13 Noviembre 2020
CONFLICTO RECIENTE. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DIEGO ARÁOZ
La profunda crisis del transporte que atraviesa Tucumán desde hace años, agudizada en el último tiempo por los recurrentes paros por conflictos entre empresarios de colectivos y trabajadores, llevó a la dirigencia política a buscar alternativas para la prestación del servicio público.
Legisladores del bloque oficial Justicialista de Todos, encabezados por el presidente de la comisión de Transporte del cuerpo colegiado, Tulio Caponio, firmaron un proyecto de ley que apunta a "autorizar al Poder Ejecutivo (PE) a constituir una sociedad de Transporte Automotor Suburbano Sociedad Anónima (TAS S.A.), a efectos de la administración y explotación del servicio de transporte público suburbano".
La iniciativa, impulsada también por los jaldistas Víctor Daniel Deiana, Mario Javier Morof y Dante Rolando Loza, establece un sistema estatal destinado a garantizar el traslado de la población sin la intervención de privados, algo que instrumentó recientemente el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera.
El proyecto sin embargo incorpora nuevos conceptos, como un régimen de boleto gratuito mediante la creación de un tributo provincial "de promoción del transporte público en el área suburbana".
Este gravamen sería percibido mediante la factura de la luz eléctrica que provee la empresa EDET SA, y sólo abarcaría a los residentes de las jurisdicciones en las cuales se prevé que llegue el servicio.
¿Cuáles serían los límites de los recorridos? El cuadrante compuesto por los municipios de San Miguel de Tucumán (como epicentro), de Tafí Viejo y Las Talitas (al norte); las comunas de El Manantial, San Felipe y Santa Bárbara (al sur); los municipios de Alderetes y Banda del Río Salí (al este); y el municipio de Yerba Buena (al oeste), y las comunas de Cebil Redondo (noroeste) y San Pablo (al suroeste).
El plan aportado por el jaldismo otorga dos atributos al PE: a crear la sociedad anónima TAS, que será la encargada "de la administración y explotación del servicio de transporte público suburbano"; y "a reglamentar todos los aspectos legales y operativos", y "a realizar las ampliaciones y/o adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento" de sus metas.
La empresa estatal, de ser creada, contaría con un directorio tripartito, integrado por un miembro designado y removido por el Ejecutivo, otro por el Legislativo, y completado por los usuarios mediante un procedimiento a definir por la Defensoría del Pueblo de Tucumán.
Las autoridades de la firma TAS recibirán honorarios que estarán a cargo de la SA, durarán seis años a partir de su fecha de nombramiento, y alternarán la presidencia del organismo de manera anual.
"Los miembros del directorio no podrán ser propietarios ni tener interés alguno, directo ni indirecto, en empresas reconocidas como actores privados del transporte automotor de personas en la provincia de Tucumán. Tampoco podrá
ser miembro del directorio las personas con vinculación al gremio del transporte", sostiene el artículo 2° del proyecto.
El esquema de la SA no contempla la incorporación de nuevos cargos en la Administración Pública, puesto que faculta a la firma "a contratar a personas para la realización de actividades y trabajos determinados bajo el régimen civil de la locación de servicios o de la locación de obra".
¿Cómo se abonaría el servicio?
El proyecto prevé que el boleto no tenga costo alguno para el pasajero. Para financiar el funcionamiento, sin embargo, se propone la creación del "tributo de promoción del transporte público en el área suburbana".
Este impuesto, según los fundamentos del proyecto, "se inspira" en el modelo implementado en 2010 por el Parlamento de Cataluña, mediante el cual se solventa la prestación del servicio en el toda el área metropolitana de Barcelona.
El tributo, sostiene el artículo 6°, estará constituida por dos puntos:
"La base imponible del impuesto establecido en la presente norma estará constituida por el monto mensual de la tarifa de electricidad que se abone sobre el inmueble. La alícuota será establecida en un 5% del monto de la tarifa de electricidad. La ley Impositiva determinará el impuesto mínimo. Están obligados al pago del impuesto establecido en la presente norma los obligados al pago de la tarifa eléctrica. EDET S.A. será agente de percepción del presente impuesto", explica el primer apartado.
El segundo, en tanto, refiere a un bien patrimonial. "Por cada inmueble rural o urbano, ubicado en el área territorial suburbana (...), se pagará un impuesto anual, según las alícuotas fijadas por Ley Impositiva. La base imponible del impuesto establecido en la presente norma estará constituida por el monto anual del impuesto inmobiliario. La alícuota será establecida entre un 1% y 10% del monto del impuesto inmobiliario anual. La ley Impositiva determinará el impuesto mínimo. Están obligados al pago del impuesto establecido en la presente norma los titulares de dominio, los usufructuarios y los poseedores a título de dueño. Lo recaudado integrará el presupuesto operativo de la TAS SA", expresa el proyecto.
Además, contempla que las "empresas automotrices radicadas en la provincia" puedan "pagar sus impuestos provinciales con vehículos destinados al sistema de Transporte Automotor Suburbano".
"Creemos que ha llegado el momento de realizar un cambio profundo, al menos en el ámbito del transporte público de pasajeros del área suburbana, y que el Estado Provincial impulse la creación de una moderna y eficiente empresa de transporte público a los fines de brindar un mejor y más eficiente servicio a los vecinos del área territorial suburbana", sostiene el texto elevado por el jaldismo en los fundamentos.
Además, justifica el uso del "modelo catalán" para el financiamiento del servicio. "Este tributo ha hecho posible en Barcelona un transporte público de calidad, con una red de metro y de autobuses de amplia cobertura territorial y horaria, fiable y de elevada frecuencia. A la vez ha permitido también un sistema tarifario integrado que facilita los desplazamientos a un mejor precio, y favorece la movilidad de la gente mayor, de las personas con discapacidad, los niños y las familias numerosas", se explica el texto.
Empresarios y trabajadores del sector habían expresado objeciones al régimen implementado por Noguera en Tafí Viejo. Ahora, resta ver si la iniciativa es un posible foco de conflictos en el ámbito legislativo, puesto que el oficialismo tiene los números tanto en la comisión de Transporte y Servicios Públicos como en el recinto legislativo para darle sanción al proyecto de estatización de el traslado en ómnibus.
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