Las palabras y la nada

“El Ministerio de la Verdad -que en neolengua se le llamaba el Miniver- era diferente, hasta un extremo asombroso (…). Desde donde Winston se hallaba podían leerse, adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma, las tres consignas del Partido:

La guerra es la paz

La libertad es la esclavitud

La ignorancia es la fuerza”.

George Orwell, “1984”.

Seis semanas se cumplieron ya desde que el Poder Judicial crujió entre denuncias y contradenuncias que alcanzan a todos los poderes del Estado. Y no ha pasado nada. Legítimamente nada. El juez de Impugnación Enrique Pedicone denunció el 1 de septiembre que el vocal de la Corte, Daniel Leiva, presuntamente le pidió en nombre del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo que “maneje la intensidad” de una causa penal contra el legislador Ricardo Bussi, según el opositor sea más o menos funcional al oficialismo.

Leiva lo ha negado todo y formuló una contradenuncia. Ha dicho que se trata de una maniobra para encubrir dos situaciones: la de que su denunciante actúa en causas sin tener competencia para ello, por lo cual ya fue sancionado por el alto tribunal; y la de que en menos de un año dictó el cese de prisión preventiva para más de un centenar de procesados por delitos graves.

Así estábamos el primer día del mes pasado. Así seguimos en la segunda quincena de octubre.

Esta descomunal pausa judicial ha sido descripta en LA GACETA del miércoles como el ojo del huracán. Ese cono de quietud que llega tras la primera embestida, justo en medio del ciclón, permite observar el cielo diáfano, hasta que vuelve a arremeter la tormenta. Desde esa mirilla en plena tempestad se puede observar, por un instante, un fenómeno curioso, a la vez que terrible, en el escenario de los Tribunales. Por un momento, da la impresión de que la Justicia no está para impartir justicia, sino para otra cosa.

Durante la mañana de ayer surgieron una serie de reflexiones corales, con Federico van Mameren y con Irene Benito, en el grupo de WhatsApp donde se vuelcan las novedades de la “Denuncia Penal Explosiva”. Un breve racconto de esas miradas expone, por ejemplo, que la Justicia está para que los jueces se aparten. Las denuncias de alto impacto institucional nunca llegan a algo, como si se tratara de cuestiones menores; pero los magistrados reaccionan haciéndose a un lado como si tuvieran la gravedad que advierten los vecinos de a pie, esos comunes mortales que no ganan salarios de seis cifras exentos de impuestos a las ganancias, ni gozan de estabilidad laboral vitalicia; ni disfrutan de jubilaciones con el 82% móvil sin el “techo” de la Ley de Solidaridad Previsional. Pero que marchan enarbolando indignación frente a estas situaciones, como expuso el programa “Panorama Tucumano”, de LA GACETA.

Sobre la base de esta dinámica, los jueces parecen estar para que les pidan que se aparten, pero al respecto no hay doctrina. Hay jueces denunciados que se excusan, otros magistrados denunciados que no se apartan, y están los que agotan las licencias con goce de sueldo y se reintegran a sus funciones. Y la Corte no dice nada. Legítimamente nada. En parte porque la dinámica de los cuerpos colegiados es sumamente compleja: los vocales del alto tribunal son “pares”. Ninguno es jefe de otro y por tanto hay una soberanía compartida. En parte porque echarle la culpa “al sistema” opera como un relajante sistema de baja presión.

De allí que, aunque la de la Justicia es una palabra creadora, una palabra que crea culpables o inocentes, los Tribunales provinciales son tierra de incertezas. ¿Código Procesal Penal nuevo, a partir de la fecha en que se radica una denuncia; o Código Procesal Penal anterior, a partir de la fecha del hecho que se denuncia? Léase, ni siquiera lo básico, cómo saber con qué normas se tramitarán las causas, está claro aquí. Y en nombre de discutir esas cuestiones de forma, nunca se llega al fondo. El miércoles, por primera vez, se tuvo una certeza en el marco del huracán judicial: los plazos de la investigación de la denuncia de Pedicone contra Leiva está corriendo. Fin de la claridad, un mes y medio después.

La Justicia, entonces, está para ser discutida; y como esa es la finalidad, ¿para qué preocuparse en disponer resoluciones que debieran ser acatadas, si ese no es el punto? Entonces, la defensa de Leiva discute las pruebas que esgrime Pedicone y reclama el archivo de la causa. Y Pedicone refuta que se aplique el Código Procesal anterior, discute que ese debate siga el carril ordinario y presenta un “per saltum” para ir directamente a la Corte, donde la casi totalidad de su integración se encuentra, justamente, discutida.

La trascendencia de la justicia como valor es anotada (entre tantos textos) por Hannah Arendt en su ensayo “Verdad y política”, quien rescata una máxima que atribuye a Fernando I, sucesor de Carlos V: “que se haga justicia y desaparezca el mundo”. Es preferible la nada antes que un mundo sin justicia. Acaso aquí, frente a la intransigencia del adagio latino (“fiat iustitia et pereat mundus”), se optó por no hacer justicia y que se salven todos.

