La gremialista Alejandra Martínez. FUENTE: FACEBOOK
El abogado Gustavo Morales y la gremialista judicial Alejandra Martínez presentaron una “solicitud de aclaración” ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura para que brinde precisiones respecto de la Resolución 491 mediante la cual el pasado lunes 5 ese órgano parlamentario resolvió, por 10 votos contra dos, archivar y rechazar los seis pedidos de destitución que se presentaron contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva. El letrado y la sindicalista impulsaron el primero de esos planteos de remoción, el 7 de septiembre, al día siguiente de que LA GACETA difundiera los audios facilitados por el juez de Impugnación de esta ciudad, Enrique Pedicone. Ese magistrado sostiene que corresponden a la grabación que él hizo el 28 de julio cuando, según afirma, el miembro del alto tribunal le pidió, invocando los nombres del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, que “manejara la intensidad” de la causa por supuesto abuso sexual e irregularidades con cuentas bancarias contra el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), según el opositor sea más o menos funcional al oficialismo.
Precisamente y a propósito de la denuncia de Pedicone, Morales y Martínez pidieron que Leiva sea removido de su cargo por presunta falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y por la supuesta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
“Resulta extremadamente llamativo y suspicaz que, sin haber oído al denunciado vocal de la Corte, con absoluta la liviandad, la mayoría de la comisión de Juicio Político arguya ‘que en el caso no podríamos tener por ciertos los hechos en que se fundan las presentaciones en contra de Leiva, cuando estos son desconocidos y están siendo investigados en su ámbito natural: el Judicial”, plantean el letrado y la sindicalista en el escrito presentado en el Poder Legislativo. Se refieren al texto del dictamen que impuso la mayoría peronista de la comisión de Juicio Político, que fue votado por los oficialistas Zacarías Khoder (presidente), Sergio Mansilla, Enrique Bethencourt, Norma Reyes Elías, Gonzalo Monteros, Adriana Najar, Graciela Gutiérrez de Salomón, Reneé Ramírez y Carlos Francisco Gómez, todos del bloque Justicialista de Todos, y por el alperovichista Julio Silman. El alfarista Raúl Pellegrini (Partido de la Justicia Social) y el bussista Mario Casali (Fuerza Republicana) votaron en favor de correr traslado de las acusaciones a Leiva, para que él presentara su descargo.
“Sin sustento probatorio alguno, pues ni siquiera individualiza la fuente, la mayoría de la comisión de Juicio Político asevera que ‘aún con respecto a los presuntos hechos contenidos en la denuncia, no puede perderse de vista que estos son negados categóricamente por el denunciado, razón por la cual, en un Estado constitucional de derecho como el nuestro, desconocer los derechos y las garantías fundamentales que asisten al doctor Leiva implica no sólo exceder nuestro cometido institucional, sino socavar las bases mismas de nuestro ordenamiento político’”, transcribieron Morales y Martínez.
“Por ello, previo judicializar este verdadero engendro jurídico, corresponde, por razones de buena fe y lealtad, solicitar que la comisión de Juicio Político aclare cuál es el elemento probatorio en estas actuaciones que, desde el punto de vista jurídico, conducen a la conclusión de que el harto cuestionado Leiva ‘desconoce los hechos’ y que ‘son negados categóricamente’”, fustigaron.
La dupla denunciante solicitó, en particular, otra aclaración respecto del rechazo expreso que el dictamen de mayoría hace del planteo de destitución presentado específicamente por ellos. El despacho legislativo dice: “en cuanto a las otras imputaciones mencionadas en el pedido de Morales (presunto viaje a Buenos Aires sin autorización y amistad con el vicegobernador Jaldo), estos carecen de la rigurosidad y gravedad que debe revestir la causal para dar curso a un proceso como los que aquí intentan”. Según Morales y Martínez, “la comisión de Juicio Político debe precisar en qué consiste -desde su especialísimo punto de vista- la presunta falta de ‘rigurosidad y gravedad’ con la que califican el ‘presunto viaje a Buenos Aires sin autorización’ durante el aislamiento que se le endilga a Leiva; así como la ‘amistad con Jaldo’”.
