Tribunales LA GACETA / ARCHIVO.
La exhortación de tomar licencia hasta que el panorama se aclarara era idéntica para los tres, pero cada quien hizo lo que quiso o, en el mejor de los casos, pudo. El vocal decano Antonio Estofán optó por excusarse expresamente en las investigaciones administrativas que lo atañen (se informa por separado). El vocal Daniel Leiva siguió trabajando con normalidad e incluso intervino en al menos una decisión atinente a su denunciante, el juez Enrique Pedicone. Y este último ayer se reincorporó a su tribunal luego de agotar los días de vacaciones o por razones particulares de que disponía, y de que la Corte le denegara la “licencia extraordinaria” con goce de sueldo que había solicitado (ver fotonoticia). Desde ayer tanto los vocales como el magistrado prestan servicios mientras deben defenderse o impulsar acusaciones en la misma institución en la que trabajan.
La permanencia de los jueces cuestionados en los cargos mientras son investigados en la Justicia incrementa la desconfianza en la institución, según los dirigentes de la abogacía que habían instado las licencias. Todos insistieron en que los magistrados cuestionados debían “aislarse” por su bien y el del Poder Judicial. “Es impactante que hayan pasado 45 días sin decisiones. La Corte incluso pudo haber hecho un aconsejamiento de tipo político a Leiva y a Estofán para que dejaran momentáneamente sus puestos en resguardo del conjunto. Una exhortación de este tipo no es igual a la que podamos hacer nosotros o la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)”, observó Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital. El vicepresidente Carlos Casal dijo que en este tiempo la crisis había empeorado. “Cada día se agrava más”, advirtió.
José Luis Lassalle, presidente de la FACA, organización que agrupa a 82 instituciones profesionales argentinas, comentó que había dudas en general sobre la independencia judicial, pero que ninguna de las denuncias analizadas por su entidad en los últimos años reunía la gravedad del caso “Leiva”. “A todo el país le preocupa la crisis institucional tucumana”, opinó. Lassalle acotó que en la FACA estaban expectantes, y que habían requerido las licencias en atención a la delicadeza del asunto y a la necesidad del rápido esclarecimiento de hechos que amenazaban el sistema republicano.
“Pedicone tomó distancia, pero Leiva, no. Subsiste la inquietud por la división de poderes en Tucumán en la medida en que Pedicone denunció que el vocal Leiva le pidió que manejara el caso del legislador Ricardo Bussi en nombre del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo”, dijo Lassalle. Y aprovechó para cuestionar que las opiniones críticas de los abogados hayan generado ataques a la profesión: “de ninguna manera admitimos esto”.
Billone apuntó que había habido peticiones concretas de suspensión y de sumario que la Corte aún no había resuelto pese al plazo transcurrido. “Los vocales tienen que hacer algo al respecto”, agregó y recordó que estaba en juego la credibilidad de los Tribunales, así como su capacidad para investigar con libertad e imparcialidad a sus autoridades. Además de Leiva y de Estofán, componen el alto tribunal la presidenta Claudia Sbdar, y sus pares Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos.
“En el medio de esto está la licencia de Pedicone, quien por un lado es denunciante y, por el otro, enfrenta acusaciones en la Legislatura. Él actuó como correspondía hasta dónde pudo. Si bien es verdad que desde el punto de vista reglamentario no está prevista la ‘licencia extraordinaria’, creo que por la naturaleza de las acusaciones y el strepitu fori que causaron estaba justificaba una ‘solución pretoriana’ (generar una regla por la interpretación del orden jurídico)”, consideró Billone. El presidente refirió que la creatividad de la Corte iba a ser bienvenida por la sociedad: “la comunidad pide y necesita este tipo de gestos. No parece razonable que la única forma de lograrlo sea mediante una licencia sin goce de sueldos. Es algo excesivo para quien debe mantener una familia”.
Casal admitió que le resultaba “incomprensible” que algunos se comportaran como si nada hubiese pasado. “Todos hemos escuchado una conversación donde se sugiere un apriete a un legislador opositor con una causa penal: un verdadero dislate en la Justicia que tiene en la independencia del poder la principal de todas sus garantías de actuación”, cuestionó. Y añadió que este caso parecía “cada vez más signado” por los designios del poder político decidido a tomar parte por uno de los involucrados. En esa cuenta anotó “la actuación desalentadora” de la comisión de Juicio Político de la Legislatura que rechazó todos los pedidos de destitución del denunciado (Leiva), y aceptó y dio trámite a todos los del denunciante; “la intervención del vicegobernador casi a modo de defensor” de Leiva y la existencia de una causa penal sin publicidad ni celeridad. “A las pruebas me remito. Nada bueno cabe esperar porque, como dijo Francesco Carrara, cuando la política entra por la puerta del tribunal, la justicia huye asustada por la ventana para regresar al cielo”, razonó Casal.
