberá ser escoltado por la Policía hasta la frontera más cercana y no podrá volver a Tucumán hasta julio de 2021, cuando deberá presentarse nuevamente ante un tribunal.
El suplicio de Paola
El caso Tacacho generó una gran movilización social. Luego del crimen de la profesora de inglés, cientos de ciudadanos protestaron en las plazas principales de dos provincias: la nuestra y Salta, de donde provenía la víctima.
Con la muerte de Tacacho quedó al descubierto que el acoso no está considerado un delito por el Código Penal. En estos días, las organizaciones solicitaron que se sancione la Ley Paola, que servirá de herramienta a las funcionarios judiciales. Pero hasta el momento no se produjo ningún avance.
El calvario de la víctima
1- El 28 de octubre, M. recibió un mensaje amenazador de parte de un paciente que había comenzado a acosarla en el último tiempo. La joven, en principio, prefirió no responder.
2- A la víctima no le recibieron la denuncia en la Oficina de Violencia de Género y en la sede Don Bosco de la Policía porque, según dijo, no se trataba de un caso de violencia familiar.
3- Terminó en la ex Brigada, donde le tomaron el caso. El expediente pasó a una de las fiscalías de Género y su titular solicitó que se le dictara una medida de protección.
4- El planteo fue rechazado por un juez penal primero y por una magistrada de Familia después. En cambio, la jueza Mariana Rey Galindo, de Monteros, le dio la protección.
Acudieron a la Corte
Denunciaron violencia institucional
La abogada Dolores Remis, quien le solicitó a la Justicia que ordene una medida perimetral en favor de M., la joven que denuncia acoso y amenaza por parte de un paciente, presentó además un escrito ante la Corte Suprema de Justicia advirtiendo violencia institucional debido a la negativa que recibieron por parte de dos jueces. La profesional requirió que “se dé efectivo cumplimiento a las normas convencionales en materia de género”. Además se puede leer el pedido de que “se adopten medidas necesarias para que los magistrados y funcionarios dependientes del Poder Judicial,cesen de incurrir en la violencia institucional, revictimizando a la víctima y exponiéndola a más violencia”.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
