Por Gustavo Rodríguez
02 Noviembre 2020
Siete proyectos de ley para luchar contra la inseguridad
Las pistolas eléctricas Taser podrían llegar a Tucumán para reforzar la seguridad de dos municipios que solicitaron su implementación. El crimen de la pequeña Abigail Riquel podría haber impulsado o acelerado el debate de al menos cinco de estas iniciativas.
PISTOLAS ELÉCTRICAS. Las polémicas Taser podrían llegar a ser un nuevo recurso para combatir la inseguridad en algunos municipios de la provincia
1- Vía libre para el uso de las taser
“Era lo que estábamos esperando. De alguna manera nos liberó el camino para hacer lo que veníamos esperando”, indicó el concejal de Yerba Buena Leandro Argiró al opinar sobre la intención de que se apruebe una ley que autoriza a los municipios a entregar armas o dispositivos electrónicos (denominadas Taser por ser su fabricante más conocido) al personal que realiza tareas de prevención.
El proyecto, presentado por el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse autoriza el uso de esta arma (cuestionada por las organizaciones de Derechos Humanos de diferentes países y por la ONU) y aclara que la capacitación de su uso debe ser realizada por personal especialmente preparado que dependa del Ministerio de Seguridad.
“Son armas inmovilizantes diseñadas para incapacitar a una persona mediante descargas. Las entendemos como una herramienta más para prevenir el delito y cuidar a nuestras fuerzas de seguridad. Dichas armas podrán ser utilizadas como elemento disuasivo para conseguir una mejor prevención”, fundamentó el oficialista.
Yerba Buena y Concepción fueron los dos municipios que habían presentado proyectos de ordenanzas para comprar estos equipos. Su iniciativa generó polémica en el área del Ministerio de Seguridad, donde decidieron no opinar hasta tanto se definiera si se aprobaban o no las ordenanzas.
Además, por iniciativa del bloque de Fuerza Republicana, hay un pedido para que se autorice a la Policía a utilizar estas armas, pero por el momento el proyecto no fue debatido ni siquiera en el seno de la comisión.
2- Podría aplicarse el desalojo exprés
El proyecto presentado por el legislador José María Canelada establece que, luego de recibir una denuncia que acredite debidamente la titularidad de la propiedad reclamada, un juez ordenará al usurpador a que en 10 días desocupe el inmueble, salvo que en ese lapso pudiera presentar documentación que muestre que tiene algún derecho para estar en esa propiedad. Ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Seguridad y en la próxima sesión sería tratado.
“Los procesos judiciales por usurpaciones muchas veces duran años, o décadas. Necesitamos una Justicia expeditiva, que tome decisiones veloces, que no abone con su lentitud a que se intensifiquen los conflictos. Con este proyecto, le estamos dando herramientas para que lo haga. El derecho a la propiedad privada está consagrado en la Constitución Nacional y buscamos que se lo respete”, advirtió Canelada.
USURPACIONES. Proponen agilizar las medidas de desalojo de tierras.
El Poder Judicial tendrá una nueva herramienta para actuar en estos casos. Actualmente, el demandante puede presentarse ante la Justicia y después de comprobarse la denuncia que realizó por usurpación, puede exigir en una audiencia una restitución provisoria, trámite que dura aproximadamente una semana. El caso testigo es el desalojo del predio donde fue encontrado el cuerpo de Rocío Abigail Riquel.
3- Crearían un cuerpo para evitar tomas de tierras
La usurpación de tierras es el tema del momento y genera preocupación en los tres poderes del Estado. Además del llamado “desalojo exprés”, en la próxima sesión, se podría aprobar otra norma con la que se busca acabar con el problema. El proyecto habla de formar un cuerpo “antitoma”.
La iniciativa, propuesta por Raúl Albarracín, Walter Berarducci, Canelada y Vargas Aignasse establece la creación de un grupo multisectorial que buscará evitar este tipo de delito. “El equipo interdisciplinario tendrá como objeto la intervención prematura, inmediata, temprana y permanente en los delitos de usurpación de propiedad, a fin de evitar que las tomas y las consecuencias que deriven de esta se torne compleja, salvaguardando a las personas intervinientes, de los mayores daños que puedan ocasionarse”, se puede leer en la norma que ya tiene el visto bueno de la Comisión de Seguridad.
