12 Octubre 2020
La semana pasada, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través del subsecretario de Tránsito y Transporte, Enrique Romero, anunció que había comenzado a secuestrar monopatines eléctricos en la ciudad y que lo seguiría haciendo en los casos en los que los usuarios no contaran con la licencia de conducir correspondiente, entre otros requisitos que fueron anunciados en un programa de televisión, y no por la vías institucionales destinadas a esos fines. El argumento legal de la disposición fue el decreto 26/19, que modifica la Ley Nacional de Tránsito para incorporar ciclomotores y motocicletas con motores eléctricos. La Municipalidad entendió que los monopatines entran en esa categoría y, por lo tanto, consideró que puede exigirles la licencia.
Usuarios y expertos en seguridad vial consideraron desproporcionada la medida de proceder al secuestro de esos vehículos sin antes promover una regulación local para su uso, como lo hicieron en varias ciudades del mundo, entre ellas Buenos Aires. La capital argentina, por caso, modificó su Código de Tránsito para contemplar estos nuevos modos de movilidad urbana, que ya son parte del paisaje de las ciudades y que, bien utilizados, acarrean beneficios para los usuarios y para la propia circulación dentro de la ciudad. Es lo que ha sucedido en las principales metrópolis del mundo, cada una adecuando el uso a sus propias necesidades y características.
En Buenos Aires se exige a los usuarios de monopatines eléctricos que utilicen siempre casco, que transiten por zonas específicas como son las ciclovías (una gran deuda en una ciudad de tránsito colapsado como la nuestra) y que incorporen elementos de seguridad para proteger a los propios usuarios y al resto de los ciudadanos, como luces delanteras y traseras, frenos en ambas ruedas y timbre para alertar a los transeúntes, entre otros.
La necesidad de una regulación específica para estos dispositivos de movilidad personal surge de sus particularidades, que los separan de las motocicletas u otros vehículos tradicionales. Una de esas singularidades es que, hasta el momento, los monopatines no se registran, por lo tanto, durante un control sería virtualmente imposible comprobar si el vehículo en cuestión se corresponde, según sus características, a la clase de licencia de conducir que se exige. Por otro lado, los usuarios argumentaron que medidas como el secuestro del vehículo desalientan el uso de esta clase de movilidad que, como tendencia, se promueve en las principales ciudades porque son económicos, livianos y descomprimen el transporte público.
En la edición del viernes de LA GACETA se informó que dos proyectos de concejales oficialistas buscan regular el uso de monopatines eléctricos y otros dispositivos de movilidad personal. Consideramos que el de las regulaciones particulares es el mejor camino para organizar el caótico tránsito tucumano, siempre con el objetivo de optimizar la circulación y la seguridad en la vía pública. Por último, sería esperable que las instituciones, en este caso la Municipalidad, despliegue normas que sean coherentes con los objetivos que ella misma viene planteando, como lo es el desalentar los vehículos particulares y fomentar, en cambio, la movilidad limpia y alternativa.
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