El titular interino del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Noguera (reemplaza a Edmundo Jiménez), aconsejó la aplicación de sanciones para el juez Enrique Pedicone, y sus abogados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig, además del rechazo sin más trámite del recurso de per saltum que presentaron en el ámbito de la causa contra el vocal Daniel Leiva (se informa por separado). Noguera consideró que el denunciante de Leiva había “mancillado la honorabilidad institucional del Poder Judicial” al expresarse de un modo injurioso respecto de su institución, el Ministerio Público Fiscal; la fiscala Mariana Rivadeneira; el juez Juan Francisco Pisa y Leiva. “Sus manifestaciones están reñidas con la ética y la buena fe procesal”, cuestionó Noguera.
El sustituto de Jiménez acotó que ciertos pasajes del per saltum eran “inaceptables e intolerables”. Y, con la intención de demostrarlo, copió algunas oraciones incluidas en el escrito articulado el 5 de octubre, horas después de que la comisión de Juicio Político de la Legislatura resolviese rechazar y archivar los seis pedidos de destitución de Leiva, y dar curso a los siete correspondientes a Pedicone. En primer término, Noguera citó el siguiente pasaje del escrito de Pedicone: “invité públicamente al vocal acusado a que en un breve trámite debidamente controlado, ambos ofreciésemos nuestros teléfonos celulares y su contenido a la autoridad pertinente. Pero Leiva jamás aceptó ese reto, y comenzó una serie aún inconclusa de fintas y esquives: se refugió en su vocalía para, desde allí y al amparo del máximo tribunal, tratar de influenciar, osbtaculizar y desviar la investigación de los hechos que lo tienen como principal sospechoso, y la averiguación de la verdad que nos merecemos todos los tucumanos”.
En segundo lugar, Noguera transcribió este párrafo: “resulta notorio, entonces, que si la Corte no aniquila el fallo del juez Pisa podrá colegirse que el Poder Judicial tucumano ha optado por el secretismo y marginado la transparencia; ha renunciado a su imparcialidad; sin pudor, se ha puesto del lado del delito y de la obscuridad; ha enviado un claro mensaje a la sociedad de que las leyes no se aplican a los privilegiados gobernantes y, con ello, ha abdicado de su rol de equilibrador equidistante. Por último, habrá avisado que en esta tierra los derechos no encuentran tutela en los Tribunales y que la verdad no es una virtud, ni una obligación, ni un destino”.
A modo de tercer ejemplo, Noguera transcribió: “es que aviesamente la defensa de Leiva, así como los otros actores involucrados en el ocultamiento y la impunidad –el Ministerio Público Fiscal (Rivadeneira) y Pisa- vienen tratando de que los tiempos se dilaten para, en algún momento –y aunque suene a ridículo-, solicitar el archivo de las actuaciones sin que nunca se conozca la verdad y se sancione al inefable Leiva”.
El jefe subrogante del Ministerio Público Fiscal razonó: “Pedicone, Ahumada y Battig afectaron la probidad de las instituciones judiciales al endilgar a sus miembros sin fundamento alguno actitudes contrarias a la ley direccionadas a incidir en forma parcializada en el trámite y la resolución del caso ‘Leiva’”.