Según el proyecto, el cuerpo estará formado por representantes del Ministerio Público Fiscal, el ministerio de Seguridad y de la Policía. Además, podrán convocar a miembros de áreas de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Desarrollo Social, Espacio Público y Unidad de Emergencia del Siprosa, entre otros. Será conducido, según el proyecto, por un Coordinador de Procedimientos de Desalojos Forzosos, que dependerá del área de Seguridad.
El funcionario deberá ser un civil que se haya preparado o tenga antecedentes en tareas de mediación o resolución de conflictos. Según la iniciativa “el cuerpo deberá garantizar a la ciudadanía la activación inmediata de los protocolos para desalojar los inmuebles de sus usurpadores, en el menor tiempo posible, reintegrarlo a su propietario o a quien resulte ser legítimo poseedor/tenedor, garantizando a todas las partes intervinientes sus derechos, pero sin dilación alguna”.
4- “Alerta Abigail”, otro protocolo más
Pese a que el Poder Ejecutivo firmó hace menos de una semana un protocolo para la búsqueda de niños, en la Legislatura se aprobaría en la próxima sesión la ley ya bautizada como Alerta Abigail. Se trata de otra norma que busca sancionarse luego de la polémica desaparición y posterior crimen de Abigail.
“Créase el Sistema Provincial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, con la denominación de Sistema de Búsqueda Abigail, con el objeto coordinar la cooperación entre el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal y cualquier otro organismo de orden internacional, nacional, provincial o municipal que intervenga en la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas y en especial de niñas, niños y adolescentes y en el hallazgo de información que pueda ser de utilidad para dar con el paradero y/o identidad de las mismas”, se puede leer en el primer capítulo del proyecto de la norma.
La propuesta también establece que la provincia se adhiere al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) creado por decreto nacional en 2016. Justamente, ese es uno de los puntos más cuestionados de la ley. “Tucumán ya está adherida, no hace falta que se implemente, sino que se lo haga cumplir”, indicó el radical Ricardo Ascárate.
5- Analizarán el pago de las fianzas
En la última sesión de la Comisión de Seguridad se tocaron varios puntos para reformar el nuevo código procesal penal. Quizás una de las más importantes es la iniciativa presentada por Vargas Aignasse que tiene como objetivo controlar el origen del dinero que ofrecen los detenidos para quedar en libertad. Según el proyectado por el legislador, “el juez, cuando corresponda, fijará el importe y clase de caución, valorará la idoneidad del fiador, según su libre apreciación de las circunstancias del caso y atendiendo siempre a la finalidad de la medida dispuesta”. “El fiador personal deberá justificar la licitud de los fondos y suscribirá una declaración jurada indicando sus datos personales, estado civil y profesión, oficio, industria o actividad principal que realice. A pedido del fiscal o de la víctima, el fiador justificará su solvencia”, se agregó en el proyecto.
6- Vía libre a las aprehensiones civiles
“Los funcionarios policiales y los particulares podrán aprehender a una persona mayor o menor de edad, aún sin orden judicial, si es sorprendida en flagrante delito o si se ha fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de detención. Concretada la aprehensión deberá comunicarse de inmediato a la defensa pública o privada según corresponda y al Fiscal correspondiente”, reza otra de las modificaciones que se pretende realizar al nuevo código procesal.
DETENCIONES. Buscan habilitar que los civiles ayuden en aprehensiones.
La reforma de un artículo del nuevo digesto se debatirá cuando aún no se apagaron las llamas de la polémica por el linchamiento de José Antonio “Culón” Guaymás, el acusado de haber cometido el crimen de Abigail.
“Se tendrá que discutir en la sesión porque la sociedad puede confundirse. Este proyecto, si se aprueba no significa que los tucumanos tendrán derecho a hacer justicia por mano propia, sino que sólo estarán autorizados a detener a un acusado”, explicó Vargas Aignasse. “La medida también puede generar otros problemas, como por ejemplo, que los delincuentes, al verse acorralados por civiles, decidan resistir su detención a los tiros. Hay que analizar bien este tema antes de aprobarlo”, agregó.
7- A la cárcel por portar armas de manera ilegal
Desde hace tiempo, los miembros de la fuerza vienen pidiendo un castigo más severo para las personas que sean descubiertas portando armas de manera ilegal. La Comisión de Seguridad aprobó el proyecto que establece que a un acusado de cometer este delito se le dicte la prisión preventiva por tiempo indeterminado.
Otra modificación que se debatirá realizar al nuevo digesto es que las querellas y las mismas víctimas tengan derecho a pedir medidas coercitivas en contra de los imputados. Hasta el momento, sólo podía hacerlo el fiscal que entendía en la causa.
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