Por Gustavo Rodríguez
12 Noviembre 2020
Otra línea de investigación narco vinculada al Siprosa
En Isca Yacu comenzó todo
Todo comenzó el 26 de octubre, en Isca Yacu, Santiago del Estero, a unos 75 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Ese día, la policía santiagueña detuvo a una pareja de tucumanos en un control de rutina. Mabel Costilla, que conducía un Chevrolet Onix gris, se puso nerviosa e intentó eludir a los efectivos. Los uniformados requisaron con autorización judicial el vehículo y encontraron 120 kilos de marihuana. La mujer y Jesús Busto fueron arrestados por orden del juez federal santiagueño Guillermo Molinari.
La fiscala federal de Santiago del Estero, Ileana Garzón, investiga el caso. Descubrió que Busto trabajaba en el programa “Tucumán te cuida”, que en tiempos de pandemia tiene, entre otras funciones, la misión de controlar el ingreso de personas en los puestos limítrofes de la provincia. Antes de ser detenido, desempeñaba su tarea en Las Cejas, lugar de paso obligado para ingresar a la provincia de las personas que transitan la ruta 34.
A más de tres semanas de haberse producido el hallazgo, la fiscala Garzón tiene una certeza: los detenidos podrían ser miembros de una organización que se dedica al tráfico de drogas para luego comercializarlas en la provincia. Sospecha que el rol de la pareja habría sido la de trasladar la marihuana y ahora está detrás de la línea más importante: quiénes son los dueños de la carga.
Escándalo por el empleado
Al tomar estado público el caso, las autoridades del Ministerio de Salud decidieron exonerar a Busto, ya que tomaron esa decisión dos días después de haberse producido su detención. En un comunicado de prensa se informaba la decisión que habían tomado; se detalló que el acusado de trasladar droga “formaba parte de la planta no permanente con una antigüedad de seis meses”.
Sin embargo, LA GACETA reveló que el joven detenido había posteado en Twitter el 19 de noviembre de 2019 imágenes de un acto de entrega de anteojos en la localidad de Agua Dulce en una de las acciones que realizó como promotor de la salud del programa “Tucumán te cuida”, es decir que ya prestaba funciones desde antes de abril de 2020, fecha en la que oficialmente se informó que había sido contratado.
El secretario del Siprosa, Luis Medina Ruiz, tuvo que salir a aclarar la situación. “Tengo el conocimiento de que desde hace seis meses cubría un reemplazo; anteriormente no tengo certezas pero parece que estaba adscripto. Se incorporó a todo aquel que fuera útil para trabajar, para proteger a Tucumán. Desgraciadamente no se puede saber la vida de cada uno”, declaró en una nota publicada en LA GACETA.
Hay dos cuestiones que no fueron aclaradas por los funcionarios de la Salud. La primera, dónde había prestado servicios antes de ser trasladado a “Tucumán te cuida”. Tampoco confirmaron o desmintieron que Busto habría sido separado transitoriamente de su cargo porque habría cobrado dinero para entregar anteojos que eran gratuitos.
Hasta ahora no se aclaró quién lo hizo ingresar al puesto que ocupaba. Las primeras versiones indicaban que podría haber ingresado al programa por recomendación del concejal José Luis Coronel. El edil desmintió esa información. Primero dijo que conocía a Busto de haber compartido actos políticos. También reconoció que ambos militaron en ATSA, pero en corrientes diferentes. Sin embargo, en las redes sociales apareció una imagen de ambos en El Cadillal, un lugar sin pancartas y sin el característico ruido de los bombos de los actos partidarios.
Otra línea investigativa
En 2016 la Delegación Tucumán de la División Antidrogas de la Policía Federal, con autorización de la Justicia Federal, comenzó a investigar un grupo que proveía drogas a diferentes redes de narcomenudeo de la capital y de ciudades del interior de la provincia. La pesquisa se inició con una denuncia anónima que vinculaba a trabajadores del Siprosa.
Con el transcurso de los meses, los investigadores descubrieron que la banda podría haberse dedicado al tráfico de marihuana y cocaína. Según las tareas de inteligencia que realizaron, la primera tanda de droga habría sido adquirida en Corrientes en grandes cantidades.
Mientras que podrían haber comprado la cocaína podrían en proveedores de Orán con contactos en Bolivia y la trasladaban a Tucumán con dos mecanismos. El más común, a través de “mulas” (pasajeros) que llevaban la sustancia en el interior de su cuerpo y utilizaban ómnibus de línea para trasladarse. Pero también recurrían a un novedoso sistema de postas: el traficante se trasladaba desde el norte del país hasta Rosario de la Frontera. Allí lo esperaba un miembro de la organización que lo traía en motos. En dos ruedas, para no levantar sospechas en los controles que hacen las fuerzas de seguridad en la ruta.
Según el expediente judicial, al que tuvo acceso LA GACETA, la droga, especialmente la marihuana, era trasladada a un lugar para “enfriarla” (mantenerla oculta para no levantar sospechas) que estuviera lejos de los controles y, fundamentalmente, de los ojos de los investigadores. Y ese lugar habría sido el Departamento de Operativos Móviles del Siprosa que está ubicado en Italia y Alberti, en la puerta de ingreso del barrio Juan XXIII, conocido como “La Bombilla”.
Allí, según informaron fuentes judiciales, hay varios talleres de producción de artículos y elementos que son necesarios para el funcionamiento de hospitales y CAPS del sistema de salud; allí se reparaban las ambulancias y los vehículos del organismo, que podrían haber sido utilizados para trasladar la sustancia. La repartición funciona en un predio de una manzana, donde hay una importante cantidad de depósitos al que no puede acceder cualquiera. Otro dato: el control y la custodia del lugar está a cargo de una agencia de seguridad privada, no de la Policía.
