Crímenes en el lugar sin límites

Tucumán entró en esta semana en una distopía aterradora. Un lugar sin límites peligroso, de regreso al mundo tribal, de clanes, de bandas, primitivo. Da vergüenza compararlo con las distopías futuristas de las novelas, las series o el cine, tipo “Mad Max”, porque estamos hablando de una realidad aterradora. Una niña de 9 años ha sido violada y asesinada y la población salió más presurosa que la Policía y cazó y mató a golpes al sospechoso del crimen, en una secuencia terrorífica que mostró cuán bajo puede caer el ser humano en su venganza reivindicadora. “Culón” Guaymás -de cuyo cuerpo hoy nadie quiere hacerse cargo- representó la encarnación del mal y la sociedad parece festejar este descenso a los abismos que representó la orgía de sangre del miércoles. Por lo menos eso se percibe en las redes sociales, que celebran y advierten que acaso algún día podría haber un Fuenteovejuna en el que sea la autoridad la que reciba el castigo popular. Los funcionarios, asustados con la explosión del vigilantismo del miércoles, se quedaron callados. La Policía se declaró sobrepasada e impotente y los fiscales, que deberían hacer cumplir la ley, debaten entre cuatro paredes lo que viene. Ya los vecinos indignados dijeron que no van a aceptar que se actúe criminalmente contra los baquianos que capturaron al supuesto asesino y que permitieron, sin saber lo que vendría después, la salvaje y fatídica expresión de esta “justicia popular”.

La situación venía desbordándose desde hace tiempo, a nivel nacional y a nivel provincial. Somos una sociedad en la que la violencia y la crispación se han vuelto cotidianas. En 2016 ya se daba cuenta de que cada semana había en el país un caso de “justicia por mano propia” y que la situación iba en aumento. Ese año advirtieron los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni sobre el peligro de que la gente tomara la ley en sus manos y saliera a darles palizas a los delincuentes capturados. Los fiscales hablaban de casos de arrebatadores que por un delito mejor como robo de cartera o celular (que generan mucho enojo ciudadano) recibían lesiones graves o tal vez fallecieran y entonces los agresores que obraron emocionalmente y con santa ira podían recibir una condena de 25 años de prisión. Prevenían de los riesgos de tomar la ley en mano propia -normalmente se lo hace en “manada”, es decir cuando es una multitud la que captura al delincuente y en ese el caso la responsabilidad y la culpa por el castigo parecen diluirse en la horda- y hacían notar el fenómeno creciente en la sociedad. Ya eran frecuentes las capturas de arrebatadores en las calles de la ciudad, siempre acompañadas de palizas feroces, a menudo consentidas por los policías.

Está claro que el vigilantismo -es decir, cuando los ciudadanos actúan contra delincuentes, convencidos de que la Policía y la Justicia están fallando- es bien mirado por la comunidad, que encuentra la inmediata vindicta frente a sus temores al robo o a la agresión de los delincuentes. Ocurre acá y en el mundo y es fácil percibirlo en novelas, películas y series: la gente está a favor del que ejecuta la ley, por lo general ante la pasividad, o la ineficiencia o la corrupción policial y/o judicial, siempre y cuando esté claro que el castigado es el malo.

Palizas consentidas

Por eso los fiscales han sido cuidadosos en las acusaciones contra los ciudadanos desatados en manada. Las palizas a los arrebatadores se consienten y hasta hubo homicidios considerados como defensa propia. Este año notoriamente violento en Tucumán -ya ocurrieron 126 homicidios- ha sumado una decena de casos de muertes en los que las víctimas o sus allegados tomaron la ley en sus manos. En algunos de ellos no se descubrió a los “justicieros” y en otros fueron procesados porque la índole de la venganza fue brutal. Así fue el caso de Antonio Andrada, acusado de matar a Gonzalo Rizzo, que le habría robado la moto horas antes. El vecino dominó al ladrón, lo hirió de un balazo, lo ató de pies y manos, y luego lo sujetó en un vehículo y lo arrastró varios metros hasta dejarlo sin vida en una calle del barrio San Miguel.

