Se insiste en que no se habla de política, en que la concentración está puesta en la pandemia, en que algunos operadores -incluidos los medios- son los que instalan disputas, encuentros y conversaciones sobre cuestiones electorales y en que se impone la necesidad de gestionar la triple crisis que acorrala a los argentinos (económica, social y sanitaria). Sin embargo, los dirigentes sí hablan y actúan pensando en los posicionamientos políticos.
Las idas y vueltas del lunes respecto de la supuesta vuelta al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) es una muestra de ello. Más allá del debate -estéril por cierto- de si ese ASPO significaba regreso a fase 1 o fase 2 de la cuarentena en San Miguel de Tucumán, lo que quedó en evidencia es que el gobernador habría actuado por mero impulso político. El Presidente había mandado a tomar esa condición a una serie de distritos por 14 días, entre ellos el de la capital tucumana y el del Gran Mendoza. Rodolfo Suárez, gobernador de esa provincia, inmediatamente dijo no. La orden no se acataría en la capital mendocina y sus alrededores.
El desaire, en lo político, era duro para Alberto Fernández e inmediatamente Juan Manzur salió, a nivel nacional, a confirmar que San Miguel de Tucumán sí acataría el decreto presidencial. Menos de 12 horas después dio marcha atrás. O al menos intentó morigerar la cuestión con artilugios legales tales como que el ASPO si tiene vigencia en la capital tucumana y se cumple, pero con excepciones diversas como bares con mesas afueras, gimnasios con poca gente y comercios con horarios restringidos. En pocas palabras, un ASPO con tantas salvedades en su aplicación que no llega ni a cumplir la “A” de lo que la sigla significa.
Manzur pagó un costo político por esa decisión, de cara a algunos aliados circunstanciales ante la pandemia y de frente a la sociedad desconcertada que maldecía en arameo por las calles y en las redes sociales ante las idas y vueltas.
Puntualmente, el mandatario provocó un cortocircuito con Germán Alfaro, con quien venía teniendo charlas asiduas y en buenos términos. El intendente venía siendo un compañero eventual en esta era pandémica que le servía por motivos diversos, entre ellos para el control del humor social ante la cuarentena y hasta para hacer preocupar a su propia tropa, que no disimula sus celos y nerviosismo ante la buena onda entre ambos líderes.
Alfaro, según confirmó su secretario de Gobierno, Rodolfo Ocaranza, nada sabía de esa vuelta al ASPO. Esta vez Manzur no habló con el intendente para ver cómo se aplicaba la medida en su municipio. El jefe municipal, de hecho, se enteró por LA GACETA. Desde el lunes y al menos hasta anoche no habría habido ni un llamado telefónico entre ambos. Tampoco declaraciones públicas de ninguno para reclamar o pedir explicaciones o lo que sea. Nada.
Sin embargo, sí salieron varios manzuristas a disparar con munición gruesa al cuerpo de Alfaro. Gerónimo Vargas Aignasse y José Luis Coronel dieron el puntapié inicial (luego se sumaron otros ediles). También varios intendentes del Gran San Miguel de Tucumán. Todos apuntaron a lo mismo: Nada hizo Alfaro en la ciudad para luchar contra el virus.
Lo curioso del caso es que salieron a apuntar contra el intendente después de que el Poder Ejecutivo que comanda su líder Manzur dispusiera primero endurecer las medidas de restricción de circulación y luego dejarlas tal cual como estaban hasta el lunes. ¿Qué sucedió en el medio? ¿Quién pidió u ordenó que era momento de “atacar” al jefe municipal, a quien podría haberse cuestionado por los mismos motivos desde hace tiempo?
Algunos hombres que charlan asiduamente con el intendente aseguran que no sería cosa del gobernador, sino de algunos dirigentes de la propia Casa de Gobierno interesados en dos cuestiones: que Alfaro salga a contestar y se pelee con Manzur; y que el intendente se vea obligado a tomar alguna medida de restricción y que pague él y no el Poder Ejecutivo el costo de la medida. “Yo no estoy peleado con el gobernador”, se habría oído afirmar al intendente.
Más curiosa aún es la postura de los concejales afines a la Casa de Gobierno que pidieron informes al intendente sobre qué hizo con los fondos destinados a la pandemia. En el punto tres de la solicitud, lo invitaron a “informar cómo se aplicaron los U$S 500.000 que fueron destinados por el Estado nacional para fortalecer el sistema sanitario del municipio capitalino, en el marco de la pandemia”. En la Intendencia juran que desde 7 julio esperan ese dinero y que no llegó un peso. Es más, afirman que Manzur lo sabe porque habría charlado sobre ello con Alfaro. Suena extraño, especulan en el municipio, que la orden de pedir datos sobre ello haya surgido de la Casa de Gobierno. Les habrían evitado a los ediles el papelón de preguntar por algo que el propio Ejecutivo al que responden sabe que nunca estuvo disponible.
Habrá que ver qué sucede ahora en la relación entre el municipio y la provincia y si efectivamente Manzur y Alfaro persisten en la senda del silencio sin ataques. Apenas pasaron un par de semanas de la disputa entre el gobernador y su vice (y varios legisladores) por las tarifas. También cundió en ese entuerto el interés político en medir fuerzas. Chiquitaje, una especie de retroceso a fase 1 de la dirigencia en tiempos en que se anhelan muestras de grandeza.