No llega el cambio cultural a la provincia patriarcal

Una joven de 22 años se encerró en el baño de su casa en Santa Ana y llamó a la Policía para que fuera a rescatarla de un hombre, que tras golpearla se había ido a dormir.
Ella no quiso irse de la vivienda por miedo a que el golpeador se despertara y, al ver que no estaba, se desquitara con los hijos, que dormían.
El agresor, de 23 años, fue detenido. El domingo pasado, en Villa 9 de Julio, fue aprehendido el dueño de un gimnasio, de 30 años, acusado de haber golpeado en reiteradas ocasiones a su ex pareja de 29, que comparte la casa y el gimnasio con él.
En este caso, él ya la había atacado dos meses atrás, ella se había ido y él le había pedido perdón y le había rogado que volviera... para volver a atacarla.
Anoche en Monteagudo al 500 un hombre atacó a una mujer a cuchilladas y luego se mató.

El viernes la Policía difundió un informe que señala que el 911 recibe 30 llamadas por día por casos de violencia de género -unas 200 semanales-.
El comisario Luis Chazarreta dice que “se activa el protocolo de respuesta inmediata y se desplazan los recursos más cercanos al lugar del hecho”.
La cifra llama la atención, por cuanto en abril se decía que en 10 días se habían recibido 500 denuncias de violencia de género (cierto es que fueron denuncias tomadas al comienzo de la cuarentena), y aunque al comparar esos datos con los de hoy podría pensarse que han disminuido las agresiones, el mismo oficial Chazarreta dice que se ha notado “un notable crecimiento de casos en este tiempo de pandemia”. ¿Cuál informe es preciso?

La base de datos sobre violencia de género se está construyendo. Hay una red que coordina las diferentes áreas (Observatorio provincial de la Mujer, Observatorio de la Corte Suprema, Secretaría de la Mujer, Comisaría de la Mujer, oficina de la Municipalidad capitalina y oficinas en distintos lugares del interior) que registran más de 2.000 intervenciones en tiempo de pandemia -20 admisiones por día-, al decir de Verónica Ale, de coordinación del Observatorio. Hay un centro municipal de atención en el ex Autódromo, se ha hecho un refugio para mujeres con una ONG en Banda del Río Salí (se inauguró el miércoles); se han realizado convenios con cinco hoteles para dar contención inmediata en emergencias. Con esto, cuenta Ale, se ha trabajado en la “repatriación” de víctimas de violencia de otras provincias. Hay 25 casos recientes. Una joven de Buenos Aires fue rescatada con su hijo de una casa en una ciudad del sur tucumano, donde estaba encerrada desde hace siete meses con su pareja golpeadora. El fin de semana pasado salió con destino a Buenos Aires un ómnibus en operativo “viceversa”: trajo gente de la Capital Federal, llevó de regreso a sus lugares a algunas víctimas de violencia.

Hay un grupo en el Observatorio que se llama “Mujeres en pie”. Son 180 personas que desde hace siete años lograron salir del contexto de violencia. Algunas se incorporaron a un programa nacional (“Potenciar”) de proyectos productivos y anteayer se entregaron herramientas para mujeres pasteleras, fabricadoras de barbijos, hornos pizzeros, emprendimientos de peluquería y maquillaje. También se está trabajando en tratamiento con 60 hombres que ejercieron violencia y que fueron derivados de la Justicia. “En años anteriores hubo varones que se acercaron a pedir ayuda. En 2020, no”, dice Ale.

In crescendo

Algunas conclusiones, a priori, dan cuenta de que el mayor porcentaje de denuncias en la pandemia corresponde a ex parejas. En 2019 había mucha violencia psicológica y en 2020 predomina la física. Aumentaron los casos graves en el interior, donde hay menos oficinas de respuesta. En el informe que difundió a mitad de año la Secretaría de Derechos Humanos se daba cuenta del aumento de femicidios en el interior de la provincia. Ese informe coincide con otros que señalan que Tucumán prácticamente encabeza el podio de violencia de género (tercera provincia en el país) y está al tope en proporción en cuanto a femicidios por cada 100.000 habitantes. Dato que coincide con el clima violento que impera, expuesto en los 128 homicidios en lo que va del año, que mantienen por segundo año consecutivo a la provincia en el segundo lugar de violencia, después de Santa Fe.

