Caramuti integrará la Corte para el caso “Leiva”

El azar decidió que sea el presidente del Tribunal de Impugnación, Carlos Caramuti, quien se sume a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para tratar el per saltum incoado en el caso penal que atañe a uno de sus cinco vocales, Daniel Leiva. Caramuti, compañero de estrado del juez denunciante Enrique Pedicone, fue desinsaculado ayer en un sorteo practicado entre 14 magistrados, y ha de resolver, junto a la presidenta Claudia Sbdar y al vocal Daniel Posse, si corresponden los apartamientos de sus pares Antonio Daniel Estofán, Leiva y Eleonora Rodríguez Campos (ver los motivos por separado). Luego de este trámite, la Corte debe pronunciarse sobre la admisibilidad y la procedencia del per saltum que interpuso Pedicone, el juez de Impugnación que denunció a Leiva el 1 de septiembre. En función del resultado de las inhibiciones y recusaciones, Caramuti también podría formar parte del estrado que analice el recurso.

El sorteo fue practicado a las 11 en la Secretaría Judicial de la Corte por la funcionaria Claudia Forté. Al acto asistieron el abogado de Pedicone, Arnaldo Ahumada; la propia presidenta Sbdar, y el asistente de doctrina y jurisprudencia de Caramuti, Mariano Rodrigo. Una fotografía de LA GACETA retrató la escena con el bolillero. Había 14 posibilidades puesto que Sbdar ordenó completar la Corte con los nueve camaristas penales de la estructura a cargo de concluir los casos del viejo Código y con los cinco miembros del Tribunal de Impugnación creado para atender los recursos del nuevo Código (son seis con Pedicone incluido).

La lista completa de posibles jueces supremos ad hoc estaba formada por Emilio Páez de la Torre, Wendy Kassar, Eduardo Romero Lascano, Alicia Freidenberg, Stella Maris Arce, Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli, Luis Morales Lezica, Eudoro Albo, Caramuti, Facundo Maggio, Patricia Carugatti y Jimena Suárez. El juez que salió sorteado empezó a trabajar en el Tribunal de Impugnación a finales de agosto, tras ingresar a siete ternas para cubrir igual número de cargos en ese cuerpo. Previamente Caramuti se había desempeñado como miembro de la extinta Cámara Penal de la capital, cargo al que también accedió luego de ganar varios concursos.

Las excusaciones y recusaciones planteadas anticipan que es muy probable que Caramuti deba participar de la resolución del per saltum puesto que hacen falta tres votos en el mismo sentido para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento válido. Estofán, Leiva y Rodríguez Campos fueron invitados a inhibirse y, en su defecto, recusados por temor de falta de imparcialidad. Los tres vocales formaron parte de la mayoría que apercibió a Pedicone a fines de agosto por su actuación en “la causa de los billares”, donde el denunciante de Leiva pretendió infructuosamente controlar un operativo anti-covid-19 practicado por el fiscal Carlos Picón (la sanción aún no está firme).

El per saltum comporta una sensibilidad extrema para el caso en sí mismo y para los Tribunales puesto que denunciante y denunciado forman parte de aquella institución, y que la acusación que los vincula atribuye al vocal el haber intentado ejercer presión sobre el juez para “manejar la intensidad” de una causa penal por supuestos abuso sexual y actos de corrupción contra el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). La denuncia refiere que estos hechos habrían ocurrido el 28 de julio, minutos antes de que Pedicone celebrara una audiencia a instancias de Bussi. Leiva y su defensor Esteban Jerez sostienen que jamás hubo una conversación de este tipo con ningún magistrado y que todo es falso, incluso el acta manuscrita del secretario Fernando Valladares y las grabaciones aportadas por Pedicone.

En concreto, del resultado del per saltum depende si la investigación que involucra al vocal será tramitada con el régimen escrito y cerrado del viejo Código jubilado el 31 de agosto, o con la modalidad de las audiencias orales y públicas implementadas a partir del mismo 1 de septiembre. También está en juego si Pedicone podrá intervenir en la causa con el rol de querellante. El 1 de octubre, el juez Juan Francisco Pisa rechazó la querella y resolvió que rija el Código antiguo, como querían Leiva y Jerez.

La resolución de Pisa llevó a Pedicone, y a sus abogados Ahumada y Fernanda Battig a solicitar un salteo de instancia para que la Corte se inmiscuya de inmediato en esta causa en atención a su gravedad institucional, a su interés constitucional y a la urgencia existente. El 16 de octubre, el fiscal Alejandro Noguera (sustituye a su jefe Edmundo Jiménez, quien está con licencia desde poco después del comienzo de la cuarentena) opinó que Pedicone no estaba legitimado para formular el recurso y que este debía ser rechazado sin más porque la cuestión carecía de la relevancia que pretendían adjudicarle. Además, Noguera peticionó sanciones para el juez denunciante y sus letrados con el argumento de que estos se habían referido a Leiva, a la fiscala Mariana Rivadeneira y a Pisa de un modo que, según su criterio, estaba “reñido con la ética y la buena fe”. Algunos días más tarde, Rivadeneira entendió que los plazos de la causa penal no estaban suspendidos por el per saltum y dictaminó la exclusión como prueba de las grabaciones donde consta el pedido atribuido a Leiva, requerimiento al que se opusieron Pedicone y sus letrados, y que ha de definir el juez Pisa.