Altamente dependientes

Hay un indicador financiero que demuestra el grado de dependencia de una provincia respecto del poder central. Es el del endeudamiento público. La última información disponible sostiene que el conjunto de los 24 distritos de la Argentina acumula una deuda cercana a $ 1,6 billón; de ese total, Tucumán representa cerca del 1,3%, de acuerdo con los datos al 30 de marzo pasado, publicado por el Ministerio de Economía de la Nación. Desde hace al menos una década, la deuda pública no ha sido un estigma, como en otros períodos, para las gestiones de gobierno. Se mantuvo por debajo del 10% del presupuesto provincial. ¿Por qué no se saldó? Si bien los sucesivos gobiernos (José Alperovich y ahora Juan Manzur) tuvieron la posibilidad de convertir a cero aquel endeudamiento, hubo una situación de fondo por la que se mantuvo: la vigencia de la ley de emergencia económica y financiera de la provincia. Sin deuda, seguramente crecerían los reclamos judiciales con un Estado que, a prima facie, mostraba cierta solvencia para cumplir -en tiempo y en forma- sus obligaciones financieras. Hoy la curva de esa deuda pública es ascendente. Sólo en el último año ha crecido de $ 15.100 millones (julio de 2019) a $ 25.900 millones (julio de este año).

¿Cuánto de esos compromisos fueron adquiridos para inversión en obras públicas? Las cifras publicadas por el Ministerio de Economía de la Provincia muestran que la inversión pública fue de $ 198 millones durante ese período ($ 160 millones más que hace un año). El grueso de la nueva deuda fue generada por préstamos tomados por la gestión Manzur para cubrir baches financieros con dinero nacional. Y aquí está el dato más llamativo de ese crecimiento de las obligaciones contraídas por la provincia: el 86% de las deudas tienen como acreedor al Gobierno nacional.

La peregrinación del gobernador por Casa Rosada continuará. El déficit fiscal previsto para este año no baja de los $ 8.000 millones. Es difícil que, en el año de la pandemia, Tucumán pueda pensar al menos en equilibrar las cuentas. La recaudación de impuestos no logra superar a la inflación. Los empresarios y los industriales afirman que, sin medidas económicas, resulta difícil sostener el esquema regular de pagos de las obligaciones fiscales. El sector privado manifiesta un estrés financiero que va más allá de la ecuación de un negocio. “No damos más y no observamos que los gobiernos nacional y provincial adopten medidas que signifiquen la restitución de la confianza en el rumbo económico”, confiesa un empresario de amplia trayectoria en Tucumán y que ha padecido los efectos de varias crisis, ninguna de ellas con las características de la actual, afirma. Los empresarios creen que la cuarentena debe llegar a su fin y que el Estado debe readecuar las condiciones para que la recuperación sea lo menos traumática posible y rápida. Los negocios siguen cerrándose y la desocupación es creciente en una provincia en la que la mitad de los asalariados está en negro, una vieja práctica para achicar costos laborales.

Una de las medidas adoptadas para amortiguar el impacto laboral de la pandemia consistió en prohibir los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, pero dejó habilitadas las suspensiones acordadas individual o colectivamente, justifican en el Ministerio de Trabajo de la Nación. En este marco, la CGT acordó con la UIA el procedimiento a seguir por las partes para la aplicación de las suspensiones, en el cuál se estableció un esquema para sostener el salario de las y los trabajadores, al disponer que durante el plazo que se extienda la suspensión, el ingreso no deberá ser inferior al 75% de la remuneración neta que hubiera correspondido si hubieran prestado servicios. Paralelamente, el Estado contribuyó al sostenimiento del salario privado con el programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP).

Pero la gestión no se agota tan sólo en resolver estas cuestiones mientras se atiende la cuestión sanitaria que se profundizó en las últimas semanas con más casos de covid-19.

En Tucumán, el Gobierno no ha logrado todavía tomar el toro por las astas y resolver el prolongado conflicto del transporte público de pasajeros. Los choferes no pueden cobrar sus salarios; los gremialistas exigen respuestas y los empresarios señalan que, aún recibiendo los subsidios nacionales, no tendrán dinero para comprar combustible y poner en funcionamiento los colectivos. Curioso caso el de Tucumán, único distrito del país en el que se mantiene un extenso conflicto sin servicio. Ahora se suma el caso Abigail en el que la sociedad demanda respuestas contundentes a un Estado que tampoco encuentra soluciones al creciente problema de la inseguridad. En este juego de espejos, la situación de Tucumán es casi similar a la del Gobierno nacional. El gabinete no encuentra medidas que tiendan a encarrilar la situación en esos temas puntuales: prestación de servicios y seguridad.

Dentro de 10 días, Manzur cumplirá cinco años al frente de la gobernación. Tal vez en su discurso sostenga que los primeros cuatro años de gestión gobernó con una administración nacional (la de Mauricio Macri) no afín políticamente. El año del segundo mandato lo ha encontrado gestionando una crisis de pandemia que, en cierta medida, ha llevado a una suerte de envejecimiento prematuro, con costos políticos elevados. En el oficialismo hay quienes sostienen que es necesario oxigenar la gestión. Manzur, sin embargo, se toma su tiempo. Los cambios no están todavía entre sus planes.