29 Octubre 2020
La gestión provincial tiene dos momentos. Primero, los cuatro años desarrollados bajo un signo político a nivel nacional “diferente” al local, pero que en términos generales se adecuó a las líneas generales que se establecían desde la Nación.
Cualquiera que se detenga a reflexionar un momento entiende la necesidad de anteponer los intereses colectivos sobre los políticos partidarios, pudiendo decirse que existió una cierta “cortesía” entre la Nación y la Provincia. Sin embargo, no fue así en épocas electorales. Primero desapareció con tibieza y luego de forma marcada durante el último tramo del Gobierno de Mauricio Macri.
Es indudable que la tensión siempre existió y que estuvo reflejada en conflictos con dirigentes locales alineados políticamente con el ex presidente. A pesar de ello, se pudieron aprovechar las obras de infraestructura vinculadas a vías de comunicación, energía y salud (ahora a prueba por la pandemia).
Las expectativas de crecimiento económico fueron muchas, pero resultaron ser escasas y esto afectó también las arcas provinciales y la capacidad de acción que pudiera tener la provincia.
Algo que es posible recalcar de la gestión del Gobierno provincial fue el trabajo realizado para “vincular” y promocionar la provincia (producción local y atractivos turísticos) con el exterior; en parte motivado por el trunco objetivo político del gobernador de participar en el armado nacional e integrar un futuro gabinete.
La segunda etapa de Manzur se inicia con el Gobierno nacional de Alberto Fernández, cuyas expectativas quedaron en el pasado por la crisis económica profundizada por la pandemia. Este fue un año donde la gestión provincial tuvo que salir, como prioridad, a dar respuesta y contención social ante las medidas de aislamiento.
Esta situación hizo salir a la luz la desigualdad social en todos los ámbitos cotidianos de las personas: el trabajo informal, la falta de acceso a la educación y la salud, el déficit en la infraestructura de comunicación, la carga fiscal para los sectores productivos y el gasto público excesivo, entre otras cuestiones.
En este contexto, por delante se ven grandes desafíos. Será necesario replantear el sistema productivo y las finanzas públicas, proyectando políticas públicas inclusivas y mejorando las estrategias educativas para llegar a todos los sectores.
También se profundizaron dos demandas postergadas desde hace tiempo: la seguridad y la justicia. Son reclamos que estadísticamente siempre se han ubicado entre las primeras preocupaciones de los tucumanos. Parece no haber soluciones posibles por parte del Gobierno provincial a esa constante “sensación” de abandono de la ciudadanía.
Por un lado, se culpa a la falta de operatividad de las fuerzas de seguridad, pero es importante considerar que también interviene el Poder Judicial, con un sistema integral que aletarga las decisiones para el accionar efectivo de la Policía, que hay conductas dudosas de muchos magistrados y tecnicismos que permiten la libertad de personas con frondosos prontuarios. Son acciones que suman a la desconfianza social. No todo se trata de caer en simplismos de atribuciones de culpa, más bien parece atinado hacer un correcto diagnóstico de las múltiples problemáticas, para así poder ir en búsqueda de las imperiosas soluciones que la actualidad reclama.
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Juan Manzur
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