Según el abogado defensor de Pedicone, Jaldo ha vuelto a "extralimitarse en sus funciones"

El caso “Leiva-Pedicone” generó hoy nuevas repercusiones. Y esta vez, las derivaciones se presentaron en torno del pedido del juez de Impugnación, Enrique Pedicone. La defensa del denunciante del vocal de la Corte Suprema de Justicia (CSJT), Daniel Leiva, ratificó la intención de responder los siete pedidos de destitución que enfrenta en una audiencia oral y pública, y apuntó contra el vicegobernador, Osvaldo Jaldo.

"Pedicone no le pide a la Comisión de Juicio Político que viole la ley, sino que la aplique de conformidad a los estándares convencionales. Por supuesto que nuestra presentación en cuanto a que las audiencias sean orales y públicas exige la participación  de las supuestas víctimas y nuestra posición es coherente con la que sostenemos en la causa Leiva. Queremos participar y que participen todas las víctimas  e interesados en audiencia orales públicas”, manifestó Arnaldo Ahumada, quien junto con Fernanda Battig representan al ex camarista.

Con ello, el abogado le respondió a la vez al presidente de la Legislatura, quien había rechazado personalmente la petición del magistrado de realizar este proceso. “La comisión de Juicio Político va a seguir funcionando con independencia, ajustada a la Constitución provincial, a las leyes y al Reglamento de la Cámara. Y no por el pedido de un juez licenciado vamos a violar ninguna de las normas antes mencionada”, había marcado el vicegobernador. “La Ley 8.734, en su artículo 27, tiene claro el procedimiento y un magistrado no puede pedir que se viole esa ley”, había enfatizó. De acuerdo a la norma, la respuesta del acusado debe ser por escrito.

Ante ello, Ahumada dijo que el titular de la Legislatura había vuelto a "extralimitarse en sus funciones”. “Lo que no sabe el contador Jaldo es que la propia constitución provincial que dice defender, en su artículo 24, otorga categoría de leyes aplicables y operativas a los tratados y convenciones internacionales que avalan nuestra posición”, señaló.

“La ley de enjuiciamiento, al ser sancionada, no respondía a estos mandatos y por eso debe interpretarse en el marco del artículo 24 de la Constitución provincial. Esa ley se sancionó así para que siga reinando el obscurantismo que sólo beneficia a los poderosos. Todas las audiencias deben ser orales y públicas, con participación esencial de las víctimas, los interesados y los medios de comunicación. Vuelve Jaldo a extralimitarse en sus funciones y, siendo miembro del Ejecutivo, sale a marcarles la cancha a los legisladores. Una patoteada más, y van…” añadió el defensor.