UN VIEJO Y VIGENTE RECLAMO. Las integrantes de diferentes organizaciones vienen solicitando desde hace años medidas de protección. LA GACETA / FOTO DE diego aráoz
¿La tecnología que se utiliza en casi todo el mundo podría haberle salvado la vida a Paola Estefanía Tacacho? Esa es una pregunta que no tiene ni tendrá una respuesta. Pero sí hay una certeza: la joven que fue asesinada hace una semana no tuvo chances de utilizarla porque en Tucumán sólo hay cuatro pulseras dual disponibles; o tendría que haberse mudado a Banda del Río Salí para utilizar la aplicación que se creó para proteger a las víctimas de violencia de género en esa ciudad.
La docente salteña recorrió los tribunales durante más de cuatro años buscando que la protegieran de Mauricio Parada Parejas, un ex alumno que la acosó hasta que la mató a puñaladas en Monteagudo al 500. “Su muerte dejó al descubierto la falla del Estado para proteger a las mujeres que sufren todo tipo de violencia de género. Y eso es lo que venimos reclamando desde hace varios años y nadie nos escucha”, aseguró Vicky Disatnik.
Paola fue acosada por Parada Parejas, quien nunca la agredió físicamente. Hubiera sido una candidata para utilizar la pulsera dual. Se trata de un instrumento que impide que un denunciado se acerque a su víctima. El sistema es sencillo: al acusado se le coloca una pulsera y la denunciante porta un instrumento que se activa cada vez que se viola la prohibición de acercamiento. Cuando ello ocurre, una alarma se enciende en el servicio 911 y el personal de guardia se comunica con el vigilado para informarle que está violando la restricción. Si no responde o si no se aleja del lugar, al saber su ubicación en tiempo real, ordenan su aprehensión por desobediencia judicial.
Dura realidad
El año pasado, durante la gestión de Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad de la Nación envió (en dos tandas) unos 100 equipos a Tucumán por las gestiones que realizaron los responsables del área de Seguridad de la provincia y el Ministerio Público Fiscal. Las pulseras fueron entregadas a la división de Violencia de Género de la Policía, pero son los funcionarios judiciales los que deciden quiénes deberían usarla. El número es insignificante si se tiene en cuenta que, en promedio, en este año se recibieron 1.200 denuncias por mes.
“El criterio que utilizábamos era uno solo: atendíamos los casos más graves y los que podrían representar un claro peligro. Era lo que nos permitía el sistema, porque no podíamos conseguir de manera urgente estudios psiquiátricos para definir la peligrosidad del denunciado”, explicó una fuente de tribunales.
De las casi 100 pulseras duales, casi el 40% está fuera de servicio. Más de una veintena fueron enviadas a Buenos Aires para ser reparadas -trámite que está demorado por la pandemia- y hay otro 15% aproximadamente que no pueden ser usadas porque, por ejemplo, sus tenedores perdieron los cargadores o extraviaron alguna pieza que impide su funcionamiento.
Según la norma vigente, el fiscal solicita la colocación de la pulsera y un juez de instrucción, además de definir si acepta o no el planteo, como cualquier otra medida cautelar, fija el tiempo que el imputado deberá tenerla colocada. En promedio, las usan entre dos o seis meses o, hasta que las partes llegan a una resolución del conflicto a través de una mediación.
Además, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, se suspendieron los plazos de todas las medidas cautelares, por lo que no hay una reposición de pulseras. “Nos hemos reunido con los funcionarios judiciales para plantearles buscar una solución a este problema. Tampoco tenemos el personal suficiente para custodiar a todas las víctimas”, indicó el comisario Luis Perdigón.
La fiscala Adriana Reynoso Cuello, que está al frente de la Fiscalía Conclusional de Violencia de Género buscó solucionar el problema citando a las víctimas para preguntarles si estaban en condiciones de devolver las pulseras para proteger a otras mujeres. Pero, según confiaron fuentes judiciales, sólo escuchó respuestas negativas.
Fuentes del MPF confirmaron que están realizando las gestiones para la compra de más equipos. La mayoría serán pulseras duales que serán entregadas a las dos fiscalías de Violencia de Género. El precio de cada equipo oscilaría entre los U$S 1.000 y U$S 1.200.
Recurso bandeño
Los ojos de la Justicia y de diferentes áreas del Poder Ejecutivo se depositaron en Banda del Río Salí. Meses atrás en ese municipio se lanzó una aplicación para proteger a las víctimas que tienen medidas de restricción a su favor. “Comenzamos a trabajar en esto en junio y podemos decir que la prueba piloto se superó y arrojó muy buenos resultados. Ahora estamos en condiciones de buscar ampliar la cantidad de aplicaciones descargables para que esta herramienta llegue a toda la sociedad”, explicó Marcelo Moreno, secretario de Seguridad de esa ciudad.
El funcionario explicó que la aplicación es un botón antipánico para prevenir distintos casos: hechos delictivos, disturbios, incendios y casos de violencia de género; entre otros. Indicó que durante la etapa piloto se otorgaron 1.700 aplicaciones a comerciantes y a empleados de instituciones, clubes, escuelas e iglesias.
“En materia de violencia de género, sé que por lo menos 20 víctimas solicitaron en la Justicia y nosotros les instalamos la app. También me consta que al menos cinco de esas mujeres utilizaron el botón antipánico y la Policía o los vigías llegaron para asistirla ante la posibilidad de un ataque o incumplimiento de una medida de restricción”, detalló. (Colaboración periodística: Santiago Re)
- Fe de erratas
Ayer se consignó erróneamente que la titular de la Corte, Claudia Sbdar, pidió una auditoría al Ministerio Público Fiscal, cuando en realidad solicitó que los auditores pidan información sobre las 13 denuncias que realizó Tacacho y una investigación dentro del ex juzgado de Instrucción III.