Por cierto, el caso de una justicia que por momentos (como estos momentos) parece no estar para impartir justicia, lejos de convertir a Tucumán en un caso único, pone a la provincia en un afinado compás dentro del concierto nacional. El Gobierno federal, que ya venía insinuando la tendencia de manera más o menos informal, ahora acaba de oficializar su determinación de que las palabras, en realidad, signifiquen cualquier cosa que al oficialismo se le antoje.

De aquí para allá

“Observatorio de la desinformación y de la violencia simbólica” es la última creación del gobierno de Alberto Fernández, que actualiza la obsesión del kirchnerismo contra la libertad de expresión en la Argentina. Libertad de expresión que no sólo es un derecho de la modernidad y una garantía de la república, sino que es un valor fundacional de este país.

Rescata Enrique Alonso Piñeiro en su ensayo “Orígenes de la libertad de prensa en la Argentina” (Editorial de la Academia Nacional de Periodismo, Buenos Aires, 2004) que el Estatuto Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que data de 1815, pautaba que “Se establecerá un periódico encargado a un sujeto de instrucción y talento, pagado por el Cabildo, el que en todas las semanas dará al público un pliego o más con el título de El Censor. Su objeto principal será reflexionar sobre todos los procedimientos y operaciones injustas de los funcionarios públicos y abusos del país, ilustrando a los pueblos en sus derechos y verdaderos intereses”. A continuación disponía la edición de otro órgano, también “pagado por los fondos del Estado”, para que semanalmente diera cuenta de determinadas noticias, “y satisfaciendo a las censuras, discursos o reflexiones del Censor”.

Este país, cuyo primer eslogan patrio reza “El pueblo quiere saber de qué se trata”, se funda también en la convicción de la prensa libre de ataduras del Estado.

Ahora, el fernandismo (no el de Fernando I, sino este, que es más kirchnerista que el kirchnerismo) lanza el observatorio “Nodio” para “generar insumos” con los cuales “reflexionar acerca de las prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad” y debatir “sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet”.

“Una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital. Otra muy distinta sucede cuando este tipo de propuestas provienen de organismos públicos, que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de ‘observación’ como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aún más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión”, ha advertido la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

“Nodio, según las autoridades del organismo, fue pensado para trabajar ‘en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión’. Creemos y les expresamos que esta definición tiene una peligrosa ambigüedad que puede ser usada para afectar la diversidad de expresiones periodísticas”, ha alertado el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

Si ya es gravísimo que el Estado vaya a monitorear medios para asignar certificados de verdad o de falsedad, de maldad o de bondad, y de periodismo de alta calidad o de baja calidad, se torna institucionalmente esquizofrénico que a semejante censura vayan a administrarla los que mantuvieron intervenido el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) entre 2007 y 2015. Los que destruyeron la credibilidad de una institución, haciéndola decir la inflación anual del país era de un dígito, y que hasta sostuvieron que Alemania tenía más pobreza que la Argentina, van a ocuparse de decirles a los argentinos qué es cierto y qué no lo es.

Nos cuidarán “la verdad” los mismos que firmaron un tratado internacional en secreto, suscribiendo con Irán el inconstitucional “Memorando de entendimiento”, destinado a sellar la impunidad en el demencial ataque terrorista a la Argentina a través de la AMIA, creando un organismo que, en el epítome del absurdo, iba a llamarse “Comisión de la Verdad”.

El Gobierno está llevando la realidad argentina hacia la ficción de “1984”, la obra distópica de Orwell sobre un mundo vigilado donde el Gran Hermano todo lo controla. Allí el Gobierno tiene una cartera de guerra que se llama “Ministerio de Paz”. En esa sociedad, la autoridad de imponer el orden y el rigor de la ley era el “Ministerio del Amor”. Los asuntos económicos dependían del “Ministerio de la Abundancia”. Y de las noticias (y de la educación, los espectáculos y las artes) se encargaba el “Ministerio de la Verdad”. No había lenguaje inclusivo, pero sí “neolengua”: se llamaban “Minipax”, “Minimor”, “Minindancia” y “Miniver”.

En la Argentina real, donde los dichos de Alberto Fernández en 2015 (“Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán sólo buscó encubrir a los acusados”) en realidad significan lo que él afirmó en julio pasado (“Cuando se buscó un acuerdo, que yo critiqué mucho, en el fondo fue un intento de destrabar y encontrar una solución”), un observatorio del Gobierno nacional se encargará de dar certeza de lo que publica el periodismo. En lengua “K”, “Nodio”.

Porque la guerra es la paz.

La libertad es la esclavitud.

Y la ignorancia es la fuerza.