Jaldo: “deben ir a la cárcel, sean del partido político que sean”

La ruta del narcotráfico que salpica a la política provincial ya resuena en la Legislatura. Tras la detención de Jesús Busto, el empleado del programa “Tucumán te cuida” que transportaba 120 kilos de marihuana en Isca Yacu, los indicios de que existe una organización de trabajadores del Siprosa vinculados a la comercialización de drogas son cada vez mayores. La presunta relación del grupo con dirigentes del justicialismo -en particular con el concejal de la Capital José Luis Coronel- ha producido la condena de políticos de todos los cuños.

“A todas las personas que andan metidas en el narcotráfico les debe caer el peso de la ley. Si un fallo judicial confirma que la situación es realmente como lo plantea la prensa, (los acusados) tienen que estar en la cárcel de por vida. Sean quien sean, ocupen el cargo que ocupen y sean del partido político que sean”, declaró el vicegobenador, Osvaldo Jaldo, ante una pregunta de LA GACETA. Sin embargo, aclaró la Justicia debe comprobar antes “si estas personas son delincuentes”.

Consultado sobre qué puede hacer el poder político para evitar que haya empleados públicos acusados de cometer delitos, Jaldo respondió que es necesario implementar requisitos más exigentes de ingreso laboral. “Después de haber vivido algunas experiencias de ese tipo, en la Legislatura hemos empezado a pedir certificados de reincidencia y no sólo los de buena conducta. Eso da mucha más transparencia a los antecedentes personales de cada uno”, dijo el tranqueño.

Justamente, otros de los trabajadores del Siprosa sospechados de integrar la red de narcomenudeo habían ingresado al Estado con certificados de buena conducta impolutos. Sin embargo, fuentes de la Policía provincial y de las fuerzas federales informaron luego que en el algún momento habrían estado al menos mencionados en causas por delitos contra la propiedad. Se trata de Miguel Ángel “Liro” Andrade, Walter Darío “Hombre Lobo” Cardozo y Rubén “Leke” Suárez.

“No se puede prejuzgar, pero tampoco se puede mirar hacia un costado como si nada pasara. Creo que todos los que están sospechados de realizar maniobras de estas características deben ser separados de sus cargos, de inmediato, hasta que la Justicia se expida”, opinó el vicegobernador. Y remarcó: “revistan el cargo que revistan; no podemos permitir que en la Administración Pública haya empleados que sean sospechados de hacer tanto daño a la gente y, en especial, a los jóvenes. El que trafica droga, trafica muerte y debe estar en la cárcel con cadena perpetua”.

Pedidos de condena

El legislador oficialista Reneé Ramírez, titular de la filial local de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), fue señalado como la posible vía que habría facilitado el ingreso de los acusados al Siprosa. Parlamentarios consultados por LA GACETA (ver en esta edición) condenaron la presunta situación delictiva que salpica a la cartera sanitaria, pero fueron cautos al hacer referencias concretas a las versiones que envuelven a su par.

“Empleados del Sistema de Salud con antecedentes penales estarían vinculados con el concejal Coronel, quien a su vez estuvo antes en el mismo espacio político que Reneé. Ellos se han alejado -expresó el legislador justicialista Daniel Deiana- El concejal estaría trabajando ahora con el diputado nacional Carlos Cisneros, pero más allá de eso toda esta situación le hace mucho daño no sólo a nuestro espacio, sino a toda la política. Coronel se defiende diciendo que detrás de esto hay intencionalidades políticas. Es grave eso; que denuncie porque, si no, nos afecta a todos”.

“Hay una interna gremial de la que no me corresponde opinar”, manifestó por su parte el vicepresidente primero del cuerpo, Gerónimo Vargas Aignasse, sobre la situación que involucra a ATSA. “Sí considero que es gravísimo que alguien haya usado el Estado para actividades ilícitas”, destacó.

Además de pedir explicaciones, legisladores de distintos espacios coincidieron en que la Justicia debe actuar con celeridad.