Raúl Pellegrini. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo (ARCHIVO)
Hoy se cumplen dos meses desde que el juez Enrique Pedicone denunciara al vocal de la Corte Daniel Leiva por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público. Desde ent onces, han habido dos fallos adversos contra las pretensiones del denunciante. En ambos casos, el juez conclusional Juan Francisco Pisa, siguiendo sendos dictámenes de la fiscala Mariana Rivadeneira, ha determinado que el caso debe tramitarse con el Código Procesal Penal anterior (Ley 6.203), y no con el digesto nuevo (Ley 8.933), que privilegia las audiencias orales y públicas; ha negado el rol de querellante a Pedicone; y ha excluido como prueba los audios sobre los que se funda la acusación.A la vez, la comisión de Juicio Político ha archivado los seis pedidos de remoción presentados contra Leiva y, en simultáneo, ha acogido los siete planteos de destitución contra Pedicone.
La primera novedad con la que comienza noviembre, sin embargo, opera por fuera de los carriles institucionales del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Las esquirlas de la denuncia penal explosiva acaban de impactar en la agenda política “caliente” de la provincia.
“Leiva pidió ‘bajar la intensidad’ de la causa ‘Bussi’ (por presunto abuso sexual) para esto: para usarlo y forzar la voluntad popular expresada en las urnas”, denunció el jueves el intendente de la Capital, Germán Alfaro, luego de que el Concejo Deliberante renovase sus autoridades y no incluyera a ningún concejal del Partido por la Justicia Social (PJS). El jefe municipal, de esa manera, es el primero en plantar un correlato directo entre la denuncia judicial y el devenir del poder político. El edil Rodolfo “Johnny” Ávila redondeó el argumento: “FR es funcional al gobernador Juan Manzur y al vice Osvaldo Jaldo: no lo decimos nosotros, lo dijo un vocal de la Corte. Aquí sólo faltó es que Leiva viniese a votar esta mesa de autoridades”, fustigó.
No es casual que la política tome ahora el caso “Leiva-Pedicone” como discurso: hoy, en los hechos, comienza el año electoral. Si los comicios nacionales de 2021 (los tucumanos renovarán tres senadores y cuatro diputados) se van a celebrar el último domingo de octubre, como se acostumbra, habrá que ir a las urnas dentro de exactos 365 días, porque la votación caerá el 31 de ese mes. Es decir, en un día como ayer. En ese contexto, el alfarismo adelanta su primer “caballito de batalla” en la campaña: la presunta connivencia entre el oficialismo provincial y el bussismo que, interpreta el intendente, expone la acusación de Pedicone.
Esta lectura alfarista no sólo será un estandarte proselitista, sino que ya es doctrina oficial de los referentes del intendente. La segunda novedad que deja octubre, precisamente, es que el legislador Raúl Pellegrini, el parlamentario del (PJS) en la comisión de Juicio Político, votó en favor de que se le permitiera a Pedicone realizar una audiencia oral y pública en la Legislatura para defenderse de los pedidos de destitución formulados en su contra.
La mayoría oficialista rechazó el pedido del magistrado, ajustándose al artículo 27 de la Ley 8.734 (regula el enjuiciamiento para los jueces). La norma indica que, a la hora del descargo de un pedido de destitución, “la contestación deberá presentarse en papel simple”. Pellegrini no desconoce esa la ley, pero como se trata de un juicio político ofreció, justamente, una solución política para el planteo del juez denunciante: que conteste por escrito y, luego, que se le permita realizar la audiencia pública.
“Si bien el descargo por parte de Pedicone debe inexorablemente realizarse por escrito, ello no obstaría a que se convoque a la audiencia oral y pública peticionada por el magistrado, a efectos de que pueda formular manifestaciones vinculadas con su descargo”, planteó el parlamentario en su dictamen de minoría.
“Bajo esos términos, la audiencia oral y pública peticionada no vulneraría norma alguna. Por el contrario, la oralidad y la publicidad de la audiencia irradiarían claridad en un procedimiento de enjuiciamiento que, por su relevancia institucional y su trascendencia pública, requiere del máximo de accesibilidad por parte de la sociedad tucumana, que observa azorada una de las mayores crisis institucionales de nuestro Poder Judicial”, fundamentó.
El peronismo impuso su mayoría y rechazó el pedido de Pedicone con los votos de Zacarías Khoder, Sergio Mansilla, Adriana Nájar, Mariela Reyes Elías, Enrique Bethencourt, Reneé Ramírez, Graciela Gutiérrez y Gonzalo Monteros; y el apoyo del alperovichista Julio Silman.
