Un abogado vuelve a quejarse por los plazos de un pedido de sumario para Leiva

Nicolás Mirande, abogado y militante de Pro, volvió a instar el procedimiento administrativo que promovió junto al ingeniero Fernando Vera del Barco para que el vocal Daniel Leiva (foto) sea sometido a un sumario, suspendido preventivamente y, si procede, sancionado. El 29 de octubre, el profesional interpuso un nuevo pedido de pronto despacho ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que resuelva el recurso que aquel había interpuesto contra el rechazo de las recusaciones de los vocales Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos.

“Hasta la fecha han transcurrido 21 días hábiles (30 corridos) desde la interposición del planteo y 14 días hábiles desde que las actuaciones pasaron a la elaboración de un dictamen jurídico obligatorio. Dicho plazo es notablemente excesivo en consideración de la gravedad institucional que tiene esta cuestión, lo que no puede ser soslayado por la Corte en su función de garante de la efectiva y rápida administración de justicia en beneficio de la ciudadanía”, opinó Mirande en un escrito dirigido a Sbdar. El abogado añadió que el término había excedido los 10 días previstos por la Ley de Procedimiento Administrativo y recordó que la norma responsabiliza a los funcionarios que incurrieran en la demora.Mirande y Vera del Barco habían requerido el 7 de septiembre a Sbdar que abriera una investigación interna y apartara al vocal denunciado por el juez Enrique Pedicone seis días antes. “Los integrantes de un cuerpo jerárquico no deben ser eximidos bajo ninguna circunstancia de la aplicación de sanciones mientras dure su mandato al igual que cualquier funcionario de rango inferior de acuerdo con el principio constitucional de igualdad ante la ley”, dijeron. Y añadieron que “era evidente” que Leiva había comprometido gravemente su imparcialidad como miembro de la Corte por haber evidenciado en los audios una cercana relación con altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo con la que supuestamente habría presionado a Pedicone.El 22 de septiembre, Leiva respondió que correspondía el archivo del procedimiento. “En primer lugar, los firmantes no acreditan ni siquiera mencionan las razones que justificarían su legitimación para formular la solicitud (de sumario con suspensión). Ello deviene harto suficiente para no dar trámite al pedido. Sin perjuicio de ello, este merece ser rechazado ‘in limine’ por resultar, además, manifiestamente ‘improponible’”, dijo. Y agregó: “prestaré toda la colaboración debida en la causa penal (a cargo de la fiscala Mariana Rivadeneira y del juez Juan Francisco Pisa). Cualquier otra pretensión es inadmisible”.