Por Gustavo Rodríguez
17 Octubre 2020
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José Lucas Barrionuevo
Está acusado de liderar una asociación ilícita, defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, utilización de información de carácter reservado y enriquecimiento ilícito. Estuvo detenido y después fue liberado por una polémica resolución judicial.
Su patrimonio quedó al descubierto al habérsele tasado una propiedad de más de $10 millones en un country de Yerba Buena y por circular en una BMW blanca. También habría realizado varios viajes al exterior. Cuando estalló el escándalo era funcionario del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano (Ipvdu) y al menos un empresario lo denunció haberle pedido un departamento a cambio de que se le adjudicaran obras del Estado.
Cuando declaró dijo que el incremento de su patrimonio se debió al ejercicio de su profesión. “Manifestó haberse matriculado en el año 1987 y desde entonces hizo emblemáticos trabajos a lo largo y a lo ancho de la provincia que le dieron grandes sumas de dinero. Este Ministerio pudo corroborar mediante informe del Colegio de Agrimensores que Barrionuevo se encuentra inscripto desde el año 1994 encontrándose inhibido desde el año 2007 por tener morosa su matrícula”, detalló la fiscalía en el requerimiento a elevación a juicio. Su defensor, Arnaldo Ahumada, señaló que hasta el momento no fue notificado sobre la elevación a juicio de la causa.
Néstor Miguel Jiménez Augier
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Néstor Miguel Jiménez Augier
Otro ex funcionario del Ipvdu que fue investigado por la trama de corrupción que se había montado en el organismo. A diferencia de los otros acusados, sólo se le imputó el delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública. Fue otro de los involucrados que permaneció detenido por la causa. La Justicia descubrió que tenía casi U$S 500.000 y $100.000 en una caja de seguridad de una entidad bancaria. Dijo que en realidad era de su amigo Álvaro Arraya, que había pedido que se lo guarde. “El imputado sólo quiso mantener una coartada que el material probatorio recolectado en autos ha desbaratado sin lugar a dudas, no habiendo podido, en consecuencia, justificar las irregularidades patrimoniales que le fueron reprochadas por este Ministerio”, se pudo leer en el requerimiento a elevación a juicio.
Sebastián Alejandro Nieva
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Sebastián Alejandro Nieva
Uno de los sobrinos de Barrionuevo que reconoció haber prestado su nombre para que apareciera como propietario de la empresa Marán, con la que se habrían cometido las irregularidades. El joven, que fue imputado de integrar una asociación ilícita y de defraudación contra el Estado, contó que su tío le pidió en 2007 que pusieran la empresa a su nombre. También aportó algunos detalles sobre cómo funcionaba administrativamente la empresa. Declaró además que él estaba encargado de la compra de materiales porque sabía del tema.
Darío Martín Nieva
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Darío Martín Nieva
El joven, que al igual que su hermano está acusado de integrar una asociación ilícita y defraudación contra el estado, confirmó la versión de cómo llegaron a figurar como propietarios de la empresa. Su aporte fue fundamental porque explicó con claridad cuál era el mecanismo que utilizaban para ganar las licitaciones y cómo realizaban las gestiones para cobrar el dinero.
Los Nieva se acogieron a la figura del testigo arrepentido para colaborar con la investigación con el fin de recibir una pena menor si llegaran a ser encontrados culpables en un hipotético caso. Fue la primera vez que se otorgó este beneficio a imputados en la justicia ordinaria.
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Jorge Horacio Tapia
El arquitecto está acusado de haber realizado las certificaciones de los trabajos que realizaba la empresa Marán para el Ipvdu sin que, supuestamente, los hubieran terminado. “Este imputado ha intentado desentenderse del hecho en el que encuadra su conducta manifestado una mala relación con Barrionuevo e incluso estableciendo que las certificaciones de Marán se realizaban antes que las demás obras por indicación de Barrionuevo, no comprendiendo este Ministerio por qué Tapia Jorge Horacio no realizó nunca un descargo sobre tal situación”, se puede leer en la acusación.
La fiscala Adriana Giannoni señaló además que: “el mismo inspector ha dejado en claro que firmaba certificados de obra respecto de mejoras que en realidad no estaban allí ‘por una razón de redondeo’, y con ese argumento permitió que la empresa haya podido cobrar casi la totalidad del monto contractual de la obra San Carlos Oeste II cuando claramente no estaba ni siquiera en miras de finalizar”, indicó.
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Gustavo Durán
El que fuera interventor del Ipvdu durante 15 años de manera ininterrupida falleció en noviembre de 2017 de una grave enfermedad. La Justicia tambián había decidido investigarlo por las irregularidades que fueron detectadas en el organismo. La muerte del funcionario canceló la pesquisa en su contra.
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Alvaro Arraya
El entrenador de básquet fue investigado en la causa porque Jiménez Augier había declarado que los casi U$S 500.000 y los $100.000 que tenía en una caja de seguridad de un banco eran de él y que le había pedido que se las cuidara. Sin embargo, el reconocido entrenador, cuando se presentó a declarar en la Justicia, negó esa versión. Contó en realidad que fue el acusado que le pidió que hicieran un acta ante un escribano sosteniendo esa teoría porque tenía miedo de perder esa suma de dinero por el juicio de divorcio que estaba desarrollando en esos momentos.
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Adriana Giannoni
La fiscala Adriana Giannoni investigó la causa y la cerró días antes de que entrara en vigencia el nuevo código procesal penal para, justamente, evitar que otro par se hiciera cargo del caso. Fue una pesquisa complicada porque debió afrontar numerosas complicaciones, especialmente, la demora en recibir la información. Este fue uno de los últimos casos que resolvió antes de jubilarse.
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Silvia Elías de Pérez
“Desde un primer momento sabíamos que se trataba de una asociación ilícita, pero aquí faltan las cabezas que están mucho más arriba”, indicó la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, que aportó varias pruebas para que se investigara el caso.
“La fiscala Giannoni se movió bastante y pudo eludir todas las piedras que se presentan cada vez que se investiga al poder. Esperemos que su trabajo no haya sido en vano y que no quede a medio camino”, indicó la parlamentaria, que agregó: “El aporte de LA GACETA también fue clave para que esto no quedara en la nada”, explicó.
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Francisco Pisa
Será el magistrado que tendrá que resolver el pedido que realizó Giannoni, como juez conclusional. Es el mismo magistrado que entiende la causa que se inició por la denuncia de Enrique Pedicone en contra del vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva.
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