Pasaron siete jueces y una orden sigue sin cumplirse

Se suponía que el nuevo Código Procesal Penal iba a cortar la cadena de excusaciones que suele presentarse en las causas sensibles. Se suponía, también, que la transparencia iba a agilizar los trámites. Ambas expectativas aparecen defraudadas en la causa que Daniel Leiva, vocal de la Corte de Tucumán, y su defensor Esteban Jerez iniciaron contra Carlos Díaz Lannes, funcionario judicial federal, aspirante a juez, y presidente con licencia de la fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad (Cedjus). Siete jueces pasaron ya por ese caso de supuesta extorsión ligado a una querella que Cedjus presentó contra Leiva y al menos hasta el 26 de octubre seguía pendiente de cumplimiento una orden para acceder a la investigación dictada el 28 de septiembre por el magistrado Diego Lammoglia.

Las idas, venidas, confusiones y demoras llevaron este lunes al juez Marcelo Mendilaharzu a “poner orden”, previa presentación de un pronto despacho por parte de Gustavo Morales, defensor de Díaz Lannes. Mendilaharzu “tuvo presente” que recién ese mismo 26 de octubre la Oficina de Gestión de Audiencias a cargo de Mariana Merletti notificó a la Unidad Fiscal de Delitos Genéricos que encabeza Arnoldo Suasnábar un proveído que el magistrado Pedro Roldán Vázquez había dictado el 19 de este mes. En ese acto, Roldán Vázquez fijó “un límite temporal de cinco días” para la evacuación del informe que Lammoglia había exigido al fiscal Suasnábar.

Aunque Mendilaharzu es el séptimo juez que pasa por la causa de Leiva y Jerez, aquel anticipó que su intervención sólo se proponía poner en conocimiento a Díaz Lannes y a Morales sobre la denuncia que pesaba en su contra, y las medidas practicadas y las pendientes. “A continuación procédase al sorteo del juez correspondiente a este legajo, y fíjese día y hora a los fines de celebrar la audiencia (de control judicial de la pesquisa) que solicitó la defensa el 24 de septiembre”, ordenó.

Esta especie de juego de “tocata” comenzó cuando el juez Dante Ibáñez se excusó alegando que Díaz Lannes y Morales lo habían denunciado. Sin perjuicio de dejar sentado que a él lo comprendían las causales de excusación, Lammoglia dio trámite al pedido de la defensa. La causa luego pasó de Judith Solórzano, quien dijo que Morales era su abogado particular, a Carolina Ballesteros, quien planteó que Jerez la había denunciado. Tras esto se excusó Juana Juárez (no trascendió el motivo), y Roldán Vázquez impuso “el límite temporal de 5 días”, y entregó el tema a Mendilaharzu, quien había estado de turno junto a Juárez, pero había salido de licencia entre el 14 y el 19 de octubre inclusive.