Por Gustavo Rodríguez
24 Octubre 2020
USINA DE DENUNCIAS. El grupo acusado ofrecía las casas de los barrios de Lomas de Tafí y de Manantial Sur en la maniobra que idearon. la gaceta / foto de Analía Jaramillo (archivo)
“Ayudé a muchas personas a través de la cooperativa que creé y de un taller de ropa que tengo. No soy una estafadora, jamás me reuní en forma ilícita con la gente. Tuve un sueño y también fui engañada”, declaró Elizabeth Rosa Alzogaray, acusada de ser la líder de una asociación ilícita que estafó a por lo menos 1.500 personas con la entrega de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.
El fiscal Diego López Ávila pidió que fuera enjuiciada, junto a Marta Elena Campos, Emmanuel y Luis Ernesto Ramallo, María Ester Soraire, Ruth Anabel Jiménez, Adela Aydée Bustos, Analía del Valle González y César Antonio Zurita, por formar una asociación ilícita y por estafas reiteradas. El investigador estimó que obtuvieron unos $20 millones con esta maniobra que habrían realizado entre 2015 y 2018.
“La investigación reveló una serie de conductas desplegadas por los acusados con patrones repetitivos, actuando siempre en virtud de un acuerdo de voluntades previamente pactado, de lo cual se desprende, a las claras, que los encausados conformaron una asociación destinada a obtener beneficios patrimoniales mediante previos engaños consistentes en la promesa de una vivienda propia, la cual presuntamente era otorgada por intermedio del organismo público conocido como Ipvdu”, razonó el fiscal en el requerimiento.
Los sospechados, según la teoría del fiscal, se encargaban de buscar personas que estuvieran dispuestas a pagar entre $2.000 y $160.000 para la adjudicación de una vivienda. Les pedían la documentación y luego les entregaban papeles que supuestamente eran oficiales. Los perjudicados señalaron además que nunca recibieron un comprobante pago cuando entregaban la suma de dinero que les exigían.
Alzogaray, ante el fiscal, explicó que habrían más de una veintena de casas del Ipvdu.
1- Primeros contactos
Alzogaray formó la cooperativa Nuevo Amanecer cuando el alperovichista David Mizrahi era titular del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) y fue el mismo que la nombró en el bloque político del Concejo Deliberante entre marzo y octubre de 2016.
“Al trabajar con Mizrahi políticamente llevábamos a cabo reuniones en casas en las que iban familiares y vecinos de cada dirigente y hablaban de política y de los problemas en los barrios. Él me pedía que hable de la Cooperativa, como una forma de mostrar a la gente que, con su proyecto político, estaba consiguiendo trabajo para la sociedad”, destacó. Alzogaray, en una de las tres declaraciones como imputada que dio, contó cómo surgió su relación con José Alperovich.
La acusada dijo que trabajando con Mizrahi conoció a Verónica Sire, mujer de bajos recursos y madre de un niño discapacitado que no tenía vivienda ni ingreso alguno para vivir. Indicó que le consiguieron transporte y una cama especial.
“Junto a Mizrahi y Alperovich nos presentamos en su casa. El senador, el empaparse de su situación, le dijo que le podía conseguir una casa. Me puse a armar un expediente para que ingrese al Ipvdu. Un mes y medio después, aproximadamente, nos reunimos con Sire en la puerta del organismo. Nos entrevistamos con Durán y (Néstor Miguel) Jiménez Augier, quienes le dieron una casa en el barrio Manantial Sur”, declaró.
Alzogaray informó que la mujer aceptó la vivienda que le ofrecieron y que el día que tenían que retirar la llave advirtieron que en el Ipvdu no le querían entregar la casa porque, al parecer, la vivienda estaba destinada a otra persona. “Sin embargo expresa que el senador Alperovich habló por teléfono con alguien del organismo y, finalmente, pudieron entregarle casa a Sire. Aclaró que ella desconoce si era legal o no la entrega de esa forma, pero ella procedió como le ordenaron”, se puede leer en el pedido de requerimiento de López Ávila.
En el expediente figura que, aprovechando ese encuentro, Alzogaray le pidió a Durán que tuviera en cuenta su cooperativa para realizar obras. En reunión, el ex interventor del organismo le ofreció trabajar para él en política. Su trabajo, según declaró, consistía en “buscar personas que estén dispuestas a comprar casas pagando cuotas mínimas”.
En el requerimiento se puede leer:
“la imputada eñala que Duran no le ofreció ningún sueldo a cambio, sino que le dijo que esas mismas personas que ella iba a inscribir la iban a apoyar a ella después para una posible candidatura en algún área política. El funcionario le indicó además que, desde su Cooperativa, iban a poder construir baños u otras áreas a la gente a las que ella inscribiría, como así también le comentó que las viviendas a ofrecer se hallaban en el Barrio Manantial Sur”.
2- Fotos polémicas
Los denunciantes aportaron varias imágenes donde se puede observar a Alzogaray junto al ex gobernador José Alperovich y al actual vicegobernador Osvaldo Jaldo, entre otros dirigentes políticos. “La propia imputada comunicaba a los denunciantes cuando se sacaría fotos con las autoridades o mencionaba las reuniones con los mismos para, de esta manera, mantenerlos en su engaño y hacerles creer que tenía la real posibilidad de acceder a miles de viviendas para su posterior repartición”, señala López Ávila en el requerimiento.
