El caso Paola despabiló a todos

Los sucesivos escándalos que sacudieron a la Justicia tucumana durante los últimos años, en especial en este pandémico 2020, no habían logrado que sus integrantes despertaran de un largo sueño de silencio y especulación. “Todo pasa”, parecía ser la frase de cabecera de magistrados de distinto nivel en la pirámide de mando del Palacio de Justicia. El celador de sueños de Tribunales fue la complicidad de los otros dos poderes del Estado: ni el Ejecutivo ni el Legislativo se habían preocupado en ver qué sucedía allí o si es que algo funcionaba mal, respecto de la ola de inseguridad y violencia, que se convirtieron en un tsunami con la muerte de Abigail y el linchamiento de “Culón”. Esa fue la gota que rebalsó el vaso en los otros poderes.

El vicepresidente de la Legislatura y vocero de Juan Manzur, Gerónimo Vargas Aignasse, pre caso Paola había advertido en LA GACETA Play que iban apuntar fuerte contra la Justicia. Avisó que exigirían explicaciones y que avanzarían contra los magistrados de ser necesario. “Es un problema exclusivo de la Justicia, no de la política”, dijo sobre el caso Abigail. El mensaje fue potente y claro: el oficialismo está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que el impacto social de los últimos casos de inseguridad y de violencia no caiga sobre sus espaldas. Ni eso inmutó a la Corte Suprema, al menos de cara a la sociedad.

Sin embargo, si el caso Abigail rebasó el vaso, el de Paola Tacacho lo volteó. El grito social contra el Poder Judicial estalló en la calle, en las redes, en los grupos de WhatsApp, en los medios y en los hogares. Ya no era la niña de clase baja a la que nadie le prestó atención por ser pobre, como denunció el papá de Abigail. Ahora le tocó a la profesora de inglés reconocida, de un colegio importante y con un pasar tranquilo. La aclaración no va para plantear una diferencia de “clases” respecto del trato de la Justicia a un tipo de caso u al otro, sino para marcar que la sociedad, en todas sus escalas, ya no ve lejana a la impunidad: crece la noción que cualquiera puede terminar muerto en la vía pública, aunque proliferen las denuncias y las causas contra agresores y delincuentes de distinto tipo.

Fin del letargo

Paradójicamente, el Día de los Santos Difuntos la Corte pareció resucitar.

Hizo falta que el vaso de la tolerancia social se rompiera para que ese día la titular de la Corte, Claudia Sbdar, pidiera una auditoría urgente respecto del accionar del juez Francisco Pisa en las causas relacionadas a Tacacho. Si bien tardía, la medida tuvo impacto y repercutió en el Ministerio Público Fiscal y en la Casa de Gobierno.

En avenida Sarmiento, porque desde el Palacio del pasaje Vélez Sársfield tampoco quieren cargar con la culpa completa. Desde la casa de los ministros del máximo tribunal estarían deslizando que el MPF erró en no monitorear a Pisa y ordenar, por ejemplo, que se unificaran las causas contra Parada Parejas. Eso habría llevado a juicio y posiblemente a la cárcel al femicida, según explican. Paralelamente, la Corte amplió el pedido de auditoría sobre Pisa y ahora se investiga no sólo el caso Tacacho, sino todos en los que intervino el juez relacionados a femicidios y violencia doméstica. Podrían surgir varias sorpresas.

El pedido de Sbdar repercutió en la Casa de Gobierno porque puso en un brete al gobernador. Pisa solicitó el 15 de octubre pasado que aceptaran su renuncia para acogerse a la jubilación. La oposición siempre denunció que el magistrado habría sido un alfil del oficialismo en la Justicia para licuar casos complejos en favor del poder gobernante. Si ahora le acepta la renuncia y evita su juicio político, el lío ya sí sería de la “política” y no de la Justicia, como dijo Vargas Aignasse. ¿Qué pesará más en ese juego de intereses?

Caminos posibles

Que el Gobierno le acepte la dimisión significaría evitarle el dolor de cabeza del escarnio público a Pisa y la posibilidad de que acceda tranquilamente a su jubilación. Sería una suerte de perdón. ¿Lo hará, aún si la propia Corte pide un juicio político contra Pisa?

Ante todo este descalabro se observa una tirantez creciente entre los poderes del Estado. Hay indicios de que la Justicia no estaría dispuesta a recibir todos los golpes, como pareciera ser la intención del oficialismo según algunos interpretan tras las palabras de Vargas Aignasse.

Una de las señales fue la acción de la propia Sbdar contra Pisa. Otra, el fallo que revocó el sobreseimiento contra Franco Morelli y varios ex funcionarios del oficialismo en Concepción. Es un complejo caso de corrupción, que podría rozar a dirigentes más encumbrados. Los integrantes de la Cámara que emitieron el fallo habrían recibido diversos mensajes para que su resolución fuese diferente. Pero también el aval para que revivieran la causa. ¿Fue una respuesta al mensaje que había enviado Vargas Aignasse?

Arrecian las conversaciones sobre probables pedidos de intervención sobre el Poder Judicial de Tucumán y los jueces parecen estar dispuestos a no perder esa guerra sin pelear. De hecho, el poderoso Sergio Massa, de paso por Tucumán, lanzó un discurso casi idéntico al de Vargas Aignasse -que lo acompañó en la rueda de prensa- y pidió más control, concursos quinquenales y cambios en la Justicia.

Los estrategas políticos de Manzur razonan que al Gobierno le convendría que eso pase. Le daría un respiro al golpeado Poder Ejecutivo con la inseguridad, porque avalaría su teoría de que el problema es ajeno, no suyo. También le permitiría sacar del medio a poderosos lores de Tribunales, que se mueven con soltura y sin tanto compromiso ante los pedidos políticos.

La moraleja de la historia es que la sociedad, en definitiva, tiene el poder de forzar cambios, como mostró con el caso Paola. Pero también que toda modificación en el statu quo del poder responde a su propia necesidad, no al de la ciudadanía.