05 Noviembre 2020
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El motoarrebato es uno de los delitos que más inquieta a los tucumanos. Los delincuentes sobre ruedas recorren sin distinción las calles del microcentro, de los barrios periféricos y de las ciudades del interior a la caza de víctimas. El más mínimo descuido es, para ellos, una oportunidad de hacerse de una cartera, de un celular, de una mochila, e incluso de otra motocicleta. En los últimos días se reiteraron hechos de inseguridad bajo esta modalidad de robo -en algunos casos, con armas de fuego-. Sin embargo, la preocupación por estos atracos no es una novedad.
Desde 2017 hasta hoy, hubo distintas iniciativas que apuntaron a reducir el margen de acción de los "motochorros". Fueron impulsadas desde distintos ámbitos del Estado: el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la Legislatura provincial. Algunas de ellas, lisa y llanamente, han fracasado en su implementación. Otras no han sido aplicadas al 100%. ¿En qué quedaron las normativas que destinadas a contrarrestar los motoarrebatos?
La experiencia "Hofer"
En febrero de 2017, el hoy juez penal Paul Hofer comenzó a despedirse del cargo de secretario de Seguridad cuando planteó una propuesta destinada a fortalecer los controles viales, entre otras medidas para disuadir los motoarrebatos.
El actual magistrado había solicitado que la restricción de circular para dos personas en una sola moto se haría por zonas y en horarios determinados, según la información que se obtuviera de la elaboración de un mapa del delito.
También solicitó que se aprobara por ley el uso de casco, chaleco reflectivo con el dominio incorporado en la espalda y la prohibición de la carga de combustible a los infractores.
“No queremos complicarle la vida a los trabajadores, necesitamos tomar medidas extremas. Esta es una medida contundente, sabemos que no es la solución definitiva, pero esto va acompañado con otro tipo de acciones para abordar causalmente al delito”, afirmó el ex funcionario en aquella ocasión.
La propuesta no avanzó por falta de consenso, pero sí se creó posteriormente el Grupo de Operaciones Motorizadas en la Policía y se dio inicio al plan de compactación de motos secuestradas después de seis meses sin que fueran reclamadas por sus titulares.
Desde el Ministerio Público Fiscal
En marzo de 2018, el gobernador Juan Manzur promulgó la "Ley de Motochorros", que había sido trabajada por un grupo de legisladores oficialistas en conjunto con representantes del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de Tucumán, a cargo de Edmundo Jiménez.
La norma fue aprobada por unanimidad en la Legislatura. Y alcanzaba a los delincuentes motorizados (incluyendo arrebatadores y asaltantes de rodados, entre otros) y a los “rompevidrios” (que rompían los vidrios de la ventanilla de vehículos para apoderarse de objetos de valor).
¿En qué consistía esta legislación? Mediante la inclusión de un apartado en el viejo Código Procesal Penal de Tucumán, se habilitaba a los magistrados a dictar la prisión preventiva en contra de los autores de estos atracos.
Los fiscales comenzaron a utilizar la norma y los jueces la terminaron aceptando. Sin embargo, desde la Cámara de Apelaciones comenzaron a revocarla por considerar que era una medida inconstitucional, por lo que en menos de un año se la dejó de lado.
Los chalecos de Romero
Fueron como una moda pasajera. Hubo incluso vendedores ambulantes que se dedicaron exclusivamente a ofrecerlos. Pero el sistema de chalecos reflectivos impulsado por el subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, lentamente parece haber quedado en el olvido.
La normativa municipal establecía la obligatoriedad del uso de estas prendas, tanto por razones de seguridad como para disuadir a los asaltantes del uso de motocicletas para perpetrar robos. Fue una decisión administrativa, y en principio logró un alto grado de acatamiento.
En la actualidad, en las calles de la Capital se ve pocos motociclistas utilizando aquellos chalecos.
Desde una comisión de la Legislatura
La última medida destinada a contrarrestar los motoarrebatos surgió de la propia Legislatura, bajo la denominación de "Ley Anti-Motoarrebato" (AMA). Fue impulsada por el presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, e incluyó una serie de novedades, además de un intento por darle marco legal a otras ideas planteadas con anterioridad.
La norma fue sancionada a fines de mayo, y promulgada un mes después por el gobernador Manzur.
El texto dispone la realización de estrictos controles viales, enmarcados en la Ley Nacional de Tránsito, mediante la participación de policías de la Provincia y de funcionarios judiciales, con la colaboración de efectivos de fuerzas federales y de agentes municipales.
Además, prohíbe la circulación de dos adultos en una única motocicleta (salvo ciertas excepciones previstas, como que se trate de un familiar directo).
También dicta multas altas, y que lo recaudado sea destinado a reequipamiento policial.
Según un informe que recibió la comisión de Seguridad y Justicia desde la Policía de Tucumán, entre el 15 de mayo y el 31 de octubre fueron retenidos más de 8.000 vehículos (casi 7.500 motos) por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.
Fuentes oficiales advirtieron que, por el contexto de pandemia, la norma no se aplica en su totalidad.
De todos modos, en la comisión de Seguridad de la Legislatura esperan que con el ingreso de más policías hacia fin de año -necesarios para llevar a cabo los controles- además de la compra de motos, de camionetas y de cámaras de seguridad, la ley "AMA" pueda ser implementada en el futuro inmediato.
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