“Mañana o pasado me saco una foto con Jaldo” o “El sábado anduvimos viendo las obras. Ahí estaban (Domingo) Amaya y (José) Cano. Muchas gracias que Dios los bendiga y que este año todos tengamos nuestro hogar”, fueron algunos de los mensajes que envió a las víctimas, según consta en el expediente”.
3- Apuntó contra Durán
Alzogaray acusó al ex interventor del Ipvdu, Gustavo Durán (quien falleció meses antes de que estallara el escándalo) de haber cometido numerosas irregularidades. Entre otras, lo señaló por:
- Haberle entregado una serie de planillas en la que se leía “grupo familia” o “regularización dominial” y “certificación de la escritura”, papeles que se les entregaba a las víctimas cuando le entregaban una suma de dinero.
- De acuerdo a su declaración, Durán le explicó que “debía hacer ingresar a personas que tengan una real necesidad de acceder a una vivienda y que puedan servir de votantes para ambos en una futura candidatura. “Si él me decía que había 40 casas para entregar, yo inscribía a 40 personas”, señaló.
- Indicó que el funcionario le había solicitado que a cada interesado en quedarse con una vivienda, además de la documentación, le debía solicitar la suma de $4.000 por casa y, si tenían familiares con discapacidad o directamente no tenían recursos, le debía cobrar la mitad o nada.
- Informó que ella comenzó a realizar esa tarea a fines de 2015 y que las carpetas y el dinero que reunía se las entregaba a él o a diferentes personas que Durán mandaba para que se encontraran un bar. En sus sucesivas declaraciones nunca mencionó a otro funcionario del Ipvdu que estuviera involucrado en esta maniobra.
4- Presunta extorsión
La imputada señaló que fue víctima de extorsión por parte de un policía. De acuerdo a la explicación que brindó Alzogaray, los efectivos le cobraban $20.000, sin que ella supiera, a sus compañeros, para que ella les recibiera la carpeta. Al enterarse de esa situación, un uniformado que prestaba servicios en la comisaría de El Colmenar le exigió que le devolviera la documentación que le había presentado y unos $70.000 para que no la denunciara. En Tribunales declaró que ella le comentó de este problema a Durán. Molesto, le entregó los papeles y el dinero para devolver y le pidió que no inscribiera más a ese “tipo de personas” para evitar problemas. “Hubo otros policías que también me amenazaron, pero Durán habló con ellos y les dijo que les entregaría las casas. Ahí dejaron de molestarme”, señaló.
5- Problemas de pareja
La mujer, en su última declaración, ocurrida en marzo de 2019, planteó otra situación: apuntó contra su ex pareja. Dijo que Pedro Gustavo Jaime la acompañó varias veces a inscribir personas y a retirar las carpetas de las casas de los otros imputados. “Cuando lo conocí era una persona de bajos recursos, pero en el período de dos años que estuvimos juntos y hasta la actualidad posee dos camiones, tierras, una camioneta, casas, pero no sé cómo adquirió todos esos recursos”, señaló cuando fue interrogada por López Ávila. También declaró que, al quedar ella detenida, Jaime ingresó a la vivienda y se llevó muchas cosas de su propiedad. “Luego él decidió postularse como delegado comunal en la comuna Siete de Abril pero aparentemente fue escrachado para que no gane las elecciones, al haber sido pareja mía. Al pensar que yo estaba detrás de eso, comenzó a amenazarme”, agregó.
6- El principio del fin
“Por las amenazas de los policías y de otras personas que también comencé a recibir, me di cuenta de que todo estaba descontrolado”, declaró la imputada en la justicia. Relató que dos semanas antes de que falleciera Durán, le explicó que estaba mal de salud, pero le pidió que se quedara tranquila porque a fines de enero de 2018 iban a entregar las viviendas de los barrios Manantial Sur, Lomas de Tafí y ampliación Lomas de Tafí.
“No podía estarlo porque los inscriptos me estaban presionando”, agregó.
Antes de que el ex interventor falleciera, le pidió a la imputada que se comunicara con un tal Pedro, al que no supo identificar con apellido. Supuestamente, esa persona la ayudaría a solucionar los problemas, pero no fue así. El funcionario murió y todo se derrumbó. “Ese hombre me dio a entender que las nuevas autoridades no estaban al tanto de las entregas que se habían pactado, pero que conseguiría unas cuantas para calmar a los que estaban inscriptos. Por eso los convoqué a una reunión, pero nunca me dieron nada”, dijo en la Justicia.
La acusada, según las pruebas aportadas por los damnificados, envió este mensaje a un grupo de WahstApp: “Chicos, buen día. Nosotros esperamos a las autoridades que sí o sí tienen que asumir el fallecimiento de este señor (Durán) es algo producto de su enfermedad (sic). Y pasó esto, pero lo mismo él ya estaba afuera con una licencia. Así que tranquilos, seguimos en carrera, muchas gracias”. Las personas que estaban a punto de ser estafadas comenzaron a dudar.
En enero de 2018, las víctimas de las estafas denunciaron el hecho y Alzogaray terminó siendo detenida. Estuvo varios meses tras las rejas y en su última declaración ante el fiscal López Ávila señaló: “el gobierno debe hacerse cargo de este problema, ya que la persona que empezó todo esto fue Durán y él trabajaba en un establecimiento público”.
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