Tensión

La pandemia paró a quienes toman las decisiones en el país en uno de los sitios más críticos de las últimas décadas. La gestión de la crisis desafía todos los días a los gobernantes y los pone en la mira de la sociedad. Las medidas de distinto tipo que se toman -y las que no- impactan de manera directa en casi la totalidad de la población. A más de 200 días del inicio de las limitaciones relacionadas con la cuarentena, los Gobiernos nacional, provincial y municipal atraviesan el peor momento en cuanto a la situación sanitaria y social en general y a los cuestionamientos políticos.

La decisión de la vuelta al aislamiento social en el departamento de Capital, que concentra la mitad de los contagios locales, fue tomada por la Nación y acatada por la Provincia. Aunque venía en análisis, la novedad llegó a la Casa de Gobierno el domingo a la noche. Aparentemente, el que no fue consultado ni notificado con tiempo fue el Municipio de San Miguel de Tucumán. Las autoridades se habrían enterado por LA GACETA.

La situación es curiosa teniendo en cuenta que la relación de la Ciudad con la Provincia venía en buenos términos desde hace meses, cuando el gobernador, Juan Manzur, y el intendente, Germán Alfaro, iniciaron una tregua. La necesidad económica de la Municipalidad fue el motivo principal del acercamiento y del cese de hostilidades. Los gestos de acercamiento se multiplicaron desde entonces y con Alfaro a la cabeza, la dirigencia municipal bajó sustancialmente el tono crítico en relación al oficialismo provincial. ¿Qué pasará ahora?

Los vínculos que sí venían con sobresaltos son los del líder del Partido por la Justicia Social (PJS) con alguno de sus pares vecinos. El enorme incremento de contagios en la Ciudad repercutió en todo el conglomerado del Gran San Miguel, por el vínculo natural entre las jurisdicciones. Los jefes municipales de la Banda del Río Salí, Darío Monteros; de Tafí Viejo, Javier Noguera, y de Las Talitas, Carlos Najar, venían pidiendo más controles y medidas urgentes a la Capital. Estos representantes habían limitado los accesos y restringido algunas actividades. No se pusieron de acuerdo ni con la intervención del Comité Operativo de Emergencia (COE). El organismo pautó el paso entre jurisdicciones por horarios (hasta las 18 de lunes a viernes y hasta las 15 los fines de semana). Alfaro se resistía a aplicar límites a actividades comerciales y económicas. De hecho lanzó que no había sido electo en el cargo para ver cómo cerraban emprendimientos en su jurisdicción.

Los nuevos anuncios ponen en vilo a las actividades económicas que recién se estaban intentando acomodar a esta nueva realidad. Sucede que el recrudecimiento de los contagios se da con la economía devastada. Esta es precisamente una de las preocupaciones de quienes gobiernan.

En cuanto al sector público, a la Provincia le desvela el pago de salarios. La posibilidad de conseguir los recursos se convirtió en una quimera mensual. Las arcas nacionales vienen dando auxilio por gestión del gobernador Manzur, que viaja con ese objetivo. Manzur, que cuenta con muy buena relación con el presidente, Alberto Fernández, lleva a Buenos Aires una agenda con una ristra de asuntos pendientes cuya resolución implicaría la llegada de más recursos.

Un agravante que se sumó recientemente fue la posibilidad de que no haya un cuarto pago del bono IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) de la Anses, que implican $ 10.000 para 350.000 tucumanos. La Nación evalúa, sin embargo, alguna alternativa para suplirlo y no dejar desprotegidos a la porción de beneficiarios que no reciben otra contención por parte del Estado nacional.

En el sector privado, las pymes acusaron el golpe más fuerte. La mayoría está en una situación sumamente crítica o bajó sus persianas. De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el país son 60.000 las que están en este estadío. Las asistencias estatales no fueron suficientes y no todos pudieron acceder a ellas.

Por otro lado y en el centro están los sectores más vulnerados. Como ha sucedido históricamente, se llevan la peor parte. La pandemia y la recesión derivaron en los aumentos de la desocupación (10,40%), del empleo en negro (45%) y de la pobreza (41,5%) en la provincia.

La tensión entre priorizar salud o economía marcó en Tucumán las discusiones sociales y políticas sobre la pertinencia de las restricciones. Las flexibilizaciones y cierres fueron dando respiro y ahogando a determinadas actividades. Hay otras que están cerradas desde el comienzo de la pandemia. La pregunta ahora es ¿cómo repercutirán las nuevas disposiciones?