El 1 de septiembre y al tiempo que entraba en vigor en toda la provincia el Código Procesal Penal, Enrique Pedicone, juez de Impugnación, activaba la bomba de la denuncia contra Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Esta primera acusación dio pie a una maraña de denuncias vinculadas y a un “per saltum” presentado por Pedicone ante la propia Corte para lograr que el caso “Leiva” sea tramitado con las reglas de la reforma, es decir, audiencias orales y públicas, y que le concedan la calidad de querellante (el trámite de este recurso interpuesto el 5 de octubre depende de un dictamen del fiscal Alejandro Noguera sobre la competencia, que aquel firmó el viernes a última hora, pero no trascendió aún).
A la comisión de Juicio Político de la Legislatura, órgano encargado de impulsar las destituciones de los magistrados, ingresaron en total 13 denuncias: seis contra Leiva y siete contra Pedicone. El 5 de octubre por la mañana, el comité rechazó y archivó los cuestionamientos dirigidos al vocal, y corrió traslado los correspondientes a su denunciante. Esta mesa tiene 12 integrantes. El oficialismo tiene mayoría cómoda con nueve miembros: el presidente Zacarías Khoder (foto), Sergio Mansilla, Adriana Najar, Enrique Bethencourt, Norma Reyes Elías, Gonzalo Monteros, Graciela Gutiérrez, Carlos Gómez y Renée Ramírez. Otros tres bloques disponen de representación en Juicio Político: Julio Silman por el alperovichismo, Mario Casali por el bussismo y Raúl Pellegrini por el alfarismo. El oficialismo completo junto a Silman y a Pellegrini votaron a favor de trasladar las denuncias a Pedicone (sólo Casali se opuso). Mientras que los nueve legisladores afines al Gobierno y Silman dispusieron la desestimación de los planteos contra Leiva (Casali y Pellegrini consideraron que el vocal también debía dar explicaciones respecto de la denuncia penal explosiva).
Este escenario supone para Pedicone la posibilidad concreta de perder el cargo al que accedió en 2014 como consecuencia de un concurso público de antecedentes y de oposición en el Consejo Asesor de la Magistratura. Seis de las siete denuncias existentes en su contra le reprochan, en términos generales, el haber dictado excarcelaciones a presos con preventiva mientras que la denuncia del abogado Alfredo Falú objeta su proceder respecto de Leiva, entre otras críticas. El 15 de octubre, la comisión de Juicio Político descartó por unanimidad la denuncia contra los seis jueces acusados de liberar y demorar el juzgamiento de uno de los presuntos asesinos de la víctima Ana Dominé.