Esos son casos mortales. Los de palizas simples son bastante frecuentes e incluso, salvo casos aislados, no mueven la sensibilidad de la comunidad. Circulan los videos por las redes sociales. Con excepciones, como el caso del acusado de robo en Alderetes, hace tres semanas, que fue desnudado por la horda y empalado por un vecino. La Justicia no le hizo nada al vecino, que recibió promesas de venganza de amigos del empalado, a través de videos filmados desde un calabozo.

Aun cuando algunas historias de los homicidios por mano propia de este año incluyen premeditadas persecuciones y capturas de los sospechosos, ninguna llegó a los extremos del caso del “Culón”. El crimen de la niña fue la gota que rebasó el vaso social. No fue un grupo reivindicador. Fueron cientos de vecinos los que salieron a buscar al violador asesino y la horda que lo asesinó estaba en una multitud de entre 200 y 500 personas. Tras el primer asesinato, el de la niña, que paralizó a Tucumán (y espantó al país) llegó el otro, el de “Culón”, que sumió a la provincia en la distopía. Fueron cazadores de zombis y monstruos los que hicieron que el Estado se disolviera. No hay policía ni autoridad que ejecute la ley ni que ponga orden.

El jueves el Gobierno fue un hervidero entre cuatro paredes. Se discutió qué hacer mientras arreciaban los rumores de la renuncia del ministro de Seguridad, Claudio Maley, y del jefe de Policía, Manuel Bernachi, así como se hablaba de sus sucesores. A la noche quedó en claro que por ahora no habría cambios y Maley hasta dio una opinión edulcorada del trabajo en seguridad, como si la vida tucumana no se hubiera erosionado hasta el tuétano con estos sucesos.

También arreciaron nuevos hechos sobre de la disolución social: el ataque al carnicero acusado de abuso en Alderetes, la paliza a un adolescente arrebatador en la esquina de Ernesto Padilla y Las Piedras, la furia popular por presunto abuso de un niño en Delfín Gallo. Ayer los fiscales debatieron por la falta de reacción de las autoridades judiciales frente al hecho de que la gente tome la ley por sus manos. Es que el vigilantismo ha ganado las calles.

Darse cuenta

Pablo Riquel, el padre de Abigail dio, en medio del dolor infinito, algunas claves de lo que está pasando. Para los pobres, abandonados por las autoridades, nunca hay prevención de seguridad ni justicia. Por eso no hubo respuestas inmediatas ante la denuncia de la desaparición de Abigail y nadie creyó que los agentes atraparían al asesino. El sospechoso fue capturado por vecinos. “Tienen que cambiar... que le den solución a la gente, que estén presentes”, dijo. Hizo notar que hay respuestas sólo cuando hay marchas, y eso ya es tarde; y remarcó la situación de los pobres, que en este contexto de emergencia social y económica y de pandemia van a ser el 50% de la sociedad. Agregó: “la sociedad se está dando cuenta de la clase de Gobierno que tenemos, de la clase de autoridad que tenemos”.

Las cosas han llegado a un punto de quiebre. Ayer hubo rumores de saqueo; ya están casi instituidas las tomas de tierras y la sociedad en general está en un nivel de hartazgo por las limitaciones que genera la pandemia, mientras el pánico por la cantidad de contagios y muertes por coronavirus crece y crece. El Gobierno, con el inmovilismo en seguridad -pese a que Tucumán es la segunda provincia más violenta en el país- apuesta a que una vez que pase la polvareda llegará la calma. Como hizo con casos de intensa conmoción social, como los crímenes de “Pepe” Porcel y de Ana Dominé. Pero algo deberá hacer. Ya estamos en el lugar sin límites, ese definido por el escritor José Donoso como el mismo infierno.