A Manzur le piden que deje que un juez sea enjuiciado

La noticia de que el juez Juan Francisco Pisa había presentado al Poder Ejecutivo la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación con el beneficio del 82% móvil avivó las voces que reclaman que el desempeño del dimisionario sea juzgado y destituido por el Jurado de Enjuiciamiento. Sólo una expulsión de esa naturaleza impediría que Pisa acceda a uno de los haberes más altos del sistema previsional que podría superar los $ 300.000. Para que el juez se retire con la jubilación común es menester que el gobernador Juan Manzur no acepte la renuncia, acto que cancela los procesos de remoción incoados por el femicidio de Paola Tacacho. En 2017, Pisa rechazó la elevación a juicio de una denuncia de violencia y sobreseyó al femicida Mauricio Parada Parejas.

“Es una vergüenza que este juez crea que con una simple renuncia puede enmendar la situación”, opinó el diputado nacional José Cano (UCR). Y añadió: “el caso de Paola no fue sólo un error, sino que es el resultado de un Estado ausente y de una Justicia ineficiente que no protege a los tucumanos que se cansan de pedir ayuda. Aceptar la renuncia de Pisa sin juzgarlo es ser cómplice de la impunidad”. Cano manifestó que otorgar al funcionario la posibilidad de jubilarse con “el privilegio del 82% móvil” era inaceptable: “las instituciones le deben a Paola un juicio político. Esto no va a cambiar lo que pasó, pero puede que cambie el futuro”.

Con la misma tesitura, legisladores de la mesa parlamentaria de Vamos Tucumán solicitaron a Manzur que no evite el enjuiciamiento de Pisa por su falta de perspectiva de género y de compromiso en la lucha contra la violencia machista. Los alfaristas Walter Berarducci y Raúl Albarracín, y Federico Masso (Libres del Sur) hicieron el requerimiento al Poder Ejecutivo con el argumento de que era necesario que la comisión de Juicio Político de la Legislatura que encabeza el justicialista Zacarías Khoder analizara las denuncias. “La renuncia condicionada que presentó Pisa evidencia una clara intención de evadirse del sometimiento a los poderes de la Constitución”, dijeron.

El legislador radical José María Canelada precisó que Manzur había recibido la oportunidad de ponerse del lado de las víctimas de la impunidad. “La provincia necesita que este tipo de conducta negligente e irresponsable de los funcionarios públicos comience a ser castigada, y no termine con un premio”, opinó.