“Los femicidios deben ser un punto de inflexión”, dice Sbdar

El dolor debe conducir a la acción, y ese hacer comienza por volver la mirada hacia la Constitución y marchar en la dirección que ella establece. Esta podría ser la síntesis del diálogo con Claudia Sbdar, primera presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y promotora de la Oficina de Violencia Doméstica y de la Oficina de la Mujer. “Los aberrantes femicidios que nos conmueven como sociedad tucumana en estos días deben ser un punto de inflexión para todos quienes compartimos responsabilidades públicas en la prevención, la persecución y el castigo del delito”, manifestó a LA GACETA sobre la base de un documento que escribió. Sbdar agregó que los funcionarios debían desarrollar su tarea “con una imprescindible perspectiva de género”, y aseguró que hacía falta la labor conjunta de los distintos sectores del Estado.

“Cada poder y organismo debe hacerse cargo de las obligaciones que le son impuestas por la Constitución y las leyes para esa permanente batalla contra la criminalidad”, dijo. Sbdar advirtió que los discursos estaban agotados: “ya no hay lugar para declaraciones vacías de solidaridad con la familia de la víctima y de voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias. Hace tiempo ha dado la hora de que todos hagamos lo que nos corresponde”. La jueza suprema recordó que el Poder Legislativo debía dictar las leyes, resoluciones y declaraciones necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías consagrados en la Constitución y los tratados, incluidas las normas de procedimiento. “Por su parte el Poder Ejecutivo tiene el comando de la Policía provincial, institución encargada del mantenimiento del orden público, la seguridad general y la paz social tanto en sus funciones de seguridad como de auxiliar de la Justicia, según la Ley 3.656. El artículo 101 de la Constitución dice que es obligación del Gobierno adoptar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público, y garantizar la seguridad mediante el desarrollo de estrategias y de políticas multidisciplinarias de prevención del delito y de la violencia”, evocó.

La entrevista ocurrió en un momento de crisis múltiples y de abundantes críticas al funcionamiento del sistema judicial. Cada semana explota un caso nuevo, que agrava los anteriores, como demuestran las historias de Paola Tacacho, víctima de femicidio en la vereda, y de Abigail Riquel, la niña abusada y asesinada que luego fue vengada con la ejecución del sospechoso José Guaymás. En paralelo, la Corte enfrenta desde hace 66 días las repercusiones de la denuncia del juez Enrique Pedicone que cuestiona al vocal Daniel Leiva, entre otros embates delicados. Las denuncias de Pedicone y de (al menos una de las 14 que hizo) Tacacho tienen como denominador común la actuación del juez Juan Francisco Pisa. Ayer trascendió que, en pleno fragor de la causa “Leiva”, aquel presentó la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación con el beneficio del 82% móvil: si el gobernador Juan Manzur la acepta, caerán las presentaciones que piden su destitución a la comisión de Juicio Político de la Legislatura (se informa por separado en esta edición). Sbdar, quien el lunes ordenó una auditoría en las actuaciones de Tacacho, reiteró que no hará comentarios sobre los casos concretos porque es su responsabilidad resguardar la garantía de imparcialidad, y opinar y juzgar en el ámbito de los procesos en los que le corresponda intervenir.

En cuanto al Poder Judicial, la presidenta de la Corte distinguió tres planos, cada uno con sus propias dirección, funciones y deberes. En primer término mencionó a la magistratura, espacio del que ella forma parte: “la componen los vocales de la Corte y de las cámaras, y los jueces y las juezas, quienes tienen a su cargo la función jurisdiccional consistente en tramitar y resolver con arreglo a la Constitución y a las leyes, dentro de sus zonas de competencia, las causas sometidas a su conocimiento”.

El sistema judicial comprende a otros dos organismos con atribuciones propias, y autonomía funcional, administrativa y financiera: el Ministerio Público Fiscal, y el Ministerio Pupilar y de la Defensa. Sbdar explicitó que el primero estaba dirigido por el ministro fiscal (Edmundo Jiménez): “a las fiscalías les corresponde promover la acción de la Justicia en defensa del interés público y de los derechos de las personas; orientar su actuación a la satisfacción de los intereses y promover los derechos de las víctimas, y procurar la solución del conflicto surgido como consecuencia del delito para restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social”. En cuanto a las defensorías oficiales (al mando del superior Washington Navarro Dávila), la presidenta consignó que su cometido era “instar a hacer cumplir las leyes en sentido amplio para la protección y la defensa” de los particulares, especialmente de quienes sean vulnerables o padezcan una discriminación estructural.

En cuanto a su órbita específica, Sbdar llamó la atención sobre el papel relevante de los juzgados, o despachos de primera o única instancia: “cuando sus decisiones son fundadas en el orden jurídico vigente, es decir, reúnen las exigencias constitucionales de un pronunciamiento válido, generan confianza, disuaden la litigación y descomprimen el sistema judicial. De allí la importancia del proceso de selección de estas juezas y de estos jueces”. Dicha labor está a cargo del Consejo Asesor de la Magistratura, pero la decisión sobre la propuesta de candidatos depende del Gobierno y requiere el acuerdo legislativo.

“La independencia es un factor determinante de la generación y el fortalecimiento de la confianza en el sistema judicial. Los jueces debemos ser independientes de los poderes políticos y económicos, y de los medios de comunicación y de los tribunales superiores”, reflexionó. Según Sbdar, quienes integran la magistratura no tienen que buscar la popularidad, sino “lograr que los entiendan”, aunque haya discrepancias. “Son los motivos de la sentencia los que eliminan todo oscurantismo. Como expresa (Michele) Taruffo, la motivación es el instrumento por medio del cual la sociedad conoce y verifica las razones por las cuales los jueces ejercemos su poder de un modo determinado en los casos concretos”, citó.

La vocal enfatizó la necesidad de que haya transparencia. “Queremos una Justicia transparente en sus procedimientos. Todo el quehacer del Poder Judicial, en tanto organización del Estado, debe estar al alcance de la comunidad. Tenemos que sostener los principios republicanos y por eso hemos tomado medidas importantísimas que apuntan a que la comunidad sepa qué es lo que estamos haciendo”, apuntó. Y detalló: “así es que todas las acordadas de la Corte y las resoluciones de la Presidencia están a disposición para ser consultadas en la página web (justucuman.gov.ar) del Poder Judicial, y lo mismo ocurre con la ejecución presupuestaria”.

La presidenta de la Corte manifestó que había que trabajar para “desterrar la disociación que existe entre la valiosa tarea que mayoritariamente realizaban” en el Poder Judicial, y lo que la sociedad conoce o entiende con relación a ella. “Los jueces debemos tener una actitud positiva hacia la transparencia y la interlocución con los medios de comunicación pues con ello contribuiremos a la tarea pedagógica de explicar y difundir el contenido de la ley y el funcionamiento de la Justicia, así como a hacerla más accesible a la opinión pública”, consideró. Sbdar aseveró que esa actividad debía ser gobernada por la moderación y la preservación de la imparcialidad, y que también había que saber callar: “a veces no debe confundirse con silencio aquella cualidad tan importante que el papa Francisco nos pide a los jueces, la prudencia”.