“¿De qué lado están?”: sigue activa la pregunta de Binder

La interpelación

“Nadie puede hacerse el tonto”

“En el caso del vocal Daniel Leiva se juega el futuro de la Justicia de Tucumán: nadie puede hacerse el tonto”, opinó Alberto Binder, uno de los promotores del nuevo proceso penal, en una entrevista publicada en la edición del 1 de noviembre. El jurista manifestó que el futuro había empezado el día que el juez Enrique Pedicone denunció a Leiva: “en esa pelea no hay lugares intermedios. Mientras un sistema trata de hacer las cosas a la luz del día, el otro quiere las sombras. O se está con lo viejo o se está con lo nuevo”. En especial, Binder convocó a los abogados de todos los ámbitos a “limpiar la basura que había quedado a la vista”: “tenemos un problema con la abogacía. Hay que recuperar la dignidad. En esto nadie puede mirar hacia otro lado... Tienen que decir ya mismo de qué lado están”. LA GACETA trasladó esa pregunta a 20 actores del foro, entre ellos las cabezas del sistema judicial, los académicos y los dirigentes profesionales, y publicó sus reacciones el lunes. Aquí van los posicionamientos que llegaron ayer.

Las respuestas

“La defensa de las instituciones requiere la urgente dilucidación de los hechos acaecidos para devolver confianza. La reacción de los diversos involucrados deberá producirse dentro de los límites, mecanismos y competencias que ensamblan al Estado de derecho. El Colegio de Abogados del Sur, en consonancia con lo resuelto por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), se alinea detrás del ideal de que ‘los tres poderes del Estado respeten la división y el equilibrio entre sí, y la necesaria independencia judicial en pos de la existencia real de un Estado de derecho y de la vida democrática’. Estamos del lado de la defensa de los abogados en el diario y libre ejercicio profesional; del pregonar transparencia en las gestiones públicas y del respeto por las instituciones. La sociedad tucumana espera ejemplos buenos, que les permitan afianzar la confianza en la importantísima tarea de la función pública”. (Gustavo Geria Lépore, vicepresidente a cargo del Colegio de Abogados del Sur).

“La opinión de Binder es libre y procede de un prestigioso jurista que nos está observando desde afuera. Debemos tenerla en cuenta. Su descripción de la Justicia tucumana preocupa. Respecto de sus manifestaciones, hay que tener en cuenta que el Colegio de Abogados de la Capital se manifestó de manera inmediata ante los hechos que sucedieron y solicitó a los jueces involucrados que pidieran licencia mientras se tramitan las investigaciones. Por otro lado, el Colegio cuestionó con firmeza la decisión de la Legislatura cuando esta pidió y publicó el informe con la liberación de los presos que se atribuía al juez Pedicone. Entiendo que nuestra Justicia está ante un momento histórico. Espero y ansío que todos los que de alguna manera actuamos dentro de ella logremos estar a la altura de estas circunstancias”. (Esteban Padilla, consejero titular por los Abogados de la Capital en el Consejo Asesor de la Magistratura)

“La entrevista de Binder presenta muchas ventajas para el ciudadano común porque concreta opiniones sobre temas específicos que los hacen de fácil interpretación. Me pareció muy buena la defensa de las grabaciones como pruebas al considerar su legitimidad de origen. La estructura corporativa que tiene patas en todos los poderes y, en especial, en el Judicial sólo se combate si estamos dispuestos a correr el riesgo en el que nos coloca el decir lo que pensamos. La única diferencia que tengo con Binder es su opinión sobre el Colegio: creo que se manifestó más por desconocimiento que por una crítica. El Colegio es el único ente que cumple una función pública no estatal que marcó diferencias en los temas que nos ocupan”. (Marcelo Fajre, abogado)

“Los ciegos, sordos y mudos tienen nombres y apellidos. Al tsunami desatado por el coraje civil de Pedicone hay quienes pretenden reducir sus mortales efectos circunscribiéndolos a una cuestión absolutamente menor, leguleya y formalista, y enmarcarla en una ‘exclusión probatoria’ de índole procesal. Es decir, con un débil arbolito tapar el copioso bosque. Otros, los más hipócritas, sostienen que hay que guardar silencio, pues está interviniendo la justicia (con minúscula, claro). A su vez, quienes poseen las vanidades de supuestos doctos y académicos, quieren darnos cátedras de una inexistente división de poderes, independencia del poder judicial (con minúsculas) y, también, de la majestad de las investiduras de sus miembros. Empero, las acusaciones severas de Binder son de vieja data y se remontan a la colonización de la justicia que llevó a la inscripción de los candidatos a jueces en el Ministerio de Edmundo Jiménez y a la proliferación de la corrupción. Los casos ‘Lebbos’ y ‘Teves’ son elocuentes ejemplos del sometimiento obsceno de la Justicia al poder político. Ante una Legislatura inerte, cientos de letrados hemos exigido asambleas públicas al Colegio con la intervención de magistrados y funcionarios para intentar corregir este oprobioso rumbo. Obvio, aún esperamos respuestas.

Entonces, resulta imposible cambiar este estado de cosas con personajes ciegos, sordos y mudos, que, por cobardía o por complacencia con el poder, jamás pronunciarán una sola palabra condenatoria a esta podredumbre moral que corre a raudales por las calles de la provincia corrompiendo espíritus, matando esperanzas, destrozando a sabiendas las instituciones, y empujando a la provincia al borde de la anarquía y descomposición social. Que los responsables no se hagan los distraídos. (Juan Roberto Robles, abogado y docente de la Facultad de Derecho y Cs. Ss. de la Universidad Nacional de Tucumán).