“Vender leche del Estado es un delito, es repudiable”, dijo Medina Ruiz

Luis Medina Ruiz, secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), expresó que la venta de leche provista por el Estado, que tiene la leyenda “prohibida su venta”, es un delito. Aclaró que, mediante el registro de las cajas de leche entregadas a embarazadas, niñas y niños, pudieron rastrear que la leche adquirida en el mercado negro por LA GACETA no forma parte de la dotación con la que trabaja el Ministerio de Salud de la Provincia.

“Una leche que dice ‘prohibida su venta’ no puede venderse. Es un delito, es como vender medicamentos que dicen ‘muestra gratis’ o que se distribuyen en los hospitales. Es un delito y lo repudiamos desde el Siprosa. Es doblemente repudiable en este contexto, porque estamos en una pandemia y porque se han empeorado las situaciones sociales, hay más gente en peores condiciones. Esta leche, no sé quién la habrá adquirido, de dónde, pero está destinada a niñas, niños y embarazadas y se le quita a estas personas para venderlas”, consideró Medina Ruiz.

La segunda autoridad del Ministerio de Salud de la provincia, luego de la ministra Rossana Chahla, explicó que el Siprosa reparte alrededor de 100.000 kilos de leche en polvo al mes en CAPS y hospitales. Está dirigido por el Programa Materno Infantil a personas embarazadas, niñas y niños de entre seis meses y dos años, para garantizar su alimentación. “No se entrega antes de los seis meses, salvo en casos indicados, porque durante esa etapa de vida no hay mejor alimento que la leche materna. Esto es por el programa Materno Infantil, dentro del Siprosa, está a cargo de la distribución de leche ante cada control de niño sano, de desarrollo cognitivo, peso y psicomotor, dos kilos por mes, y para las embarazadas, un kilo por mes, porque se debe intensificar la alimentación enfocada al aporte de calcio”, agregó Medina Ruiz.

“Históricamente se han detectado casos aislados de una madre o de algún miembro familiar vendía la leche. Eso es repudiable, por supuesto, pero se trata de ventas que hace una persona y por hasta dos unidades por mes, que es la que recibe por un niño o niña. El Siprosa trabaja con un sistema de trazabilidad y conocemos qué caja por número de lote son entregadas a cada beneficiario, en cada localidad. Con el número de lote informado de este acontecimiento, buscamos y pudimos detectar que no pasó por el Siprosa, tenemos esa certeza. Sí sabemos que hay personas que realizan estas ventas que no corresponden y que son repudiables, pero nunca nos encontramos casos de venta como en este caso, que aparentemente se trata de una venta en mayor magnitud”, comentó el funcionario provincial.

Recomendó que si una persona conoce de una situación de estas características, denuncie en un CAPS o en una comisaría.

Funcionarios de Desarrollo Social de la provincia explicaron que la cartera no trabaja en el reparto de leche en polvo Santa Clara, sino que la distribución es de leche fluida de marca La Overita, producida en Trancas.

Respuesta de Nación

Luciano Chincarini, titular de la Delegación Tucumán de Desarrollo Social de la Nación, explicó que esa marca de leche también es repartida a merenderos de la provincia. “Es tristísimo que ocurra una cosa así en un momento de la Argentina como vivimos, que demuestra el pueblo de ser solidarios y que se organiza para terminar o paliar con la emergencia alimentaria en el país, porque la situación se ha empeorado a raíz de la pandemia. Ver estas actitudes de algunas personas que venden leche que aportamos desde el Estado nacional es condenable y debe verse desde la Justicia para que se persiga y se condene, no puede ser que se venda leche que se entrega para merenderos o para niñas y niños en CAPS”, explicó el funcionario nacional.

“Me indigna esta situación, estoy al frente de la delegación tucumana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pero vengo de las organizaciones sociales donde se construyen en cada uno de los barrios a lo largo y a lo ancho de la provincia dispositivos para paliar esta situación crítica que se vive desde el punto de vista alimentario. Que sucedan estas situaciones... Quiero creer que es un hecho aislado, que no sucede sistemáticamente, porque sino perdemos las esperanzas de recuperarnos. Por eso quiero que la Justicia investigue para conocer qué ocurre”, sostuvo.

Chincarini comentó que desconoce los mecanismos de la Nación para la adquisición de mercadería, pero que buscará identificar si el lote de cajas comercializada irregularmente fue asignado a algún merendero. “Al Movimiento Evita les llega esa marca, la están recibiendo las organizaciones sociales. Voy a ponerme en contacto con el personal del galpón del Ministerio para poder hacer la trazabilidad de cada caja, a partir de esta inquietud, e investigar si ese lote está registrado como mercadería entregada por nuestro ministerio”, se comprometió.

Carlos Nájar, intendente de Las Talitas, indicó que acudirán al lugar con inspectores para labrar actas de infracción porque se trata de un comercio irregular. “Nosotros no tenemos injerencia alguna en la distribución de este producto, pero en esta situación social este hecho es aún más grave. Es una venta que parece irregular, debemos ser contundentes y acercar a la Justicia todos los elementos para dilucidar si hay un delito. Vamos a actuar como municipio atacando la comercialización, porque debe estar inscripta. Esta es una venta informal, iniciaremos con la Secretaria de Medio Ambiente a apersonarnos en el municipio y en el caso de constatar la venta, clausuraremos este lugar”, planteó.