Trabajadores sospechados
En la causa figuran los nombres de varias personas. Pero fueron señalados como principales sospechosos Miguel Ángel “Liro” Andrade (foto), Walter Darío “Hombre Lobo” Cardozo y Rubén “Leke” Suárez, todos con prestación de servicios en ese departamento del Siprosa.
En el expediente al que tuvo acceso LA GACETA aparecen los certificados de buena conducta que habrían presentado los acusados para poder ingresar al Estado como empleados. Esos papeles están impolutos. Pero fuentes de la Policía provincial y de las fuerzas federales informaron que en algún momento habrían estado al menos mencionados en causas por delitos contra la propiedad.
Esa versión fue confirmada por LA GACETA en la Justicia. “Hombre Lobo” y “Leke” tienen un listado de causas que ocupan tres y cuatro hojas de Word, respectivamente. Andrade aparece con una causa por amenazas que fue archivada en 2018.
En la causa también figura el nombre del concejal Coronel, que llegó a ser titular del Departamento de Operativos Móviles, lugar que podría haber funcionado como centro de acopio y distribución de la sustancia. Los especialistas lo investigaron por dos razones: podría haber realizado con varios de los acusados viajes de pesca a Corrientes, uno de los sitios pesqueros más importantes del país y una de las puertas de ingreso de la marihuana paraguaya al país. La otra: los sospechados lo apoyaron abiertamente en la última campaña. Pero hasta aquí en la Justicia explicaron que no había pruebas en su contra.
Polémicos vínculos
Cómo ingresaron los acusados al Siprosa sigue siendo un misterio. Algunos de sus compañeros apuntan contra Coronel, pero, como lo hizo con Busto, negó esa acusación (ver nota en página 4). Otros indican que fue por los contactos que tenían con el gremio ATSA, que es conducido por el legislador oficialista Reneé Ramírez, y del que también forma parte el actual concejal. Hay fotos de los investigados apoyando la candidatura del parlamentario.
Resultó imposible constatar si los tres investigados ocupan algún cargo en el gremio que nuclea al personal de la salud. En la página oficial de ATSA se muestran los avances del gremio, las obras de su Ciudad Deportiva y la del centro turístico de El Cadillal, pero no se puede acceder al link que dice “Autoridades”. Coronel y Ramírez integraban el mismo sector de ATSA y fueron aliados políticos en las últimas elecciones provinciales. Pero por alguna razón se pelearon y dejaron de transitar juntos por los caminos de la política.
Ayer durante todo el día circuló la versión que “Liro”, “Hombre Lobo”, “Leke” y otros mencionados en la causa fueron desplazados de su cargo del Siprosa, pero al cierre de esta edición ninguna autoridad había confirmado esa versión.
La causa, paralizada
En mayo de 2019, según explicaron fuentes judiciales, los investigadores presentaron en una carpeta el fruto del trabajo realizado durante tres años al fiscal federal Carlos Brito. El funcionario, al entender que había indicios suficientes, pidió que se realizaran allanamientos en distintos sectores de la ciudad y en el Departamento Operativo Móviles del Siprosa.
En un año netamente electoral como fue 2019, el expediente cayó en manos del juez federal Daniel Bejas, que acaba de ser elegido para ser integrante de la Cámara Electoral Nacional. El magistrado no autorizó los allanamientos porque, a su criterio, no se habían reunido las pruebas que se necesitaban para concretar las medidas.
No archivó la causa, pero solicitó a los pesquisas que profundizaran algunas pistas y sumaran elementos. Los investigadores continuaron con la tarea pero no pudieron concluirla. En diciembre, por el cambio de autoridades a nivel nacional, los hombres que estaban al frente de este trabajo fueron enviados a realizar la misma tarea a otras provincias o pasaron a retiro. El expediente, según confirmaron fuentes judiciales, sigue en curso, pero es poco probable que se consigan resultados, por el tiempo transcurrido.
El caso más grave
Esta no es la primera vez que se descubren vínculos entre personas acusadas o condenadas en causas narcos y dirigentes políticos. El primero fue el caso de Julio César Trayán, puntero político de Villa Muñecas que trabajaba para el ex legislador Santiago Cano. Fue condenado en septiembre de 2018 por integrar una organización. Walter “Pico” Peralta, sindicado como líder Los 30, grupo sospechado de manejar una red de narcomenudeo en el sur de la capital, reconoció haber trabajado en el Concejo Deliberante para el ex edil Eloy del Pino. Por último, Antonio “Tony” Lobo, que espera ser enjuiciado acusado de dirigir un grupo que habría trasladado cocaína desde Salta, aspiraba ser delegado comunal de El Naranjo.
Pero esta investigación es la más polémica de todas, ya que quedaron bajo la mira el concejal Coronel, el legislador Ramírez y el gremio ATSA, donde ambos ocupan importantes cargos.
Por la caída de Bustos, comenzaron a divulgarse varias fotos de los sospechados con autoridades provinciales, entre ellas, la del mismo gobernador Juan Manzur. Pero esas fotos fueron casuales, tomadas en actos políticos y bajo ningún punto de vista indica que haya habido alguna relación de los investigados con los funcionarios.
No obstante, el legislador oficialista Javier Morof hizo un llamativo pedido a los días de haberse desatado el escándalo del caso Busto. “No lo están cuidando al gobernador como corresponde. Y más si meten gente en el Siprosa, gente cuidando la frontera, gente que mete droga… Hay que buscar la forma de blindarlo más. Los que realmente lo quieren, no deben dejar ni siquiera que se acerquen”, indicó.
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