Cano: “quieren borrar la 
verdad que hemos oído”

José Cano, diputado nacional por Juntos por el Cambio, consideró que en Tucumán no hay justicia porque el Poder Judicial actúa de manera evidente “como un órgano del partido que gobierna”. “Esta corporación ha decidido borrar la verdad que todos hemos oído”, afirmó respecto del dictamen de la fiscala Mariana Rivadeneira que solicitó la exclusión de los audios grabados por el juez Enrique Pedicone como prueba de los delitos que aquel endilgó al vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva.

“Lamentablemente ya nada llama la atención. El Poder Judicial actúa corporativamente en la búsqueda permanente de impunidad. La fiscala Rivadeneira desestimó el valor probatorio de los audios donde consta que Leiva intentó influenciar el voto del juez Pedicone (en una causa por supuestos abuso sexual y actos de corrupción que involucra al legislador Ricardo Bussi). El ministro público fiscal interino, Alejandro Noguera, informa que es ‘inaceptable e intolerable [..] mancillar la honorabilidad institucional del Poder Judicial’, y recomienda sancionar al denunciante y a sus abogados en un intento de acallar a las pocas voces críticas que hay en el Poder Judicial. Con fiscales como Rivadeneira y Noguera, a Leiva no le hace falta tener abogado defensor”, manifestó Cano.

El dirigente opositor expresó que la Justicia se desempeña como si fuese el oficialismo; la fiscalía que debe procurar la búsqueda de justicia, la obstruye; el vocal de la Corte que debe ser ejemplo de independencia judicial intenta influenciar el fallo de un juez y el jefe de fiscales que debe impulsar una investigación pretende acallar a los denunciantes. “Pedicone solicitó el anfiteatro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, pero, en realidad, debería pedir el Teatro Alberdi y montar un espectáculo porque estamos viendo un show más que un proceso”, explicó.

En un texto que mandó a LA GACETA, Cano denunció que no hay juez independiente, no hay fiscal que procure defender los intereses del Estado y de la sociedad, y no hay un defensor que haga una defensa justa. Además, atacó las oscilaciones del Ministerio Público Fiscal: “este organismo debe tener una sola postura. ¿Cómo puede ser que en el caso del intendente Francisco Caliva (Tafí del Valle) la fiscala Mónica García de Targa pida que se abra una investigación con la prueba de los audios grabados por teléfono y que en el caso del concejal Agustín Ruiz (Las Talitas) valgan los audios (por pedido del fiscal Daniel Marranzino), pero no para los amigos del jefe de los fiscales Edmundo Jiménez, del vicegobernador Osvaldo Jaldo y del gobernador Juan Manzur?”.

Cano formuló otra pregunta a continuación: “¿los vocales de la Corte no pueden ser juzgados porque no habrá pruebas válidas?”. El diputado afirmó que la grabación de alguien mientras comete un delito debe ser considerada válida como prueba: “si un tucumano graba a un delincuente mientras trata de robar; si filma a un violador y si fotografía a un asesino en la escena del crimen, las pruebas derivadas de tales hechos se deben usar. Los audios desestimados sientan un peligroso precedente: las cámaras de seguridad no tendrían valor en Tucumán y las grabaciones con teléfonos no podrían ser usadas para dilucidar un crimen porque se vulneraría el ‘derecho a la privacidad e intimidad’ de los delincuentes que no consienten una grabación cometiendo sus delitos. Es el mundo del revés. Pobre Tucumán, pobres de nosotros”.