MAYORÍA PERONISTA. Nueve de los 12 miembros de la comisión de Juicio Político son oficialistas. Su titular, Khoder (cabecera), es uno de los recusados. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio
El terremoto institucional que detonó la denuncia del juez Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Daniel Leiva sigue sacudiendo estructuras. Entre el mes que termina y el que comienza, las “réplicas” de ese sismo se sintetizan en una palabra: “apartamientos”. Los que unos jueces plantean respecto de sí mismos (es decir, excusaciones) y los que las partes en la denuncia interponen respecto de terceros (léase, recusaciones).
Dada la magnitud del “sismo”, la novedad con la que se despide octubre es que estos remezones irán más allá de los edificios del Poder Judicial y alcanzarán nada menos que al Poder Legislativo.
Pedicone y sus abogados defensores, Arnaldo Ahumada y María Fernanda Battig, han recusado a tres de los 12 integrantes de la comisión de Juicio Político, porque consideran que han incurrido en prejuzgamiento respecto de la tarea del magistrado.
El juez de Impugnación y sus letrados respondieron el jueves, uno por uno, los siete pedidos de remoción que el órgano legislativo admitió y corrió traslado. Ayer se abrió el plazo de hasta 20 días hábiles para que los miembros de Juicio Político analicen los descargos. Cuando concluya la merituación, decidirán si formulan acusación contra Pedicone (para ello deben votar en ese sentido los dos tercios de la comisión, es decir, ocho parlamentarios) o si archivan los expedientes.
Precisamente, la defensa del juez acusado entiende que Zacarías Khoder (preside la comisión), Norma Mariela Reyes Elías y Adriana del Valle Nájar no están en condiciones de analizar con imparcialidad las presentaciones para refutar los pedidos de remoción formulados en su contra.
“Entendemos que los nombrados, en cuanto miembros de otras comisiones de la Legislatura, ya han adelantado opiniones y han ejecutado acciones referidas a los tópicos que en este proceso se ventilaran”, plantearon Pedicone, Ahumada y Battig.
Como prueba, puntualizan que el domingo 6 de septiembre la Legislatura publicó una solicitada en LA GACETA en la cual se reproduce el pedido de informes que se había remitido, 48 horas antes, a la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Sbdar, requiriendo los fallos en los que Pedicone había dictado ceses de prisión preventiva.
Como se recordará, el 1 de septiembre el juez de Impunación denunció que el vocal de la Corte le había pedido -el 28 de julio, en un bar-, presuntamente, que “maneje la intensidad” de una causa contra el legislador Ricardo Bussi, según el opositor fuera más o menos funcional al oficialismo. Leiva lo desmintió y dijo que Pedicone intentaba desviar la atención respecto de que, supuestamente, había liberado a más de un centenar de procesados por delitos graves en menos de un año.
Justamente, el pedido de informes a Sbdar fue firmado por Regino Amado, como presidente subrogante de la Legislatura, por Gerónimo Vargas Aignasse, secretario de la comisión de Seguridad y Justicia; Javier Morof, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales; y Raúl Ferrazano, presidente de la comisión de Legislación General.
La defensa de Pedicone plantea que Khoder, Reyes Elías y Nájar integran esas comisiones. “En esa nota, sin lugar a dudas, las mencionadas comisiones, y con ella sus miembros, tomaron partida de las acusaciones que Leiva profiriera contra Pedicone, afectando de esta manera la garantía constitucional, convencional y legal de la imparcialidad”, argumentan.
Estas recusaciones son matemáticamente clave: el oficialismo tiene nueve miembros en Juicio Político: además de los objetados por Pedicone, se encuentran los peronistas Sergio Mansilla, Enrique Bethencourt, Gonzalo Monteros, Graciela Gutiérrez, Reneé Ramírez y Carlos Gómez. La comisión se completa con el alperovichista Julio Silman (Hacemos Tucumán), el alfarista Raúl Pelligrini (Partido por la Justicia Social); y el bussista Mario Casalli (FR).
“No nos sorprendió”
Dos hechos judiciales marcaron sendos “temblores” en el Poder Judicial durante la semana que se despide. Uno fue el fallo del juez Conclusional Juan Francisco Pisa, que sentenció la exclusión de los audios de Pedicone como prueba en la causa contra Leiva. El otro es la recusación a Sbdar y al vocal Daniel Posse que presentó Leiva para que ambos paren no intervengan en el tratamiento del per saltum que impulsa Pedicone. Con ese recurso, el juez de Impugnación pretende que el superior tribunal ordene tramitar la causa con el Código Procesal Penal actual, que privilegia las audiencias orales y públicas, y que le confiera rol de querellante en la causa.
“El fallo de Pisa (fue notificado el jueves) no nos extrañó. Esperábamos algo así de un especialista en pisar causas para favorecer al Gobierno de turno, cualquiera sea. Sí debo decir que en su momento me sorprendió el dictamen de la fiscala Mariana Rivadeneira (data del 22 de septiembre). Pero se ve que el vicegobernador Osvaldo Jaldo y Leiva todo lo enredan para garantizar la impunidad del vocal de la Corte denunciado”, cuestionó Ahumada.
“Pedicone ya le dijo a Leiva: que lleven sus teléfonos para que sean peritados y fin de las intrigas. Es una causa sencilla de resolver. Pero se empecinan en rechazar los audios que ha escuchado todo Tucumán, sin siquiera peritar el iPod. Con tal de que Leiva siga escondido, hicieron que el Ministerio Público Fiscal, en lugar de investigar sospechas fundadas, se convierta en defensor de sospechosos. No importa: no vamos a permitir que Leiva se oculte y no descansaremos hasta que los audios se escuchen en la Justicia”, aseveró.
“Trabajaremos todo el fin de semana para atacar jurídicamente ese fallo. Es inconcebible que en pleno siglo XXI nos nieguen justicia, impidiéndonos ser querellantes, y que excluyan los audios”, puntualizó.
“Comensales”
“Que Leiva recuse miembros de la Corte no sólo es un mamarracho: es la prueba de que carece de formación jurídica y también ética: está diciendo que él no cree en la Justicia que integra”, cuestionó Ahumada.
El defensor de Pedicone anticipó que la semana próxima, cuando se sortee a los dos jueces que, junto con el magistrado Carlos Caramuti, integrarán el tribunal que analizará las recusaciones a Sbdar y a Posse, estarán atentos al resultado. “Leiva acostumbraba reunir a varios jueces en su casa para ‘bajarles línea’. A todos esos comensales los vamos a recusar”, anticipó.
Presentación de Cedjus
Piden rechazar la excusación a Sbdar y Posse
El director ejecutivo de la Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad (Cedjus), Ramón Eduardo Ruiz Pesce, solicitó a la Corte Suprema que rechace “in limine” el planteo de recusación a la titular del alto tribunal, Claudia Sbdar, y al vocal Daniel Posse, planteada por el vocal Daniel Leiva. Con el patrocinio letrado de Gustavo Morales, Ruiz Pesce sostiene que la pretensión de Leiva es extemporánea, porque “debió haber recusado a los magistrados al momento de inhibirse y no esperar la integración del Tribunal de Excusación”. Sostiene, además, que “la única finalidad” del pedido de exclusión formulado por el vocal denunciado es generar una “dilación indebida” en los tiempos procesales. Finalmente, agrega que el planteo es “improcedente”, porque no configura ninguna de las causales previstas por el Código Procesal Penal anterior, con el que se tramita la causa.
