Si fuera aprobado, Uber debería pagar varias cargas

El desembarco sin pausa de Uber en Tucumán, más específicamente en la Capital, ya genera múltiples controversias que envuelven a la Municipalidad y a las asociaciones de taxistas. Ayer, trabajadores del sector volvieron a protestar en contra del funcionamiento local de la plataforma internacional de traslados. Sin proyectos concretos aún sobre la mesa, funcionarios de la Intendencia y del Concejo Deliberante coincidieron hace dos semanas en la necesidad de crear un marco regulatorio para la aplicación. Y, en medio de los múltiples análisis, la cuestión tributaria toma un protagonismo especial.

Justamente, uno de los principales reclamos de los taxistas es que los choferes de Uber no pagarían una serie de obligaciones que ellos sí abonan, como el canon mensual, las inspecciones y la renovación de licencias. “Es ilegal y no es una competencia sana. Uber no paga impuestos a los gobiernos municipales, provinciales ni al nacional”, denunció ayer Antonio Rodríguez, referente de la Asociación de Trabajadores Involucrados en las Actividades Taximetreras (Atiat).

Claudio Viña, secretario de Ingresos Municipales de la Capital, explicó que la plataforma debería contribuir al fisco como un servicio si alguna vez fuera aprobada por ordenanza en el Concejo o por ley en la Legislatura provincial. “Sólo después de ese paso sería legal. Si no, actuaría por fuera del sistema”, anticipó con recaudo -y sin dar previsiones- antes de explayarse. “En caso de ser un servicio autorizado, tendría un canon que sería cuantificado según el número de unidades en funcionamiento, entre otras tributaciones que impactarían en las arcas municipales”, continuó.

Traslado de paquetes

En junio, la compañía de la polémica anunció que lanzaría en Tucumán Uber Flash, un servicio que permite movilizar productos por medio de la aplicación. Si bien aclararon -por aquel entonces- que aún no avanzarían hacia el traslado de personas, en varios sectores consideran que se trató de una prueba piloto cuyo fin fue crear una estructura en la provincia que permita, luego, cumplir el propósito original: coordinar viajes, con tarifas preestablecidas, entre choferes y usuarios.

“Si fuera sólo el servicio de cadetería, necesitarían la autorización como empresa de transporte, y no de personas. Deberían pagar el TEM (Tributo Económico Municipal) por generar ingresos en la ciudad. También un tributo por el uso de la vía pública y, en caso de exhibir logos comerciales, el de publicidad y propaganda”, profundizó Viña. Esos tributos son los que el Gobierno de Germán Alfaro exige -aún sin éxito- a las grandes aplicaciones de delivery que operan desde hace años en San Miguel de Tucumán.

“Nos interesa la formalización y la legalidad de los trabajadores de estas empresas. El Estado municipal busca su inscripción para darle más herramientas porque no tienen un gerente o un jefe a quien acudir”, dijo el secretario de Ingresos Municipales.

Se estima que unas 60.000 personas ya han descargado Uber en Tucumán. Además de Flash, la plataforma presentó hace unas semanas en la Capital sus alternativas Essential y Medics. A diferencia de la primera, estas sí pretenden ser opciones de movilidad -para trabajadores considerados esenciales y el personal de la salud-. Mientras, los taxistas insisten en que son servicios ilegales.