Dos camaristas decidirán recursos críticos del caso del vocal Leiva

Los destinos de dos resoluciones favorables a Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, quedaron en manos de los camaristas penales Emilio Páez de la Torre y Eduardo Romero Lascano. El primero recibió el recurso de apelación presentado por la Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad (Cedjus) contra la decisión del juez Juan Francisco Pisa que les denegó la condición de querellantes; dispuso la aplicación del viejo Código Procesal Penal discontinuado el 31 de agosto y excluyó los audios grabados por Enrique Pedicone, el magistrado denunciante de Leiva. Romero Lascano quedó al frente del recurso de queja por atentado que interpuso Pedicone contra la exclusión de las grabaciones que ordenó Pisa mientras está pendiente de resolución un per saltum en la propia Corte.

Las impugnaciones pretenden la revisión del trámite otorgado a la investigación de las presuntas presiones atribuidas a Leiva para “manejar las intensidades” de una causa penal por supuestos abuso sexual y actos de corrupción que involucra al legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). La causa comenzó el 1 de septiembre, día de inicio de la implementación total del nuevo Código Procesal Penal que transparenta y oraliza las pesquisas, y, en general, acelera los términos. Pero el ministro público fiscal subrogante en ese momento, Daniel Marranzino (sustituye a Edmundo Jiménez, que está de licencia), derivó la denuncia contra el vocal a la estructura judicial encargada de concluir los expedientes iniciados con el sistema viejo. En ese ámbito, tanto la fiscala Mariana Rivadeneira como el defensor de Leiva, Esteban Jerez, y Pisa coincidieron en que corresponde procesar la acusación con la antigua modalidad escrita y cerrada. Además, Pisa hizo lugar a la posición de Jerez de que nadie más que ellos dos y Rivadeneira podían formar parte del proceso. Acto seguido y sin requerir las grabaciones depositadas en la Escribanía de María Cecilia Aragón, Pisa las fulminó como prueba por pedido de Rivadeneira, quien a su vez acogió un planteo del abogado de Leiva.

Todo esto es lo que está en discusión en el Poder Judicial mientras Pedicone enfrenta siete pedidos de destitución en la comisión de Juicio Político de la Legislatura. El recurso de queja por atentado puesto a consideración de Romero Lascano sostiene que el per saltum incoado el 5 de octubre ante la Corte impedía a Pisa seguir tomando decisiones (por separado, Pedicone también apeló la exclusión de los audios). La fiscala Rivadeneira hizo la interpretación opuesta: consideró que, como los vocales no suspendieron los plazos, estos seguían corriendo. Pero la definición del per saltum está verde porque aún no se integró el tribunal. De hecho los camaristas Carlos Caramuti, Stella Maris Arce y Patricia Carugatti deben expedirse sobre la recusación que Leiva interpuso contra sus pares Claudia Sbdar y Daniel Posse. “La actividad de Pisa es ilegal mientras no haya una sentencia en el alto tribunal”, dijeron los abogados del denunciante, Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig.

Por la vía de la apelación, el director ejecutivo de Cedjus, Eduardo Ruiz Pesce, y el abogado Gustavo Morales aspiran a los mismos objetivos del per saltum: que les permitan intervenir como querellantes contra Leiva, y que el proceso sea tramitado con el esquema de audiencias orales y públicas (adicionalmente, recurrieron la desestimación de las grabaciones). De hecho Ruiz Pesce y Morales solicitaron a Páez de la Torre que los autorice a exponer sus argumentos en un acto abierto y presencial para que la comunidad y la prensa puedan ejercer el “noble contralor popular”.