Cabe entonces preguntarse si lo que se está haciendo es suficiente para tratar esta problemática, en vista de que, está claro, es una sociedad “muy machista, muy patriarcal, en la que hay que remover patrones culturales muy arraigados”, dice Ale.

Policías escasamente capacitados

Un hecho muy llamativo ha sido la capacitación en violencia de género que comenzó poco antes de la pandemia. Se hizo después de que se aprobara a regañadientes la Ley Micaela en la provincia. La capacitación consistió en cuatro clases para autoridades y docentes de la UNT, y para personal de las municipalidades capitalina, de Bella Vista y de Yerba Buena. El Instituto Técnico está por comenzar una capacitación y el año que viene se hará en escuelas experimentales. “Falta la evaluación. Va a llevar cierto tiempo esta sensibilización”, dice Aída Olmos, secretaria de Asuntos Estudiantiles de la UNT. La decana de Derecho, Adela Seguí, cuenta que en su área se ocuparon de dictar la capacitación a funcionarios del Gobierno provincial y a los de las intendencias de Tafí del Valle y La Cocha. Dice que la de Yerba Buena aún no ha concluido. La de Tafí del Valle (40 personas) fue semipresencial “y fue muy participativa”, explica. Agrega que “es un trabajo que recién comienza. Hay que capacitar a todo el personal del Estado”. Por algún motivo, el acuerdo que iba a hacer la Facultad de Derecho con el Ministerio de Seguridad para capacitar a la Policía se cayó.

O sea que la fuerza de seguridad, que es la primera que recibe los problemas de violencia de género, no estuvo a la cabeza en este aprendizaje. Algo se ha hecho: Emilia Tarifa, subsecretaria de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad, explica que en junio se hizo una capacitación llamada “Introducción a la perspectiva de género”, para funcionarios, personal administrativo y policial, y otra sobre violencia familiar. Se hizo en la Escuela de Policía y con 50 agentes voluntarios, Y un curso de la Nación sobre toma de denuncias de femicidios y de personas de la comunidad LGTBI, con 50 oficiales tomadores de denuncias. “Queremos trabajar con suboficiales que están en la calle”, dice.

Se entiende que puedan repetirse casos como la tragedia de Maira Alejandra Sarmiento. Fue asesinada en abril en las Talitas por su ex pareja, cinco días después de que ella tratara de denunciarlo sin que la escucharan en dos comisarías. Nadie fue responsabilizado en la Policía ni en la Justicia por haberle denegado la protección a esta joven de 22 años de escasos recursos. La Policía en su momento dijo que se había actuado de acuerdo a protocolos. Al igual que en la tragedia de la pequeña Rocío Abigail Riquel, después de los hechos se descubre que o no hay realmente protocolos, o bien los agentes no están capacitados ni convencidos de que deben reaccionar de inmediato.

Una conclusión parcial -debido a la falta de datos concretos- podría ser que este año de pandemia y de alta violencia ha llevado a mayor visibilización de la problemática, a mejor disposición de sistemas para pedir ayuda y al reconocimiento de la necesidad de montar los refugios prometidos y nunca montados. También, en la necesidad de extender al interior los dispositivos de ayuda. Pero aún se ignora qué está pasando y, acaso por la pandemia, estructurar los programas de respuesta en función de datos concretos ha sido imposible. Soledad Deza, abogada feminista que participó en la capacitación, advierte que sería importante saber si la autoridad de aplicación ha tomado los recaudos para que se cumpla la ley Micaela, que debe ser para todos los agentes públicos. Una capacitación es la de impartir conocimientos e incorporarlos, “y otra es el aprendizaje significativo, que en algún punto modifica un quehacer y produce un cambio social”, opina.

Deza dice que tiene que haber una política que acompañe desde el mismo diseño. “Por ejemplo, en tiempos de pandemia el Estado, al ver que aumenta la violencia, debe pensar en poner una boca de denuncias en cada comuna y en cada uno de los 80 juzgados de Paz. Hemos pedido informe a la Corte y nos respondieron que están funcionando oficinas de violencia de género en la Banda, en Capital y en Monteros, y en cinco juzgados de Paz”.

“La capacitación es un puntapié inicial”, agrega. y concluye que el asunto es más profundo. Una verdadera política para erradicar la violencia debe tener más de prevención que de castigo, porque no parece ser solución sólo responder cuando se llega tarde. “No es el sesgo penal el que se adecua a la vida de las mujeres. La capacitación debe estar presente en la currícula escolar; se debe generar un cambio cultural”.