30 Octubre 2020
ARCHIVO LA GACETA
La polémica por la finalmente postergada suba de las tarifas, en especial del servicio de energía eléctrica, genera tensiones en el ámbito político.
El mes pasado, el gobernador Juan Manzur, tras una charla con el presidente del bloque oficialista de la Legislatura Roque Tobías Álvarez, resolvió frenar el incremento en la luz (rondaría el 7%) y en el agua potable (cerca del 25%). Dichos aumentos, que habían generado el rechazo en el armado justicialista de la Cámara provincial, quedaron pospuestos para enero de 2021. Sin embargo, en un sector del peronismo permanece la preocupación por los procedimientos adoptados por el Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) para fijar los costos que deben afrontar los usuarios.
Legisladores alineados al vicegobernador Osvaldo Jaldo firmaron esta semana dos proyectos de ley que, en términos generales, apuntan a "marcarle la cancha" al organismo que integran Santiago Yanotti (el presidente presentó un pedido de licencia para asumir en la Subsecretaría de Coordinación Institucional de Energía de la Nación), Luis Morghenstein y Beatriz Bordinaro de Peluffo (vocales).
Los jaldistas Eduardo Cobos, Daniel Deiana, Dante Loza, Roberto Palina y Javier Morof elevaron una iniciativa según la cual "toda modificación tarifaria de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica, brindado por la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET SA), y de agua potable y cloacas, prestados por la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT Sapem), que no haya sido adoptada mediante el procedimiento previo de audiencia pública presencial será considerada nula, hasta tanto sea convalidada mediante audiencia pública llevada a cabo conforme las pautas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establecidas en el denominado fallo 'Cepis'".
En los fundamentos de esta propuesta, los oficialistas consignaron la jurisprudencia vigente en relación a los mecanismos para fijar los costos tarifarios.
LUZ ELÉCTRICA. Foto de Archivo / LA GACETA
"Con los resultados a la vista, vemos que el Ersept no aplica estos sanos y constitucionales conceptos, pues a la hora de reglamentar los derechos de los usuarios en cuanto a la participación ciudadana, ha preferido un sistema al que llama de 'audiencia públicas documentadas' que básicamente es un proceso virtual en el que el gran excluido es el consumidor. Sin dudas, la Legislatura debe dar una solución a esta realidad", indicaron Cobos y sus pares.
Y añadieron: "queda claro que la Constitución Nacional y el fallo de la CSJN que mencionamos reclaman audiencias públicas presenciales, y documentadas, pues sólo las primeras garantizan la participación ciudadana y la defensa de los usuarios".
Una nueva comisión, sin representantes de la empresa
En paralelo, a través de un segundo proyecto propusieron la creación de la "Comisión Provincial de Estudio de los Sistemas que Rigen la Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica en Tucumán".
"En este cuarto de siglo de vigencia del contrato de concesión con EDET SA, el avance de la ciencia y la tecnología en relación la generación, transmisión y distribución de la electricidad es gigantesco, casi impensado. Por ejemplo los avances en la electrónica de potencia, en los sistemas de protección remotos de hoy hacen ver a los de fines del siglo pasado como si fueran piezas de museos", fundamentaron los legisladores jaldistas.
Según su criterio, "esta realidad nos muestra una deuda tecnológica con la ciudadanía, que justamente aspira a un mejor servicio cada día". "(Esta deuda) es la que humildemente proponemos saldar con la materialización del presente proyecto de ley que ponemos a consideración", consignaron.
Los jaldistas advirtieron que de esta tarea "deben participar en esta etapa todos los involucrados menos la prestataria regulada, siendo el objetivo a alcanzar un compendio de medidas, determinadas con el asesoramiento de las Universidades de la Provincia especialistas en la temática, que se elevará mediante una ley particular al Poder Ejecutivo Provincial".
Esta iniciativa llega a mesa de entradas en coincidencia con una contratación directa que propicia el Ersept, y que está siendo objeto de análisis por parte del Tribunal de Cuentas.
El ente que preside Yanotti gestiona los servicios, a cambio de casi $ 6 millones, del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de que preste los servicios de consultoría para la revisión integral del servicio de distribución de energía eléctrica de Tucumán para el período 2020/2025.
El Tribunal de Cuentas efectuó una serie de requerimientos y de advertencias con relación a esta contratación, mientras que el legislador radical José Ricardo Ascárate efectuó críticas al Ersept por haber recurrido a un órgano foráneo, en lugar de gestionar los servicios de los expertos de universidades locales.
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