EL DENUNCIANTE DENUNCIADO. El juez Pedicone. la gaceta / foto de Ines Quinteros Orio - archivo
Después de casi dos meses de espera, los audios grabados por el juez Enrique Pedicone para sustentar su denuncia contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, quizá salgan de la Escribanía de la notaria María Cecilia Aragón. Pero no para ser utilizados por la Justicia a los fines de esclarecer la acusación de los presuntos delitos atribuidos a Leiva, sino para el procedimiento de destitución de Pedicone en trámite en la Legislatura promovido por el abogado Alfredo Falú. Esta paradoja quedó plasmada en la resolución de la comisión de Juicio Político que admitió como prueba las grabaciones y el acta manuscrita del fedatario Fernando Valladares, y requirió copias del material depositado en la notaría de Aragón. Se trata de los mismos audios excluidos del proceso penal por el juez Juan Francisco Pisa a instancias de la fiscala Mariana Rivadeneira, quien a su vez acogió un planteo de la defensa de Leiva.
Además de las grabaciones, los legisladores autorizaron la producción de casi todas las pruebas documentales e informativas ofrecidas en los siete pedidos de expulsión incoados contra Pedicone luego de que, el 1 de septiembre, este expusiera que el vocal le había pedido que “manejara las intensidades” de una causa penal por supuestos abuso sexual y actos de corrupción atribuidos al legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). Con estos indicios, más las denuncias y las 310 páginas de respuesta que presentaron los abogados del denunciado, Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig, los miembros de la comisión de Juicio Político que preside el justicialista Zacarías Khoder deben resolver si acusan o no al magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento. El plazo para tomar esa decisión vence el 28 de este mes.
El destino de Pedicone depende del oficialismo porque ese sector dispone de nueve votos en la comisión: Khoder, Norma Mariela Reyes Elías, Adriana Najar, Renée Ramírez, Enrique Bethencourt, Graciela Gutiérrez, Sergio Mansilla, Gonzalo Monteros y Carlos Gómez. Completan Juicio Político los legisladores Julio Silman (alperovichista), Raúl Pellegrini (alfarista) y Mario Casali (bussista). En paralelo a la resolución de las pruebas, la mayoría rechazó las recusaciones fundadas en el déficit de imparcialidad por “prejuzgamiento” que Pedicone había interpuesto contra de Khoder, Najar y Reyes Elías (se informa por separado).
Con la disidencia de Casali, todos los miembros de Juicio Político se inclinaron por dar trámite a las solicitudes de destitución de Pedicone. Ese mismo día, la comisión rechazó y archivó los seis planteos contra Leiva con los votos en contra del bussista y de Pellegrini. A continuación y con el alfarista en minoría, el comité legislativo descartó la posibilidad de que el juez hiciera sus contestaciones en una audiencia oral y pública, y le exigió que se expresara por escrito.
IPOD Y ACTA. Las pruebas en poder de la escribana.
La admisión de los audios tachados por Pisa, Rivadeneira y Leiva en el ámbito de la impugnación de Falú genera interrogantes puesto que Pedicone los depositó en la Escribanía con el cargo de que esta sólo se los entregue a la fiscala en su presencia y con garantía de la cadena de custodia. La exclusión probatoria de los audios fue recurrida y tramita en paralelo con un per saltum articulado ante la Corte para discutir la decisión de Pisa de procesar la denuncia con la modalidad cerrada y escrita del viejo Código jubilado el 31 de agosto, y de denegar a Pedicone el rol de querellante.
Sobre las oficinas administrativas de la Corte cayó el mayor peso de las pruebas aceptadas por Juicio Político. El alto tribunal, por ejemplo, deberá informar “sobre las causas en las que Pedicone dispuso la liberación de presos con preventiva apartándose del artículo 284 del viejo Código Procesal Penal”. Esta amplitud habría sido dejada de lado respecto de los testigos. Según las resoluciones, Juicio Político omitió citar a funcionarios judiciales ofrecidos como el relator de Leiva, Andrés Garmendia; la secretaria de Superintendencia, Gabriela Blanco, y el propio secretario Valladares.
