NEGATIVA TAJANTE “No por el pedido de un juez licenciado vamos a violar las leyes”, contestó el vicegobernador al planteo del juez de Impugnación. ARCHIVO
La pretensión del juez de Impugnación Enrique Pedicone de efectuar su descargo a los siete pedidos de destitución de los que le corrió traslado la Legislatura todavía no ha sido contestada por la comisión de Juicio Político, pero acaba de recibir un “no” rotundo por parte del vicegobernador Osvaldo Jaldo.
“La comisión de Juicio Político va a seguir funcionando con independencia, ajustada a la Constitución provincial, a las leyes y al Reglamento de la Cámara. Y no por el pedido de un juez licenciado vamos a violar ninguna de las normas antes mencionada”, manifestó el presidente de la Legislatura a LA GACETA.
“La Ley 8.734, en su artículo 27, tiene claro el procedimiento y un magistrado no puede pedir que se viole esa ley”, machacó Jaldo. Esa norma, aprobada en octubre de 2014, regula el proceso que siguen los pedidos de remoción ante la comisión de Juicio Político y ante el Jurado de Enjuiciamiento de los miembros del Poder Judicial que no están sometidos al proceso de destitución ante el Tribunal de la Legislatura. A partir de la reforma constitucional de 2006, los parlamentarios sólo juzgan, en lo referidos a la Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, al ministro fiscal y al ministro de la defensa.
Según el artículo 26, una vez que la comisión de Juicio Político ha admitido un planteo (en contra de Pedicone, el lunes 5 fueron acogidos siete expedientes), se corre traslado al acusado, que tiene 15 días hábiles de plazo para contestar. En este caso, ese plazo expira el próximo jueves 29.
En el artículo que menciona el vicegobernador, el 27, se ha establecido cómo debe ser la respuesta del acusado: es por escrito.
“La contestación deberá presentarse en papel simple, con o sin patrocinio letrado y deberá contener: 1) El descargo del acusado respecto de todas y cada una de las imputaciones realizadas. 2) El ofrecimiento de la prueba, nombre, apellido, profesión y domicilio de los testigos que se propongan y los documentos cuya compulsa se considere necesaria, precisando, si no obran en su poder, el lugar donde se encuentren. 3) La constitución del domicilio legal en la ciudad de San Miguel de Tucumán”.
“Si el juez quiere algunas audiencias públicas, las tendría que hacer con los familiares de las víctimas que han sido productos de las excarcelaciones que él ha producido. Esos familiares hoy están sufriendo. Y de las excarcelaciones que el concedió impunemente a delincuentes, asesinos, golpeadores y violadores, el magistrado todavía no ha dado explicaciones”, bramó Jaldo.
Mensaje interno
El 1 de septiembre, Pedicone denunció en el Ministerio Público Fiscal que el vocal de la Corte Daniel Leiva, presuntamente, le solicitó que “maneje la intensidad” de la causa contra Ricardo Bussi por supuesto abuso sexual y corrupción, según el opositor fuese más o menos funcional al oficialismo. Sostiene que grabó al miembro del alto tribunal cuando le formulaba este pedido en nombre de Jaldo y del gobernador Juan Manzur. Los audios fueron publicados por LA GACETA.
Leiva negó que haya existido tal diálogo y sostuvo que los audios de Pedicone son “armados y editados”. A la vez, aseveró que el juez intenta desviar la atención del hecho de que, presuntamente, actuó sin competencia en una causa; y de que, supuestamente, ordenó el cese de prisión preventiva en favor de más de un centenar de procesados por delitos graves, en menos de un año.
A partir de estas denuncias y contradenuncias se plantearon siete pedidos de destitución contra Pedicone y seis contra Leiva. El primer lunes de este mes, la comisión de Juicio Político, compuesta por nueve legisladores de la bancada oficialista y tres de otros bloques, archivó todos los expedientes contra Leiva y admitió todos los planteos contra Pedicone.
“Hoy, las instituciones se encuentran en pleno funcionamiento en Tucumán, con lo cual todos debemos respetar el funcionamiento del Poder Judicial, del Ejecutivo y del Legislativo”, reclamó Jaldo durante su diálogo de ayer con este diario.
“La comisión de Juicio político viene obrando ajustadamente a la Constitución provincial, a las leyes vigentes y al Reglamento de la Cámara -insistió-. Y los integrantes de la comisión de juicio político de nuestra bancada tienen el 100% del apoyo del bloque oficialista respecto de la tarea que vienen desarrollando”.
En LA GACETA del sábado, los presidentes de los ocho bloques legislativos expusieron sus valoraciones sobre la decisión de la comisión de Juicio Político. Sara Alperovich se excusó de opinar porque integra el Jurado de Enjuiciamiento (si se formula acusación contra Pedicone, el Jury deberá juzgarlo) y Eduardo Bourlé manifestó que no había asistido a la deliberación del órgano legislagivo. Pero Bussi, Raúl Albarracín, José Ascárate, José María Canelada y Federico Masso fueron críticos de la decisión de admitir todos los planteos contra Pedicone y ninguno contra Leiva. “Personalmente, opino que la decisión no ha caído bien en el seno de la comunidad”, manifestó Roque Álvarez, titular de la bancada oficial.
“La comisión de Juicio Político es la única de las comisiones permanentes que tiene acuerdo de la Legislatura: su composición se vota en el recinto y la actual conformación ha sido aprobada por unanimidad. Así que oficialistas y los opositores que integran esa comisión fueron votados por la totalidad de los 49 miembros de la Legislatura”, recordó el titular del Poder Legislativo.
“Respetamos totalmente las opiniones, dentro del marco de la democracia, que expresan los diferentes bloques. En lo que no coincidimos es en el arrugamiento”, concluyó el vicegobernador.
